Sayra Alejandra Ortíz Beltrán
Expediente 1017/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sayra Alejandra Ortíz Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1017/2023-V-B, promovido por Sayra Alejandra Ortiz Beltrán, en contra de los actos que reclama de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día veintiocho de junio siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció Sayra Alejandra Ortiz Beltrán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y registrador adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1017/2023-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: El embargo del predio ciento quince, letra "A", de la calle veintiuno, del municipio de Ticul, Yucatán y todas sus consecuencias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y registrador adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente, es cierto el acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, no obstante lo hubiese negado al rendir su informe, pues dado su carácter de autoridad ejecutora, basta con que la ordenadora indique que esta se cumpla para su inmediata ejecución. CUARTO. Causal de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico dentro del presente juicio de amparo. Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El sentido literal de la norma reproducida lleva a considerar, que el amparo es improcedente cuando los actos combatidos no afectan el interés jurídico del quejoso. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional, consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con número de registro 200234, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, con número de registro 394808, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad determinado, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de alguien. Para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular o el hecho, o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica. El artículo 14 de la Ley Fundamental establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Establecido lo anterior, en el caso particular, la quejosa Sayra Alejandra Ortiz Beltrán se ostenta tercero extraña en el juicio ejecutivo mercantil 245/2012, de donde deriva el acto reclamado. Ello es así, pues de las constancias certificadas del juicio ejecutivo de origen, se advierte que la impetrante no es parte ni tampoco ha figurado en él, por lo que se actualiza la figura de persona extraña en el citado procedimiento ejecutivo; y por ende, resulta necesario que demuestre la afectación a su interés jurídico que aduce, es decir, que tiene un derecho subjetivo, para la procedencia de este juicio de amparo. En esta tesitura, quien solicita el amparo aduce que es titular del derecho de propiedad del inmueble número ciento quince, letra "A", de la calle veintiuno, de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán. Que dicho inmueble lo adquirió por medio de contrato de compraventa que formalizó con Hilario Ortiz Iuit y Lidia Asunción Beltrán Mex, quienes eran los propietarios del bien raíz; para lo cual celebraron un contrato de compraventa, el treinta de mayo de dos mil once, ante el licenciado en derecho Carlos Edilberto Cardeña Cervera, escribano público único de Tzucacab, Yucatán, ante quien se pactó de mutuo acuerdo el monto de la operación por la cantidad de veintiocho mil pesos, moneda nacional. Pues bien, ante dicha afirmación, es incuestionable que la peticionaria de amparo debe acreditar el tipo de propiedad, sea originaria o derivada, que ostenta, y que aduce es la que protege el artículo 14 de la Constitución Federal, pues sólo así podría acreditar tanto la titularidad del derecho subjetivo como la afectación personal y directa que requiere la norma constitucional para la procedencia del juicio de amparo. Empero, en el caso, el contrato exhibido resulta insuficiente para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico que la quejosa alude, en atención a que con ese documento que exhibe no demuestra el origen en que sustenta su propiedad. Esto es, ya que se advierte que por una parte, la escritura de compraventa de treinta de mayo de dos mil once exhibida por la impetrante, no resulta ser un documento de fecha cierta debido a que el escribano público ante quien se llevó a cabo, no observó lo dispuesto en los artículos 175, fracción V, último párrafo y 176 de la Ley del Notariado anterior a la vigente, esto es, no dio aviso al Archivo Notarial de la autorización de la escritura dentro de los cinco días hábiles a su otorgamiento, así como tampoco envió copia de la escritura autorizada a dicho Archivo dentro de los treinta días a la formalización de la escritura, el cual constituía un requisito fundamental para dar certeza de la fecha de su celebración. Ciertamente, de la compraventa de treinta de mayo de dos mil once, que aparece celebrada ante la fe de Carlos Edilberto Cardeña Cervera, escribano público único del municipio de Tzucacab, Yucatán, constituye un acta de las que regulan los artículos 175 a 177 de la Ley del Notariado que estuvo en vigor al momento de su celebración, por lo que su valoración no puede limitarse a que provenga de un fedatario público, sino que también debe verificarse si éste en su elaboración cumplió las formalidades y requisitos que la ley que regula su actuación le obliga observar, para que pueda considerarse documento público, en términos del artículo 216, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y como fidedigna la fecha consignada en el mismo. En particular, el escribano público único de Tzucacab, expidió un documento que dio lectura a los comparecientes que intervinieron en el contrato de compraventa que celebraron en su presencia, según asentó, el treinta de mayo de dos mil once, quienes manifestaron su conformidad y firmaron junto con él para debida constancia, del que se desprenden cuatro firmas y un sello. Sin embargo, la escritura relativa, para que pueda considerarse documento público, requería que el fedatario que participó en su elaboración observara las formalidades previstas por los diversos numerales 175, 176 y 177 del invocado ordenamiento, a saber: "Artículo 175. Los documentos que han de autorizar los escribanos públicos deberán reunir los requisitos siguientes: I. Estar redactados en castellano y escritos sin abreviaturas, guarismos, raspaduras, enmendaduras ni espacios en blanco. Los espacios que por razones ortográficas quedaren en el cuerpo del documento, se inutilizarán por medio de una raya de tinta. II. Escribir las fechas, cantidades y números en general con letras; las palabras que se testen deberán quedar legibles y tanto estas como las entrerrenglonadas se salvarán al final, expresando el número de unas y otras. III. Contener con toda claridad y precisión el acto o contrato que en ellas se consigne. IV. Designar con precisión las cosas objeto del contrato de tal modo que no puedan ser confundidas con otras; si se tratare de bienes inmuebles, se determinará su naturaleza, su ubicación, sus linderos y su extensión superficial, así como también los antecedentes de propiedad y registro. V. Tener precisamente la fecha en que se lleve a efecto el acto y ser firmados por él, por las partes o las personas que estas designen; en este último caso, se expresarán los nombres y apellidos de las personas que firmen por aquellas que no sepan o no puedan firmar y los de las personas que, en su caso, hubiesen leído el acta por alguna de las partes. Las personas que no pudieren firmar por cualquier motivo, además de la designación de la persona que lo hará por ellas, imprimirán la huella del dedo pulgar de su mano derecha, de ser posible, y, en su defecto, de cualquier otro dedo, lo que se hará constar en el documento de que se trata. Todos los documentos autentificados por los escribanos públicos será numerados cardinalmente, con letras, a partir del número uno, tomando en consideración las fechas de otorgamiento de los mismos, hasta la conclusión del año. De cada uno de los documentos que autorice el escribano público, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su otorgamiento y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 176 de la presente Ley, dará un aviso, por triplicado al Archivo Notarial del Estado que contendrá: el número de la escritura o documento, fecha de la misma, clase de contrato, objeto y nombre de los contratantes. De dicho aviso el Archivo Notarial del Estado devolverá dos copias selladas al escribano, para que sean acumuladas respectivamente a la escritura o documento original y el ejemplar a que se refiere el artículo 176, antes citado sin cuyo requisito el Registro no lo admitirá, en los casos que conforme a la Ley deban inscribirse". "Artículo 176. De cada uno de los documentos que autoricen, reservarán un tanto que debidamente firmado por los interesados y autorizado por el propio escribano, enviarán dentro de los treinta días hábiles siguientes, al Archivo Notarial, si no cumpliere con esta obligación será requerido por escrito para que cumpla dentro del plazo de quince días y de no hacerlo se hará acreedor a la multa establecida en la fracción II del artículo 182 de esta Ley y el Director del Archivo Notarial informará al Ejecutivo del Estado para que este resuelva lo conducente". "Artículo 177. El ejemplar a que se refiere el artículo anterior será conservado en el Archivo Notarial y servirá de base en caso de discusión acerca de los contratos que contengan, para dirimir los derechos controvertidos". De los citados preceptos se advierte un requisito formal que importa al caso por ser el que otorga certeza a la fecha que consta en el documento, el cual lo constituye, sin duda, dar el aviso al Archivo Notarial de la autorización de la escritura dentro de los cinco días hábiles a su otorgamiento, lo que en el caso no aconteció, así como tampoco envió copia de la escritura autorizada a dicho Archivo dentro de los treinta días a la formalización de la escritura; o sea, el aviso, así como el envío de la formalización de la escritura pública, es uno de los requisitos que se encuentran en la ley del Notariado del Estado, vigente a la época, que da certeza a la fecha consignada en el documento, por lo que si no la tiene, como ocurre en el caso, genera inseguridad, sobre si la que posee el documento es la que realmente le correspondería, que es lo que la norma en cuestión pretende evitar con el establecimiento del requisito formal en comentario. En este contexto, el documento que la parte quejosa exhibió para acreditar su interés jurídico no puede recibir el tratamiento de documento público -pues de ser así, sin discusión se consideraría cierta la fecha consignada en el mismo-, aunque en su creación haya intervenido un funcionario público, pues para tener ese carácter este debió observar en su constitución todas las formalidades previstas por la ley, ya que así lo dispone el citado artículo 216, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, a saber: "Artículo 216. Son documentos públicos: I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas.". Siendo que, la documental exhibida por la quejosa, no fue concatenada con algún otro medio de prueba para demostrar que efectivamente fue autentificada por el escribano público, pues sin perjuicio del aviso que debe enviar de conformidad con la última parte del artículo 175 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, los escribanos deberán reservar un tanto debidamente firmado por los interesados y autorizada por el propio escribano dentro de los treinta días hábiles siguientes para enviar al Archivo Notarial, entonces, en todo caso la quejosa estuvo en aptitud de ofrecer como prueba copia certificada del ejemplar, que en su caso obrara en el Archivo Notarial, para comprobar la autentificación del documento, pues de ahí se podría advertir que efectivamente fue autorizado en la fecha que se indica en el documento, ya que el referido archivo tiene la obligación de conservar tal ejemplar pues precisamente el artículo 177 de la citada ley del Notariado, prevé que el ejemplar o tanto que obre en dicho archivo, servirá de base en caso de discusión acerca de los contratos que contengan, para dirimir los derechos controvertidos, empero, al no ofrecerse otros medios de convicción para demostrar la autentificación de dicho documento por fedatario público, el mismo no tiene validez como documento público y por tanto carece de fecha cierta, ya que tampoco se demostró su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en su caso el fallecimiento del alguno de los contratantes. En conclusión, no basta que un fedatario expida o autorice un acto o un contrato entre particulares para que por el solo hecho de su intervención goce de la eficacia plena que le debiera corresponder, pues para que así suceda, es decir, para que se le pueda considerar documento público requería que su elaboración se hiciera con arreglo a derecho y por tal se entiende cumplir con todos los requisitos que para su formación exige la ley que regula su actuación. Lo anterior no significa desde luego, que se desconozca la celebración del acto jurídico que contiene dicha escritura, ni los efectos de su inscripción en el registro público, pues no se ignora que conforme a la legislación civil del estado de Yucatán, la compraventa es un contrato consensual que se perfecciona con el solo acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio, ni que su inscripción registral es solo declarativa, pues la falta de la formalidad mencionada omisión de dar aviso al Archivo Notarial de la celebración del acto jurídico, se reitera, únicamente afecta la certeza respecto de la fecha de su realización, pero de ninguna manera el señalado acuerdo de voluntades, el cual solo podría dejar de tener efecto por declaración judicial de autoridad competente, que sin duda no lo es el Juez de amparo. Por otra parte, también se advierte que el escribano público ante quien se realizó dicho acto jurídico, no hizo constar en el acta el número que correlativamente le recaía de acuerdo a la fecha que del propio documento aparece se celebró -treinta de mayo de dos mil once-, como lo dispone el artículo 175, penúltimo párrafo, de la ley de la materia; es claro entonces que el acta que lo contiene al no cumplir con ese requisito formal, esencial para dar certeza a la fecha consignado en el mismo, se traduce en que su formación no se hizo con arreglo a derecho. Además, tampoco cumple con el requisito que al efecto establece el artículo 174 de la Legislación Notarial del Estado de Yucatán, que obliga al escribano a cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes, a asegurarse de la voluntad de los mismos y a leer el documento a las partes, toda vez que no se advierte de qué forma se cercioró de su identidad, pues únicamente dijo que los comparecientes son conocidos de él, sin embargo no expresó cómo, máxime si dichas personas sólo estaban de paso por esa localidad de Tzucacab, es que son conocidos suyos, aunado a que no asentó ninguna otra forma de identificación, como sería a través de una credencial. Con lo anterior se patentiza que lo contenido en el contrato de compraventa exhibido por la quejosa, no permita considerársele como un documento de fecha cierta. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1224, del Libro XVII, Febrero de dos mil veintitrés, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002782, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO DE FECHA CIERTA. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ACTA NOTARIAL SI LE FALTA LA FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN ABROGADA). El artículo 95 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán abrogada, establece que en toda acta notarial se observarán, entre otros requisitos, el nombre y apellido del notario, el número de la notaría, el lugar y la fecha en que se extienda el acta que firmarán las partes o las personas que estas designen, también los testigos y los intérpretes si los hubiere y las personas que, en su caso, hubiesen leído el acta por alguna de las partes y, por último, el notario, quien además de su firma pondrá su sello -ambos requisitos son necesarios-. Por su parte, el diverso numeral 97 prevé que después de cumplir los requisitos previos, el notario, bajo cuya fe haya pasado el acto o contrato, extenderá al margen de las escrituras razón de su autorización, con mención de la fecha y el lugar de esta. Consecuentemente, si en la certificación relativa al acta notarial, el fedatario hace constar que se trata de una copia fiel y exacta del original que obra en su protocolo, sin señalar que puso su firma y sello, siendo ambos requisitos necesarios, como lo dispone el referido artículo 95, entonces no tiene el carácter de documento de fecha cierta, al no cumplir con esos requisitos esenciales." Sobre el particular conviene citar por ilustrativa y en lo que aquí interesa, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1717, Tomo LXXXIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 372812, de rubro y texto siguientes: "ESCRIBANOS, EN QUÉ CASOS CARECEN DE FE PÚBLICA. (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN). El artículo 41 de la Ley Federal del Notariado del estado de Yucatán, establece: 'Los escribanos gozarán de igual fe pública que los notarios, cuando se trate de dar autenticidad: I. A contratos de trabajo, cualquiera que sea el interés pecuniario que representen. II. A cualquiera otra clase de contrato, cuyo interés no exceda de mil quinientos pesos...'. Ahora bien, de acuerdo con el anterior precepto, el escribano público que autorizó el contrato de compraventa del establecimiento comercial que adquirió el quejoso, no tuvo fe pública en virtud de que el interés de la operación excedió de mil quinientos pesos, y además, conforme al artículo 47 de la misma Ley del Notariado, el escribano público debió reservar el duplicado del documento exhibido, debidamente firmado por los interesados y autorizado por el mismo, y debió enviarlo al Archivo Notarial, dentro de cuarenta y ocho horas; pero como por oficio se acreditó que el escribano público que autorizó el documento de que se habla, no cumplió con lo dispuesto por el expresado artículo 47, se concluye que el propio documento es ineficaz, ya que el artículo 49 de la repetida ley, dispone: 'La infracción de lo dispuesto en el artículo 47, traerá como consecuencia la nulidad del documento y hará incurrir al escribano en las responsabilidades correspondientes.'" De la misma manera, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J.44/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2015, registro 178201, Materia civil, pagina 77, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Así como la jurisprudencia I.4º.C.J/20, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, registro 178462, Materia Civil, página 1279, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa." En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo, por las precisiones antes aludidas. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, con número de registro 206338, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al no haber demostrado la quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra de la determinación reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Lo resuelto impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394465, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados al Director y al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, ambos con domicilio en esta ciudad, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394187, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Sayra Alejandra Ortiz Beltrán, en contra del acto que reclamó de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y registrador adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos agréguese el escrito signado por Mariano Santos Hauriga, tercero interesado en el presente asunto, mediante el cual se apersona a este juicio de amparo. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso, así como sus autorizados a María del Pilar Alvarado Tún, Karen Sinahi Quiterio Gómez y Luis Gaspar Koh Lavadores en los términos que indica por así solicitarlo expresamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios "luisglavadores" y "crismook", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veinticinco de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de Sayra Alejandra Ortiz Beltrán, por medio del cual cumple con la prevención de doce de septiembre pasado, proporcionado el domicilio en donde puede ser notificado y emplazado el tercero interesado Mariano Santos Hauriga, siendo el siguiente: En el predio sin número, de la calle ******************** por la calle ******************** y ********************, de la ciudad de Ticul, Yucatán. Ahora bien, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Segundo Mixto del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Ticul, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva dar conocimiento de la promoción de la demanda al nombrado tercero interesado, con entrega de una copia autorizada de la misma, auto admisorio y del presente proveído; haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesado, si así le conviniere. Previniéndolo además para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Asimismo, se le faculta al aludido Juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; requiriéndole que a la brevedad posible devuelva el referido despacho con todo lo actuado con motivo de la diligencia que se encomienda. Igualmente, hacerle de su conocimiento que la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, es el día VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, A LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. Finalmente, con copia autorizada del presente acuerdo, dese cuenta en el cuaderno incidental respectivo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por despacho al tercero interesado y cúmplase.
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