Sebastián Collazo Díaz
Expediente 1757/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 49 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1757/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Sebastián Collazo Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento 477/2018 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual solicita copia de la sentencia dictada en autos y del acuerdo en que se ordenó el archivo definitivo de este asunto. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias simples que solicita. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidos los autos con oficio y anexo que acompaña, de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa a la comunicación de cuenta, se advierte que el tribunal de alzada declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la tercera interesada Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en esta ciudad, contra el auto de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 476 a 480), por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase al archivo este juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, por medio del cual informa que no fue posible notificar a la parte quejosa ********* el proveído de catorce de noviembre de este año, dictado en los autos de la inconformidad ********* de su índice y solicita se ordene al actuario adscrito a este Juzgado, realizar la referida notificación por lista fijada en los estrados. En consecuencia, como lo solicita el tribunal de alzada, notifíquese al quejoso ********** por lista de acuerdos, el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la inconformidad ********* Una vez hecho lo anterior, remítase la constancia de notificación correspondiente. Notifíquese por lista el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete dictado por el tribunal de alzada en los autos de la inconformidad ********* Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Martín Alfonso Martínez Molina, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos y las manifestaciones formuladas por la tercera interesada Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Se precisa que por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 366 y 367), se agregó a los autos el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión *********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que el tribunal de alzada confirmó la sentencia en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "a) Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso **********; b). Asimismo, por sí o mediante exhorto dirigido al Juez de Control Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de acuerdo a como lo estipule la codificación que lo preside, deberá citar de nueva cuenta para la celebración de audiencia de vinculación al proceso, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso **********, en la que deberá fundamentar y motivar adecuadamente el aspecto relativo a la conducta desplegada por el imputado en la comisión o participación en su comisión del hecho del hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial colectiva del Estado, sin perjuicio de que pueda considerar si en la especie, se actualiza un ilícito distinto al atribuido al peticionario, quedando en esa parte con libertad de jurisdicción, como se ha indicado en esta sentencia; c). Al tocar lo relativo a la probabilidad de que el quejoso cometió o participó en el delito en estudio, el Juez responsable deberá precisar con exactitud con qué dato de prueba acredita la identidad del peticionario de amparo en la comisión o participación del hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial colectiva del Estado, justificando con base a los datos de prueba que previamente otorgue valor, cómo se evidencia el nexo entre el activo y los hechos que le incrimina, debiendo igualmente, justificar su argumento a modo que sea coherente en su narrativa, sin tomar en cuenta claro, datos que obren en la competencia de investigación y que no hayan sido incorporados por el fiscal del Ministerio Público. d). Con plenitud de jurisdicción, dicte nueva resolución que puede ser en igual sentido que la anterior o, en sentido diverso, pero deberá purgar los vicios formales señalados en el cuerpo de la presente sentencia, respetando, en todo momento los derechos fundamentales del quejoso. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para decretar un auto de no vinculación a proceso por falta de elementos para procesar al aquí quejoso, ya ello dependerá de la justipreciación que haga el juez respecto de los datos de prueba (idoneidad, pertinencia, indicios razonables); debiendo citar los preceptos legales aplicables al caso, indicando en concreto qué valor probatorio confiere a los datos probatorios, señalando además su alcance probatorio y cómo es que actúa en función de los hechos, es decir, cómo inciden en la esfera jurídica del aquí quejoso y cómo se justifica la relación entre los hechos y la probable partición del activo en su comisión; una vez realizado ello, determine lo que en derecho corresponda. **** Concesión amparatoria, la que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director y Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa Chiapas, por no reclamarse dichos actos por vicios propios". En ese sentido, se le requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Región Dos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Posteriormente, mediante proveído de tres de octubre de este año (foja 450), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en la que se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso **********, por el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial colectiva del Estado; asimismo, señaló las doce horas del nueve de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso (fojas 429 a 434). Además, con libertad de jurisdicción, mediante resolución de nueve de septiembre de dos mil diecisiete, una vez analizado los datos de prueba, valorados de manera libre y lógica, y con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los mismos, en términos de los artículos 259, 261 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que con los datos de prueba y de la forma en que fueron referidos no eran suficientes para que pueda establecer que se acredita la participación o intervención del imputado en ese hecho, recalcando sin que ello implique o se entienda que no se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pues en este caso, no logró establecer de estos datos de prueba que obran en la carpeta de investigación cuál es la participación concreta del imputado. Atento a lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, al considerar que no se acredita la participación o intervención del imputado en ese hecho, presupuesto imprescindible para la existencia de su probable autoría o participación. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción, resolvió dictar auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso ***************, es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que obste a lo anterior, las diversas manifestaciones que realizó la tercera interesada Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en esta ciudad, en relación con el cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector (fojas 454 a 459), toda vez que este juzgador no advierte que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Además, se destaca que a la responsable se le dejó plenitud de jurisdicción para que, una vez subsanadas las violaciones formales, al tocar lo relativo a la probabilidad de que el quejoso cometió o participó en el delito en estudio, precisara con exactitud con qué dato de prueba acredita la identidad del peticionario de amparo en la comisión o participación del hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial colectiva del Estado, justificando con base a los datos de prueba que previamente otorgue valor, cómo se evidencia el nexo entre el activo y los hechos que le incrimina; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues se le dejó libertad de jurisdicción para emitir la resolución y con esa libertad estableció que los datos de prueba no eran suficientes para acreditar la participación o intervención del quejoso. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 76/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 605, registro electrónico 2008030, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo". En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez de Control Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Dos, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las copias certificadas de los expedientes ********, en un tomo y ********, en un tomo, que remitieron en apoyo a sus informe justificado. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y mediante oficios a las autoridades responsables.
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