Saúl Saucedo Ávila
Expediente 1142/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Saúl Saucedo Ávila
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución exhibido por las partes. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Saúl Saucedo Ávila, contra los actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con residencia en el Primer Distrito Judicial de San Luis Potosí y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1142/2018-VI. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables el acto que precisó de la siguiente manera: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADESRESPONSABLES: Como ordenadora: C. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con residencia en el primer Distrito Judicial de San Luis Potosí, con domicilio ubicado en el centro de justicia penal regional, en Carretera San Luis Potosí-Querétaro Kilómetro 18.5, La Pila, S.L.P. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Robo a Casa Habitación, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Robo de Vehículo, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Homicidios y Feminicidios, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. Como ejecutoras: C. Director General de la Policía Ministerial en el Estado, con domicilio conocido en calle Xóchitl s/n, zona centro". "IV.- ACTO RECLAMADO: ATRIBUIBLE al C. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Social En El Estado, se reclama: 1. - La ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra, por la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. ATRIBUIBLES a los C. Agentes del Ministerio Público Titulares de las distintas Unidades de Investigación, a las que hago referencia con antelación se reclama: 1. - La ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra, por la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. ATRIBUIBLE al Director General de la Policía Ministerial, se reclama 1. La ejecución de la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra por la autoridad ordenadora". Asimismo, como antecedentes de dichos actos, señala bajo protesta de decir verdad, en síntesis, lo siguiente: a) El siete de septiembre del año en curso, fue detenido por Agentes de la Fuerza Metropolitana, encontrándose actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, a disposición del Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, por la probable comisión del delito de robo de vehículo equiparado, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-748/2018, la cual se encuentra en la etapa de investigación complementaria. b) Refiere que su familia se percató de dicha detención por medio de un portal de noticias electrónico, en el cual se hacía referencia que uno de los detenidos al parecer estaba relacionado con la muerte de un policía estatal, en virtud de ello es que tiene temor de que se le trate de inculpar por dicho ilícito. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación a los actos reclamados se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Los numerales en comento, en sentido contrario, llevan a concluir la improcedencia del juicio constitucional, cuando tenga por objeto resolver controversias que implican hechos que no pueden considerarse actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. El citado artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, establece que la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 -considerada aplicable dado que el artículo 5º de la Ley de Amparo vigente participa de contenido similar al artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada- visible a página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció las notas distintivas de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las autoridades responsables y la parte quejosa. Para sustentar tal afirmación debe tenerse presente que si la autoridad no despliega en sus relaciones con el gobernado actos imperativos y coercitivos, entonces para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúe con el carácter de autoridad en términos del artículo 5º, fracción II, en cita. Es ese sentido, no obstante que el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, sin embargo, no puede perderse de vista que de conformidad con los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad (verbigracia, porque algún agente policial haya ido a buscarlo con el fin de cumplir la orden que reclama), sino más bien, de la sola circunstancia de que sus familiares vieron en un portal de noticias electrónico, la nota de que el aquí promovente fue detenido en compañía de otras tres personas, y que uno de los detenidos al parecer estaba relacionado con la muerte de un policía estatal, por lo que dice, teme que se le trate de inculpar respecto de tal ilícito y se haya girado una orden de aprehensión en su contra. Esto es, sin que en dichos actos se aluda a la intervención de alguna autoridad y menos a que haya tenido conocimiento de que cualquiera de las que señala como responsables emitió o ha tratado de ejecutar una orden de aprehensión en su contra, como la que reclama, ya que el promovente únicamente lo hace depender de que sus familiares vieron una nota en un portal de noticias electrónico. Lo anterior, implica que no se está propiamente ante una actuación entre gobernante y gobernado, sino frente a una conducta derivada de la interacción entre Saúl Saucedo Ávila y sus familiares (quienes tienen como fuente un portal de noticias electrónico), de donde se desprende que al tenor de la demanda de amparo, entre aquél (quejoso) y las autoridades que señala como responsables no se invoca una relación y menos de supra a subordinación, tampoco que incida en su esfera de derechos, como es la realización de cualquier conducta que sea atribuida directamente a la autoridad, en el caso, en relación con su libertad personal. Dicho de otra manera, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad, sino únicamente de que sus familiares vieron un portal de noticias electrónico, en los términos antes descritos y sin que de los antecedentes del acto reclamado aluda la intervención de alguna autoridad, deviene inconcuso que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Álvaro Eguía Romero, Andrés Escareño Barrera y Juan Saúl Castillo Domínguez, con cédulas profesionales 200011, 8593186 y 10889605, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Agustín de Jesús Bautista Camarillo y Jair Otoniel González Ramírez, toda vez que no cuentan con sus cédulas registradas en el aludido sistema, así como a las personas que autoriza expresamente en tales términos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Saúl Saucedo Ávila, contra los actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con residencia en el Primer Distrito Judicial de San Luis Potosí y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1142/2018-VI. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables el acto que precisó de la siguiente manera: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADESRESPONSABLES: Como ordenadora: C. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con residencia en el primer Distrito Judicial de San Luis Potosí, con domicilio ubicado en el centro de justicia penal regional, en Carretera San Luis Potosí-Querétaro Kilómetro 18.5, La Pila, S.L.P. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Robo a Casa Habitación, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Robo de Vehículo, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Homicidios y Feminicidios, de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Av. Eje Vial No. 100, zona centro. Como ejecutoras: C. Director General de la Policía Ministerial en el Estado, con domicilio conocido en calle Xóchitl s/n, zona centro". "IV.- ACTO RECLAMADO: ATRIBUIBLE al C. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Social En El Estado, se reclama: 1. - La ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra, por la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. ATRIBUIBLES a los C. Agentes del Ministerio Público Titulares de las distintas Unidades de Investigación, a las que hago referencia con antelación se reclama: 1. - La ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra, por la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. ATRIBUIBLE al Director General de la Policía Ministerial, se reclama 1. La ejecución de la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra por la autoridad ordenadora". Asimismo, como antecedentes de dichos actos, señala bajo protesta de decir verdad, en síntesis, lo siguiente: a) El siete de septiembre del año en curso, fue detenido por Agentes de la Fuerza Metropolitana, encontrándose actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, a disposición del Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, por la probable comisión del delito de robo de vehículo equiparado, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-748/2018, la cual se encuentra en la etapa de investigación complementaria. b) Refiere que su familia se percató de dicha detención por medio de un portal de noticias electrónico, en el cual se hacía referencia que uno de los detenidos al parecer estaba relacionado con la muerte de un policía estatal, en virtud de ello es que tiene temor de que se le trate de inculpar por dicho ilícito. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación a los actos reclamados se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Los numerales en comento, en sentido contrario, llevan a concluir la improcedencia del juicio constitucional, cuando tenga por objeto resolver controversias que implican hechos que no pueden considerarse actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. El citado artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, establece que la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 -considerada aplicable dado que el artículo 5º de la Ley de Amparo vigente participa de contenido similar al artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada- visible a página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció las notas distintivas de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las autoridades responsables y la parte quejosa. Para sustentar tal afirmación debe tenerse presente que si la autoridad no despliega en sus relaciones con el gobernado actos imperativos y coercitivos, entonces para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúe con el carácter de autoridad en términos del artículo 5º, fracción II, en cita. Es ese sentido, no obstante que el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, sin embargo, no puede perderse de vista que de conformidad con los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad (verbigracia, porque algún agente policial haya ido a buscarlo con el fin de cumplir la orden que reclama), sino más bien, de la sola circunstancia de que sus familiares vieron en un portal de noticias electrónico, la nota de que el aquí promovente fue detenido en compañía de otras tres personas, y que uno de los detenidos al parecer estaba relacionado con la muerte de un policía estatal, por lo que dice, teme que se le trate de inculpar respecto de tal ilícito y se haya girado una orden de aprehensión en su contra. Esto es, sin que en dichos actos se aluda a la intervención de alguna autoridad y menos a que haya tenido conocimiento de que cualquiera de las que señala como responsables emitió o ha tratado de ejecutar una orden de aprehensión en su contra, como la que reclama, ya que el promovente únicamente lo hace depender de que sus familiares vieron una nota en un portal de noticias electrónico. Lo anterior, implica que no se está propiamente ante una actuación entre gobernante y gobernado, sino frente a una conducta derivada de la interacción entre Saúl Saucedo Ávila y sus familiares (quienes tienen como fuente un portal de noticias electrónico), de donde se desprende que al tenor de la demanda de amparo, entre aquél (quejoso) y las autoridades que señala como responsables no se invoca una relación y menos de supra a subordinación, tampoco que incida en su esfera de derechos, como es la realización de cualquier conducta que sea atribuida directamente a la autoridad, en el caso, en relación con su libertad personal. Dicho de otra manera, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si los actos que reclama no los hace derivar de la actuación de alguna autoridad, sino únicamente de que sus familiares vieron un portal de noticias electrónico, en los términos antes descritos y sin que de los antecedentes del acto reclamado aluda la intervención de alguna autoridad, deviene inconcuso que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Álvaro Eguía Romero, Andrés Escareño Barrera y Juan Saúl Castillo Domínguez, con cédulas profesionales 200011, 8593186 y 10889605, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Agustín de Jesús Bautista Camarillo y Jair Otoniel González Ramírez, toda vez que no cuentan con sus cédulas registradas en el aludido sistema, así como a las personas que autoriza expresamente en tales términos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al quejoso."
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