Saúl Tellez Garza
Expediente 394/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Saúl Tellez Garza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 5600/2015 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual acusa recibo del oficio número 13499/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se envió el amparo número 394/2015-3, por carecer de competencia este juzgado para conocer de la demanda de amparo.(3)
- Principal
Por este medio se notifica a Saúl Tellez Garza, en su carácter de quejoso; el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil quince, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha nueve de septiembre del año en curso, mimso que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Saúl Téllez Garza, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 394/2015-3. Ahora bien, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañan, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte quejosa respecto a tales actos; y, una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido, de un estudio íntegro de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia el auto de dieciocho de agosto de dos mil quince, mediante el cual la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo tuvo por desistido de la demanda, acciones y prestaciones reclamadas a la parte demandada en los autos del juicio laboral 257/7/2015. Ahora bien, cabe precisar que el auto por el cual se tiene a la parte actora desistiéndose de la demanda, acciones y prestaciones entabladas contra los demandados en el juicio laboral, es una resolución que pone fin al juicio, porque sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, y en contra de dicha determinación las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado; por lo que para efectos de la procedencia del amparo en su contra es procedente la vía directa; tan es así, que del propio acto reclamado se aprecia que la junta responsable dio por concluido el asunto ordenando el archivo por encontrarse el expediente laboral totalmente concluido, luego entonces, es claro que dicha determinación dictada por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, es de aquellas que ponen fin al juicio. Consecuentemente, a quien compete conocer de una demanda de amparo en la que el acto reclamado lo constituye una resolución que pone fin al juicio, lo es un tribunal colegiado de circuito. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo..." De lo anterior se hace evidente que los actos reclamados en el presente asunto no son susceptibles de reclamarse en amparo indirecto ante un juzgado de distrito, como en la especie pretende el promovente del amparo, sino por el contrario, del contenido de los dispositivos legales transcritos, se hace incuestionable que la determinación de dieciocho de agosto de dos mil quince, en la cual se le tuvo por desistido de la demanda, acciones y prestaciones demandadas, debe ser combatida en amparo pero por la vía directa, por lo cual la competencia de la demanda de amparo que nos ocupa corresponde a un tribunal colegiado de circuito. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Saúl Téllez Garza, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; consecuentemente, se ordena remitir la demanda con sus anexos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su conocimiento y efectos legales del caso, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales consiguientes. Téngase como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición; así como también en los diversos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley federal antes citada, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de tal oposición hará aplicable lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley federal antes citada, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquélla.
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