Saúl Zuñiga Cedillo
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Saúl Zuñiga Cedillo
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; de la certificación de cuenta se advierte que SAUL ZUÑIGA CEDILLO, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Luis Alberto Gutiérrez Andazola. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto dieciocho de enero del presente año; por tanto, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, intentada por la parte promovente, y sin efectos las medidas allí decretadas. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
MES 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACION DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda se tiene a Luis Alberto Gutiérrez Andazola, solicitando a favor de SAUL ZUÑIGA CEDILLO, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN VILLAHERMOSA, TABASCO, con residencia en esta ciudad, mismo que estima violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 19, 33 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 31/2021-4. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la ilegal privación de la libertad y la orden de deportación; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a SAUL ZUÑIGA CEDILLO, para el efecto de que: * Las autoridades responsables se abstengan de ejecutar alguna orden de deportación; * El quejoso quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión; Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1515, Tomo LII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Quinta Época, que dice: "DEPORTACIÓN, DETENCIÓN PARA LA. La detención como medio para llevar a cabo la deportación, sólo puede tener lugar, cuando esta última ha sido decretada." La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente no impedirá la detención del quejoso, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante, pues de ser así no se colmaría el requisito de que no se vulnere el interés social exigido en el artículo 107 de la Carta Magna, toda vez que la sociedad y el Estado se encuentran interesados en que se salvaguarde la vida y la integridad de las personas que se encuentran este país. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguna de aquellos debatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I P J/28 P (10), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 658, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder Ia suspensión contra el posible aseguramiento de los quejosos por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Ello porque, si bien el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues no tiene el alcance de que el quejoso pueda transitar por todo el territorio nacional, ya que para ello es necesario que previamente cumplan los requisitos que establece la normatividad en materia migratoria. Pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere, ser extranjero, las autoridades responsables deberán presentar a la parte quejosa ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularicen su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración. Asimismo, le deberán hacer saber que tienen el derecho de ser asistido por la autoridad consular de su país en caso de que así lo solicite. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de veinticuatro horas por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" COMISIÓN DE ACTUARIO PARA RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y FE DE ESTADO FÍSICO Ahora bien, toda vez que el quejoso SAUL ZUÑIGA CEDILLO, se encuentra a disposición de la autoridad migratoria en el Instituto Nacional de Migración, se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en dichas instalaciones o en cualquier centro migratorio, con sede en esta ciudad, con el objeto de notificar al directo quejoso el contenido íntegro del presente proveído; asimismo, a fin de que de fe de la integridad física de éste y del lugar en que se encuentra. De igual manera, deberá requerirlo para que en el mismo acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor por Luis Alberto Gutiérrez Andazola. Lo anterior, bajo apercibimiento que conforme a lo dispuesto por el cardinal 15 de la Ley de Amparo, de no hacer lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. En la inteligencia que dichas diligencias deberán efectuarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ellas. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Tomando en consideración el contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y en caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a la persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente al quejoso.
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