Saydar Aguilar Rivera

Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Saydar Aguilar Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintisiete de mayo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por Saydar Aguilar Rivera; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A CITATORIO Y AVISO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISOS B Y C NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA DEL ACUERDO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad, mediante el cual informa que en data diecisiete de mayo del año en curso, decretó la extinción de la acción penal en la causa penal 657/2022, de su índice, en razón que las victimas Paulina Jiménez Álvarez y Jorge Samuel León Jiménez, otorgaron el perdón a las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, dándose por reparados los daños y desistiéndose de la querella interpuesta en contra de las impetrantes de amparo, por lo que la Juez responsable dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal por desistimiento de querella, dejando sin efectos la orden de aprehensión dictada por la autoridad oficiante en contra de las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Visto lo anterior, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Con base en ello, este Juzgador considera que la improcedencia del juicio por cesación de los efectos del acto reclamado puede actualizarse por dos circunstancias distintas: Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. Porque la responsable determine revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el segundo supuesto, que es el que interesa en el asunto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma total e incondicional, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2007799, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, Tomo I, de Octubre de 2014, Libro 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO OR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO". En el caso concreto, las quejosas promovieron demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra, dictada por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por el delito de lesiones calificadas en pandilla, en agravio de Paulina Jiménez Álvarez, dentro de la causa penal 657/2022. Sin embargo, del análisis del informe de cuenta se advierte que las victimas Paulina Jiménez Álvarez y Jorge Samuel León Jiménez, otorgaron el perdón a las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, dándose por reparados los daños y desistiéndose de la querella interpuesta en contra de las impetrantes de amparo, por lo que la Juez responsable dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal por desistimiento de querella. Como consecuencia dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada por la Juez responsable en contra de las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, por el delito de lesiones calificadas en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción II, 121 y 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Paulina Jiménez Álvarez, en la causa penal 657/2022. En ese sentido, en virtud de que el quejoso se declaró extinta la acción penal en términos del artículo 485 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como consecuencia, la responsable dejó sin efecto el acto reclamado; por lo tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en vinculación con el numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada con registro 201269, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 616, de Octubre de 1996, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCION PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISION RECLAMADO ENAMPARO.- Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Así como la tesis aislada con registro 2008961, publicada en la página 1693, tomo II, de Abril de 2015, Libro 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].- El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata". Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia de trato, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Justifica lo anterior, la jurisprudencia con registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y a la parte tercero interesada.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad, mediante el cual informa que en data diecisiete de mayo del año en curso, decretó la extinción de la acción penal en la causa penal 657/2022, de su índice, en razón que las victimas Paulina Jiménez Álvarez y Jorge Samuel León Jiménez, otorgaron el perdón a las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, dándose por reparados los daños y desistiéndose de la querella interpuesta en contra de las impetrantes de amparo, por lo que la Juez responsable dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal por desistimiento de querella, dejando sin efectos la orden de aprehensión dictada por la autoridad oficiante en contra de las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Visto lo anterior, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Con base en ello, este Juzgador considera que la improcedencia del juicio por cesación de los efectos del acto reclamado puede actualizarse por dos circunstancias distintas: Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. Porque la responsable determine revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el segundo supuesto, que es el que interesa en el asunto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma total e incondicional, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2007799, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, Tomo I, de Octubre de 2014, Libro 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO". En el caso concreto, las quejosas promovieron demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra, dictada por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por el delito de lesiones calificadas en pandilla, en agravio de Paulina Jiménez Álvarez, dentro de la causa penal 657/2022. Sin embargo, del análisis del informe de cuenta se advierte que las victimas Paulina Jiménez Álvarez y Jorge Samuel León Jiménez, otorgaron el perdón a las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, dándose por reparados los daños y desistiéndose de la querella interpuesta en contra de las impetrantes de amparo, por lo que la Juez responsable dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal por desistimiento de querella. Como consecuencia dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada por la Juez responsable en contra de las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Juliana García Arias, por el delito de lesiones calificadas en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción II, 121 y 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Paulina Jiménez Álvarez, en la causa penal 657/2022. En ese sentido, en virtud de que el quejoso se declaró extinta la acción penal en términos del artículo 485 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como consecuencia, la responsable dejó sin efecto el acto reclamado; por lo tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en vinculación con el numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada con registro 201269, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 616, de Octubre de 1996, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCION PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISION RECLAMADO EN AMPARO.- Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Así como la tesis aislada con registro 2008961, publicada en la página 1693, tomo II, de Abril de 2015, Libro 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].- El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata". Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia de trato, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Justifica lo anterior, la jurisprudencia con registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y a la parte tercero interesada.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 657/2022-3; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: Por proveído de nueve de mayo del año en curso, este Juzgado admitió la demanda interpuesta por las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Jhuliana García Arias, y ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, y otras autoridades, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación giradas en su contra, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, residente en la ciudad. Aceptó el acto reclamado 2 Encargado de la Unidad de Investigación Policial de Delitos Comunes de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, residente en la ciudad. Aceptó el acto reclamado Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad. Aceptó el acto reclamado C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables 1) Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, 2) Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y 3) Encargado de la Unidad de Investigación Policial de Delitos Comunes de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, residentes en la ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados precisados en el resultando único de esta incidencia. Afirmación que se hace, toda vez que la citada Juez responsable, manifestó en su informe previo que es cierto el acto reclamado, ya que con fecha diecinueve de abril del año en curso, se giró orden de aprehensión en contra de las hoy quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Jhuliana García Arias, en la causa penal 657/2022, de su índice, por el delito de lesiones calificadas en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción II, 121 y 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Paulina Jiménez Álvarez. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSION DEFINITIVA. En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra; considerando que dicho acto ya se dictó y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Del informe previo rendido por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, se desprende que el ilícito por el que se le instruye la causa penal 657/2022 a las aquí quejosas es el de lesiones calificadas en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 116 fracción II, 121 y 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado; el cual se encuentra catalogado como delito grave, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a las quejosas Sayda Aguilar Rivera y Lesly Jhuliana García Arias, únicamente para el efecto de que queden a disposición de este órgano de control constitucional por cuanto hace a su libertad personal en el lugar donde se les recluya y a disposición del Juez del proceso, por lo que concierne a la continuación del procedimiento penal seguido en contra de las quejosas de referencia, hasta en tanto reciban la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda de las impetrantes en el lugar en que sean recluidas, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XIX.1o.8 P, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 786, Tomo V, Junio de 1997, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE LIBRÓ POR UN DELITO CALIFICADO COMO GRAVE. Si bien es verdad que en ninguna parte de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo se consigna que tratándose de órdenes de aprehensión la suspensión procede cuando se trate de delitos graves, también lo es que una recta interpretación del párrafo quinto del segundo de los numerales en comento permite establecer que el legislador federal claramente se refiere a ese tipo de ilícitos al establecer que cuando la orden de captura se vincule con delitos que conforme a la ley no permitan la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, y a la del Juez del proceso para la continuación de éste; por lo que es intrascendente que en la ley reglamentaria no se haya utilizado el término sacramental "delito grave"; pues tal omisión, en todo caso, podría dar lugar a una reforma legislativa." Sin que en el caso sea necesario fijar garantía que exige el artículo 168 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se encuentra en el supuesto que establece en los numerales 163, y 166 fracción II, de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 128, 140, 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Sayda Aguilar Rivera y Lesly Jhuliana García Arias, la suspensión definitiva que solicitó de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a Sayda Aguilar Rivera y Lesly Jhuliana García Arias, la suspensión definitiva que solicitó de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando segundo, y en los términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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