Saul Martinez Zaragoza

Expediente 942/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
942/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Saul Martinez Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo.En diversa tesitura, al haberse estampado en el ocurso inicial de demanda y aclaratorio de la misma, sendas firmas que no fueron reconocidas como suyas por parte de Saúl Martínez Zaragoza, quien figura como quejoso en la presente instancia constitucional, se ordena dar vista al Ministerio Público Federal con fundamento en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, vinculado con el 244, fracción I, del Código Penal Federal, así como el 222, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y por así disponerlo la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 13/2017 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:"VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."En efecto, de las disposiciones normativas antes señaladas, se sustrae que es obligación de los juzgadores de amparo dar vista al Agente del Ministerio Público cuando en el trámite del juicio se advierta la realización de hechos que podrían ser constitutivos de delitos, como lo es presentar documentos falsos en la tramitación del juicio de amparo, entendiendo por tal, cuando en el documento se asienta una firma o rúbrica falsa.En ese sentido, en el asunto que nos ocupa, se advierte discrepancia entre las firmas asentadas en la demanda inicial y el escrito aclaratorio, respecto de las que se plasmaron en las diligencias de notificación y requerimiento llevadas a cabo el diez y quince de octubre de dos mil diecinueve, aunado a que en esta última Saúl Martínez Zaragoza, quien venía ostentándose como quejoso, refirió desconocer las firmas del escrito aclaratorio y del ocurso de demanda, por tanto hay la presunción de existencia de hechos constitutivos de delito.En consecuencia, como se señaló con antelación, procede dar la vista de referencia a fin de que el Ministerio Público Federal actúe de conformidad con sus atribuciones.Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en este juicio, determinación que causa estado en esta fecha; por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda, el alegato ministerial de cuenta que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, como lo solicita, expídasele copia certificada del acuerdo a que se refiere el párrafo que antecede. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la razón de cuenta, levantada por el actuario Judicial de la adscripción, de la cual se advierte que en atención al proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se ordenó requerir al promovente Saúl Martínez Zaragoza en el lugar de su reclusión, a efecto de que manifestara sí reconoce como suyas y ratifica las firmas que obran tanto en el escrito aclaratorio como en el ocurso inicial de demanda, el diligenciario judicial asentó lo siguiente: ".notifico personalmente al quejoso SAÚL MARTÍNEZ ZARAGOZA, quien se encuentra presente ante el suscrito en el Área de Locutorios del Centro Preventivo y de Readaptación Social Número Uno en el Estado "La Pila". el contenido del proveído dictado el catorce del mes y año en curso, en los autos del Juicio de Amparo 942/2019-III, quien manifiesta que lo oye, queda enterado de su contenido, recibe copia autorizada del auto que se le notifica; y refiere que no reconoce como suyas ni ratifica las firmas que obran tanto en el escrito aclaratorio como en el ocurso inicial de demanda, mismas que en este acto se le ponen a la vista, precisando que su única firma es la que se estampa en la presente notificación." En ese tenor, con base en lo expuesto por Saúl Martínez Zaragoza ante el actuario judicial de la adscripción, se advierte que en el presente controvertido constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En ese sentido, de conformidad con el último de los preceptos legales en cita, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona cuando así lo disponga la Ley de la materia; asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, puede acudir por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que el mismo ordenamiento lo permita. Por tanto, deviene inconcuso que resultan improcedentes aquellos juicios de amparo que no entrañan la voluntad del quejoso de acudir a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Ahora, en el caso que nos ocupa, de la diligencia practicada el quince de octubre del año dos mil diecinueve, se desprende que Saúl Martínez Zaragoza refirió ante el actuario judicial adscrito a este Juzgado Sexto de Detrito en el Estado lo siguiente: "no reconoce como suyas ni ratifica las firmas que obran tanto en el escrito aclaratorio como en el ocurso inicial de demanda, mismas que en este acto se le ponen a la vista, precisando que su única firma es la que se estampa en la presente notificación." En tal tenor, resulta inconcuso que en el presente controvertido constitucional no hay instancia de parte, pues al no haber reconocido Saúl Martínez Zaragoza como suyas las firmas plasmadas tanto en el escrito inicial de demanda como en el aclaratorio respectivo, no se puede considerar ejercitada la acción constitucional, toda vez que las firmas y su reconocimiento son una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime que dicho principio de instancia de parte agraviada significa que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica por actos de autoridad violatorios de derechos humanos. Es aplicable, por analogía la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Volumen 181-186, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así también la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". De igual forma, por las razones que la informan la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable con el número VI. 2o. 692 K, en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." No pasa inadvertido para este Juzgador que en diligencia practicada por el Actuario Adscrito a este Juzgado el diez de octubre de dos mil diecinueve, Saúl Martínez Zaragoza manifestó su deseo de continuar con el trámite del amparo, sin embargo, se estima que ello aconteció debido a que en dicha actuación no se le pusieron a la vista ni el ocurso de demanda ni su escrito aclaratorio, en los cuales obran plasmadas las firmas que no fueron reconocidas en diligencia del quince de octubre de la misma anualidad. En consecuencia, ante la ausencia de instancia de parte agraviada y actualizarse la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, vinculado con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la misma Ley Reglamentaria. Derivado del sobreseimiento señalado en párrafos que anteceden, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Vista la diligencia de diez de octubre de dos mil diecinueve llevada a cabo por el Actuario Judicial de la adscripción, consistente en la diligencia de ratificación y notificación practicada al quejoso Saúl Martínez Zaragoza, en los términos del proveído dictado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se recibió escrito presuntamente signado por el aquí quejoso, mediante el cual señaló que era su deseo desistirse del presente juicio de amparo. Pues bien, de una lectura de la diligencia de ratificación se desprende que aquel no ratificó el escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve, dado que al efecto expreso: ".no ratifico el escrito a que se hace mención en el proveído que se le notifica y que sí deseo continuar con el trámite del juicio de amparo.". En consecuencia, continúese por sus etapas procesales el presente juicio de derechos fundamentales, para todos los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que los rasgos de las firmas estampadas por el quejoso en el ocurso inicial de demanda, recibido el día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, registrado con el número de control interno 11621, así como el escrito aclaratorio presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, registrado con el número 12171, difieren en la plasmada ante el Actuario Judicial de la adscripción en diligencia de notificación y requerimiento llevada a cabo el diez de octubre de dos mil diecinueve. En consecuencia, requiérase al promovente para que manifieste bajo protesta de decir verdad, y advirtiéndole de las penas en que incurre quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, sí reconoce como suyas y ratifica las firmas que obran tanto en el escrito aclaratorio como en el ocurso inicial de demanda; en tales condiciones, se faculta al Actuario Judicial de la adscripción para que al momento de notificar este proveído recabe dicha ratificación; en la inteligencia de que, la diligencia de notificación deberá de practicarse directamente con el quejoso, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social número 1 denominado "La Pila". Cabe señalar que la facultad de prevenir al quejoso para que ratifique las firmas que calzan ambos escritos, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dichos grafismos efectivamente fue quien promueve, máxime que, como se anotó, dichas firmas discrepan entre sí. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el promovente del juicio haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la legislación penal federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.".

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