Sebastian Martínez Méndez

Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Sebastian Martínez Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de treinta de septiembre del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 882/2021-F. Ahora, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. El artículo y fracción invocados, establece la improcedencia del juicio de amparo que se intente, en lo que interesa, contra las resoluciones dictadas en ejecución de una determinación emitida en un juicio de amparo, las cuales no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello provocaría inseguridad jurídica a través de amparos interminables. La razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos obedece entre otras, a evitar que una cuestión ya debatida y resuelta sea controvertida, atentando contra la naturaleza de la cosa juzgada, produciendo incertidumbre jurídica por desencadenar una serie de juicios de amparo sobre una cuestión concluida. Luego, la mera interpretación literal del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia, nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal, que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción, pues puede impugnarse mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el sentido del fallo del cual proviene. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria y, en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. No obstante, también puede generarse un tercer supuesto, consistente en que dichos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos de la sentencia de que se trate. En ese contexto, y a efecto de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, de una lectura íntegra de la demanda, se advierte que previo a la promoción del sumario constitucional que nos ocupa, el quejoso promovió un diverso juicio de amparo, del cual conoció el suscrito con el número de expediente ***, del registro de este juzgado federal. En ese contexto, de dicho juicio de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de control de detención de diecinueve de febrero del año en curso, emitida dentro de la causa judicial *** del registro del Juzgado Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, que calificó de legal su detención. Seguida la secuela procesal, el nueve de junio de dos mil veintiuno se dictó la sentencia respectiva, cuyo único punto resolutivo estableció lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en términos del considerando sexto de esta sentencia." Inconforme con la anterior determinación, ***, en su carácter de autorizado por la parte quejosa en términos amplios interpuso recurso de revisión, del cual conoció Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, y radicó con el número de recurso de revisión *** el cual fue resuelto mediante ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado a la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, consistente en la resolución del control de la detención dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno en la causa judicial ***". En ese sentido, de dicha ejecutoria se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que a continuación se transcriben: "En mérito de lo anterior, al resultar en parte fundados los motivos de inconformidad, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la audiencia inicial, únicamente por lo que respecta al imputado *** y, previa citación legal de las partes, la desahogue nuevamente para que en la fase del control de la detención: 1. Considere que la detención por flagrancia delictiva del imputado ***, en relación con los hechos posiblemente constitutivos del delito de daños, no reúne el requisito de procedibilidad de la querella de parte agraviada, conforme a lo determinado en esta ejecutoria, única y exclusivamente por los hechos con apariencia del referido ilícito. 2. Reitere que, en relación con los hechos posiblemente constitutivos del delito de cohecho, sí se actualiza la figura de flagrancia delictiva prevista en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales.". En esa tesitura y a efecto de dar cumplimiento al fallo constitucional, la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante resolución de veinticuatro del mes en curso, dictada en la aludida causa judicial ***, informó, que se señalaron las doce horas del uno de octubre del año dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia inicial. Posteriormente, dicha autoridad responsable mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre del año en curso, hizo del conocimiento del suscrito que en la causa judicial ***, señaló las doce horas del uno de octubre del año dos mil veintiuno, para el desahogo de una nueva audiencia inicial; lo anterior a fin de garantizar la salud del indiciado , misma que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, de los anteriores antecedentes se advierte que, en el caso, como quedó expuesto al inicio de este considerando, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las cuestiones que se plantean en el presente juicio fueron objeto de una decisión directa y definitiva en un sumario constitucional anterior, y que constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata. En efecto, en el caso la parte quejosa enderezó sus conceptos de violación, con la finalidad de combatir el desahogo de una nueva audiencia inicial señalada dentro de la causa judicial ***, para el uno de octubre de la presente anualidad. No obstante, tal circunstancia es materia de concesión del amparo en el referido juicio constitucional *** del registro de este juzgado federal, promovido por el nombrado quejoso, en términos de lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito dentro del recurso de revisión ***. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una diversa ejecutoria, lo que quiere decir que el sentido de la determinación adoptada por la autoridad responsable obedeció a los lineamientos trazados en la resolución federal promovida previamente, y no a consideraciones propias; de ahí la imposibilidad jurídica de cuestionar esa decisión mediante un nuevo juicio de amparo, pues contravendría el principio de cosa juzgada. Por tanto, el acto que aquí pretende reclamar el quejoso, no puede ser materia de análisis en un nuevo juicio de amparo, porque alteraría el principio de cosa juzgada al someter a examen constitucional una decisión emitida previamente. Por lo anterior, es dable concluir que el acto reclamado en el presente asunto se emitió siguiendo únicamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria citada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda. Por otra parte, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, *** y *** dado que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas que refiere en su escrito de demanda, por así expresarlo el promovente. En términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalados el correo electrónico ***, y el teléfono ***, a efecto de que, por ese medio, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen de por lista. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio, dada la urgencia del caso debido a la naturaleza de los actos reclamados. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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