Saydi Mayte Batún Medina
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Saydi Mayte Batún Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de julio de este año, exhibe constancia de los oficios que giró a la Secretaría de Administración y Finanzas, Gobernador, Presidente del Congreso y Secretaría General de Gobierno, todos del Estado de Yucatán, para obtener información respecto de las solicitudes que les formuló en auto de once de julio de este año. Al efecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y se requiere al Magistrado responsable para que una vez que obtenga respuesta por parte de las nombradas autoridades, informe lo que le comunicaron y lo que acuerde al respecto. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación Kanasín del Ministerio Público del Fuero Común del Estado, antes Agencia Vigésima Tercera Investigadora, así como la certificación que al mismo acompaña, con el que comunica que el diecisiete de julio del presente año, levantó el aseguramiento del predio quinientos siete, Interior 1, de la calle noventa y uno, por veinte letra "D" y veintidós, del fraccionamiento Dzoyolá, Kanasín, Yucatán, e hizo entrega del mismo a la quejosa Saydi Mayté Batún Medina. Documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En ese sentido, en virtud que de las constancias que remitió la responsable, que hoy se agrega a los autos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la quejosa Saydi Mayté Batún Medina, reclamó del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Kanasín, Yucatán, de la Fiscalía General del Estado, la omisión de proveer lo relativo a su escrito de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el que solicitó el levantamiento de aseguramiento del bien inmueble marcado con el número quinientos siete, interior I, de la calle noventa y uno, por veinte letra D, del Fraccionamiento Dzoyola, de Kanasín, Yucatán, en autos de la carpeta de investigación P4- A4/000147/2020. Así como la negativa a recibirle su escrito de veinticuatro de mayo de esta anualidad, en autos de la citada carpeta de investigación, con el que reiteró la indicada solicitud. Sin embargo, de la constancia que anexó el Fiscal responsable a su informe justificado que en este mismo acuerdo se reciben y que ya han sido previamente valorados, se advierte que el diecisiete de julio del presente año, en respuesta a dicha solicitud, y ante la comparecencia de la quejosa, accedió a su solicitud fijándose fecha y hora para la entrega del citado inmueble; lo anterior al no haber inconveniente legal alguno para ello, toda vez que se han desahogado y practicado todas y cada una de las diligencias en dicho predio respecto de la carpeta de origen. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable en respuesta sobre lo pedido, se lo devolviera, lo cual ya aconteció. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional, atendiendo a que la demanda de amparo fue presentada el seis de junio del año actual, y el acto de autoridad aconteció posteriormente. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa algún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto: toda vez que el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, aún no devuelve el despacho con número de orden 118/2022 y número de origen 74/2022-D-II-B AMPARO CIVIL, librado a ese órgano jurisdiccional por acuerdo de fecha veintiuno de junio recién finalizado, para que en auxilio de este Juzgado Federal, emplace a juicio al tercero interesado ********************, en los términos indicados en dicha comunicación oficial. En atención a lo anterior, toda vez que no se tiene la certeza de que el tercero interesado antes nombrado se encuentre emplazado al presente juicio de amparo, en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del que se advierte que la autoridad responsable foránea titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo postal correspondiente al oficio por medio del cual se le requirió dicho informe, dado que su domicilio se ubica fuera de la residencia de este Juzgado existe la posibilidad de que su informe se encuentre en tránsito postal, para su entrega. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin perjuicio de lo anterior, reexpídase el oficio a la citada autoridad responsable, por medio de la mensajería acelerada ESTAFETA, a fin de integrar el presente asunto y la autoridad rinda su respectivo informe justificado. Notifíquese y cúmplase.
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