Saul Ramos Meneses
Expediente 865/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Saul Ramos Meneses
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 796/2019 Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que es innecesario conservar los cuadernos auxiliares formados con motivo de la tramitación del presente asunto. Por tanto, se ordena devolver a la Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, los tres discos compactos (dvd) con las audiencias de veintitrés, veinticuatro y veintisiete de julio de dos mil diecinueve, así como con la copia auténtica de algunas constancias de la causa penal ***, con los cuales se formó el cuaderno auxiliar I (proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve), así el diverso disco con el cual se formó el cuaderno auxiliar II (auto de dieciséis de enero de dos mil veinte) Asimismo, se ordena la devolución de los dos discos compactos (dvd) remitidos para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de protección (proveído de dieciocho y veinticuatro, ambos de febrero de dos mil veinte). Por tanto, se requiere a dicha autoridad para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se le apercibe que de incumplir lo requerido o dejar de manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, por lo que se ordena su archivo, por lo que el presente expediente constituye un asunto concluido,. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Destrucción del expediente. Con apoyo en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá ser destruido una vez que cumpla tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Lo cual deberá ocurrir dentro de los treinta días siguientes al finalizar el término referido en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, e la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIEA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICIA POR MEDIO DE LISTA. 865/2020 Puebla, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Penitenciario de la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Indicación de juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que obtengan su firma electrónica y con esta intervengan en el presente juicio, conforme a la modalidad de juicio en línea. Desechamiento. Por otro lado, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que reciba una demanda de amparo, debe examinar los actos combatidos en ésta, porque de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó de manera integral la demanda del quejoso para detectar el acto reclamado: orden de traslado a otro centro de reclusión, el cual encuentra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III, de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese supuesto, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, ordenará la suspensión del acto, si lo considera pertinente, ya sea de oficio o a petición de parte. De modo que el trámite previsto para esa hipótesis, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, presenta en esencia las siguientes características: El interno en calidad de solicitante, debe acudir directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva esa petición en definitiva, el juez debe proceder de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, a decidir la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. El interno solicitante tiene la posibilidad de interponer recurso de revocación, contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para que este examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda -al recurso-. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se haya impugnado. De ese recurso conocerá un tribunal de alzada, el cual revisará la legalidad de la determinación de aquél, para confirmarla, modificarla o revocarla. En caso de que el juez determine que la promoción del interno (la solicitud) no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en los párrafos que anteceden. Pero el juez habrá de recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a esos puntos, es válido afirmar que si una persona privada de su libertad, reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como una orden de traslado, debe agotar primero el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, debe interponerlo antes de promover el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque ese procedimiento judicial, reúne las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual pueden los internos reclamar, sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que impacten sus condiciones de internamiento. Además, el referido procedimiento otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y es en esa facultad donde surge la improcedencia que se estima respecto de la demanda de amparo recibida. Ello, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, o un plazo mayor del establecido para otorgarla. Excepciones que de ninguna forma se actualizan respecto del control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque este no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Lo anterior obedece a que si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda, para presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión reclamada. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el control judicial previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones del interno privado de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente. Es más, el interno puede formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del por qué las omisiones reclamadas, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Lo cual genera la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por todo ello, las personas privadas de su libertad -en un centro penitenciario- deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra actos inherentes a sus condiciones de internamiento, entre las cuales queda incluida la reclusión en el centro penitenciario y por ende, el traslado que pudiera hacerse a uno diverso. Tales consideraciones fueron obtenidas de la ejecutoria que diera vida a la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". Entonces, si el quejoso pretende reclamar la orden para trasladarlo del centro penitenciario donde está interno a uno diverso, sin haber agotado el recurso de control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es válido afirmar que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que presentó el quejoso, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues los actos consistentes en la orden de traslado y su ejecución, debe impugnarlos primero a través del recurso denominado control judicial, expuesto con antelación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del promovente para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda. Además, se tiene únicamente como medio de contacto el correo electrónico señalado en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla ese medio para realizar notificaciones. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas que señala en su demanda, por estar registrados ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Ahora, en virtud de las cuestiones de logística adoptadas por el virus COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose la demanda a este expediente. Notifíquese de manera personal al quejoso.
- Principal
865/2020 Puebla, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Penitenciario de la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Indicación de juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que obtengan su firma electrónica y con esta intervengan en el presente juicio, conforme a la modalidad de juicio en línea. Desechamiento. Por otro lado, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que reciba una demanda de amparo, debe examinar los actos combatidos en ésta, porque de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó de manera integral la demanda del quejoso para detectar el acto reclamado: orden de traslado a otro centro de reclusión, el cual encuentra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III, de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese supuesto, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, ordenará la suspensión del acto, si lo considera pertinente, ya sea de oficio o a petición de parte. De modo que el trámite previsto para esa hipótesis, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, presenta en esencia las siguientes características: El interno en calidad de solicitante, debe acudir directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva esa petición en definitiva, el juez debe proceder de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, a decidir la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. El interno solicitante tiene la posibilidad de interponer recurso de revocación, contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para que este examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda -al recurso-. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se haya impugnado. De ese recurso conocerá un tribunal de alzada, el cual revisará la legalidad de la determinación de aquél, para confirmarla, modificarla o revocarla. En caso de que el juez determine que la promoción del interno (la solicitud) no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en los párrafos que anteceden. Pero el juez habrá de recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a esos puntos, es válido afirmar que si una persona privada de su libertad, reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como una orden de traslado, debe agotar primero el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, debe interponerlo antes de promover el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque ese procedimiento judicial, reúne las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual pueden los internos reclamar, sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que impacten sus condiciones de internamiento. Además, el referido procedimiento otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y es en esa facultad donde surge la improcedencia que se estima respecto de la demanda de amparo recibida. Ello, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, o un plazo mayor del establecido para otorgarla. Excepciones que de ninguna forma se actualizan respecto del control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque este no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Lo anterior obedece a que si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda, para presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión reclamada. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el control judicial previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones del interno privado de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente. Es más, el interno puede formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del por qué las omisiones reclamadas, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Lo cual genera la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por todo ello, las personas privadas de su libertad -en un centro penitenciario- deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra actos inherentes a sus condiciones de internamiento, entre las cuales queda incluida la reclusión en el centro penitenciario y por ende, el traslado que pudiera hacerse a uno diverso. Tales consideraciones fueron obtenidas de la ejecutoria que diera vida a la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". Entonces, si el quejoso pretende reclamar la orden para trasladarlo del centro penitenciario donde está interno a uno diverso, sin haber agotado el recurso de control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es válido afirmar que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que presentó el quejoso, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues los actos consistentes en la orden de traslado y su ejecución, debe impugnarlos primero a través del recurso denominado control judicial, expuesto con antelación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del promovente para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda. Además, se tiene únicamente como medio de contacto el correo electrónico señalado en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla ese medio para realizar notificaciones. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas que señala en su demanda, por estar registrados ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Ahora, en virtud de las cuestiones de logística adoptadas por el virus COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose la demanda a este expediente. Notifíquese de manera personal al quejoso.
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