SAUL HERNANDEZ BARRANCO o EDSON SAÚL HERNANDEZ BARRANCO

Expediente 620/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
620/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • SAUL HERNANDEZ BARRANCO o EDSON SAÚL HERNANDEZ BARRANCO

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó Diana Patricia Vázquez Mendoza defensora pública de *, contra actos del Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado * y del Fiscal General del Estado, *. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que se señala como acto reclamado: "El retardo en contestar el escrito de solicitud de autorización de procedimiento abreviado" presentado en fecha 21 de febrero de 2023 respecto de la Carpeta de investigación *." Improcedencia del juicio de amparo respecto de la omisión reclamada a las autoridades administrativas. De lo antes expuesto, se advierte claramente que, respecto del acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2. La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no toda omisión de atender una petición del gobernado, aun presentada formalmente ante una autoridad administrativa, puede ser considerada como acto omisivo de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, el peticionario de amparo reclama la omisión del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, de dar contestación a sus peticiones de plantear ante el Juez de Control que conoce de la causa penal * y su acumulada *, procedimiento abreviado. En ese sentido, resulta necesario indicar que, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por otro lado, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en relación con el diverso 185 del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso que, en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues no existe una relación de supra-subordinación. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de lo reclamado al Agente del Ministerio Público responsable, toda vez que el acto reclamado a él no constituye un acto de autoridad. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. * Por todo lo anterior, esta juzgadora arriba a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente respecto de la omisión reclamada a la representación social. Ahora, en ese mismo contexto, también es improcedente el presente juicio de amparo respecto de la diversa autoridad responsable administrativa señalada como autoridad responsable -Fiscal General del Estado de Puebla-, pues como quedó evidenciado en párrafos precedentes, no tienen facultades para atender las peticiones formuladas por el quejoso dado que no forman parte del proceso penal de origen. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la "oficina del Instituto de la Defensoría Pública que se ubica en Casa de Justicia de Puebla". Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Medios de contacto. Se toma conocimiento del número de teléfono y correo electrónico proporcionados por la ocursante para establecer comunicación, los cuales serán considerados como medios de contacto, en caso de ser necesario. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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