Sebastián García Moreno

Expediente 2499/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2499/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Sebastián García Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, de conformidad con lo establecido por el precepto 214 de la ley en la materia. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la comparecencia de veinticuatro de febrero del año en curso, dentro del expediente laboral *********** de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad responsable señaló las nueve horas del seis de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente ********** En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copias certificadas del expediente laboral ********** de su índice, se advierte lo siguiente: El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron a las partes actora y demandada celebrando el convenio correspondiente, en los términos por ellos expresados, fijando las diez horas del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete para la ratificación y cumplimentación del convenio. Mediante comparecencia de veinticuatro de febrero del año en curso, dentro del expediente laboral ********** de su índice, las partes ratificaron el convenio exhibido del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, y la secretaria de la junta responsable certificó la entrega y recibo por parte del actor del cheque exhibido por la demandada y como lo solicitaron las partes, se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. En ese contexto, se advierte que en el presente asunto sobrevino un cambio de situación jurídica en razón de que el acto reclamado, que se hizo consistir en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad responsable señaló las nueve horas del seis de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente ********* ya no puede ser atendido, debido a que se ordenó el archivo del juicio laboral por total y definitivamente concluido. Es así, ya que la situación jurídica de la impetrante del amparo ahora se rige por el acuerdo en que el Presidente del órgano señalado como responsable decretó la prescripción de la instancia en el procedimiento de ejecución, por lo cual, ya no puede analizarse en el amparo sobre la dilación señalada como acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la decisión que decretó el archivo definitivo del expediente laboral. Ello se considera así, pues de proceder al estudio de la dilación que se reclama se estaría desconociendo la nueva situación jurídica que rige en el juicio laboral, lo cual no es permisible en la técnica del juicio de amparo. Además, ello permite que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la autoridad señalada como responsable, ya que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquéllos para dejarlos sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Tiene aplicación por identidad, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, pagina 219, registro electrónico 199808, que a la letra establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De igual manera, resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis VI.T.55 L, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, pagina 1475, registro electrónico 178635, que al rubro establece: "REPOSICIÓN DE AUTOS. ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE PONE FIN. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de garantías indirecto se reclama la resolución incidental que decide sobre la reposición de los autos extraviados, si en el propio procedimiento laboral de donde emana tal interlocutoria, la autoridad responsable dicta el laudo con el que concluye el juicio, ya que en este caso opera un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el pronunciamiento del laudo, lo que actualiza la causal de improcedencia de mérito". En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación la existencia de la tesis aislada de rubro: "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN.", sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con datos de identificación siguientes: Novena Época, Registro: 178191, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Tesis: III.2o.T.157 L, Página: 811. Ello, porque dicha tesis fue superada por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 219/2006 en que contendió la antes citada y se determinó que debía prevalecer la que a continuación se transcribe: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". Ahora bien, de la lectura a la tesis anterior se colige que la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica no puede actualizarse cuando se trate de la dilación durante la tramitación del juicio laboral, sin que se haya dictado el laudo correspondiente, al considerar que el procedimiento del juicio está integrado por diversas etapas concatenadas y, por ende, las violaciones cometidas en una, afectan la siguiente. Dicho supuesto no acontece en la presente litis constitucional, pues en el caso, las dilaciones que se reclaman sucedieron en la etapa de ejecución de laudo, procedimiento diverso al que se trata en la ejecutoria, ya que se reclamó la tardanza en dar cumplimiento al laudo, que se caracteriza por ser un procedimiento que requiere impulso procesal. Asimismo, en el caso, el acto que permitió surgiera el cambio de situación jurídica no puede considerarse una etapa lógica y subsecuente en el procedimiento de ejecución, ya que la declaración de prescripción surge como una sanción a las partes ante la inactividad y prosecución judicial necesaria en la tramitación. Además, otra diferencia existente entre el caso que se analiza, con el tratado en la jurisprudencia citada, es que con el decreto de prescripción dictado cambió el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, pues una consecuencia de esa determinación fue ordenar el archivo definitivo del expediente laboral. En esas condiciones, al sobrevenir la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo se obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, informe si las partes en el juicio laboral de origen comparecieron a ratificar y cumplimentar el convenio que exhibieron, para lo cual señaló las diez horas del veintisiete de febrero del presente año; o bien cual fue el trámite realizado, con el apercibimiento de no informar dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia 17/1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueva de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite copia certificada del expediente laboral ***** de su índice, dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con su contenido a las partes para su conocimiento. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano