Saul Montes de Oca Armega
Expediente 1291/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2016
Partes del expediente
- Saul Montes de Oca Armega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que dentro del plazo de cinco días previsto en la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la dicha legislación, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió junto con la demanda de garantías, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán destruidos junto al presente expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta, enviado por el Secretario del despacho del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del exhorto número 450/2016 (orden 742) emanado del presente juicio de amparo, registrándolo bajo el diverso número 101/2016 del índice de ese Juzgado, mismo que ordenó diligenciar en sus términos; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGIENTE ACUERDO: AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual Saúl Montes de Oca Armeaga y Ruth Montes de Oca Armeaga, desahogan el requerimiento formulado por auto de treinta y uno del presente mes y año; por tanto se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora de la lectura integra del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa se duele de: El ilegal emplazamiento realizado a los quejosos el trece de noviembre de dos mil quince, en el juicio sucesorio intestamentario 433/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y como consecuencia todo lo actuado en el referido juicio. Ahora bien, con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano; en consecuencia, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A.J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que esta sea manifiesta, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, este juzgador de amparo advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada ésta contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para hacer patente tal afirmación, es importante destacar el contenido de los citados numerales, que por su orden y en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)." Ahora, atento a la materia de la litis, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano y de audiencia que implican la prerrogativa de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le debe dar oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades que trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, al ser parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el auténtico tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Atento a lo anterior, es importante destacar que el procedimiento sucesorio intestamentario en torno al cual el peticionario reclama su falta de emplazamiento no ha concluido, dado que de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juico sucesorio encuentra en la primera sección. Ciertamente, el juicio de amparo biinstancial resulta procedente, por regla general, para aquel quien resulta tercero extraño a una sucesión, bien sea porque no se le hubiere señalado como heredero a pesar de estar en alguno de los supuestos legales de dicha institución, o bien, porque teniendo derecho a participar con tal carácter se le hubiere convocado con infracción a las reglas del caso, y por ello, reclame su falta de citación o las deficiencias del emplazamiento practicado. Sin embargo, en ambos casos se erige en presupuesto de procedencia de la acción de amparo el hecho de que el procedimiento patrimonial post mortem hubiere concluido, y ello ocurre cuando de manera definitiva se aplican los bienes que conforman el haber de la sucesión de que se trate. Lo acabado de señalar se desprende del contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754, Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala". Del criterio acabado de transcribir se colige que nuestro Máximo Tribunal consideró procedente el juicio de amparo biinstancial en aquellos casos en que habiendo concluido el procedimiento sucesorio, un tercero extraño reclama la falta de emplazamiento al mismo; pues en tal supuesto, el ejercicio de la acción de petición de herencia no constituye un recurso o medio ordinario de defensa que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la declaración de heredero en favor de determinada persona y que, por ende, debiera tramitarse antes de acudir ante la instancia federal en reclamo de la protección de sus derechos fundamentales. De esta manera, la procedibilidad del juicio de amparo indirecto se encuentra condicionada a que la sucesión de origen haya concluido, para poder reclamar ante la potestad federal la falta de emplazamiento de un presunto heredero, o la citación practicada irregularmente. Luego, cuando en un juicio sucesorio no se ha dictado la sentencia de partición y división de la masa hereditaria, es dable concluir que se encuentra en trámite, y quien se considere con algún derecho hereditario está en condiciones de apersonarse a él y hacer valer lo que a su interés convenga, verbigracia de la petición de herencia prevista en los artículos 13 y 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo que, en caso de que, dicha pretensión sea infructífera, surge un escenario jurídico distinto; sin embargo ello no es motivo de análisis en esta ocasión, por ser ajeno a la hipótesis especifica en estudio, atinente a los quejosos quienes, considerándose con derecho a heredar, están en condiciones de ejercer sus pretensiones ante el juez natural, pues al no haber concluido el juicio sucesorio no adquieren el carácter de terceros extraños. Postura que, además, no encuentra obstáculo en la circunstancia de que los quejosos Saúl Montes de Oca Armeaga y Ruth Montes de Oca Armeaga, no hayan sido señalados expresamente como parte por quien denunció la sucesión de origen, es decir, con la calidad de posible herederos, y que a virtud de ello pudiera acceder de inmediato al juicio de amparo indirecto, puesto que la condicionante para adquirir la calidad de tercero extraño, para efectos del juicio constitucional en esta hipótesis, es que aquél haya concluido -lo que no acontece- y, por el contrario, lo establecido en el precitado artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, constituye la vía establecida ex profeso para que dicha persona deduzca ante el juez de la sucesión los derechos que, expresa, le asisten, y de resultar fundada su pretensión obtener el reconocimiento que por esta vía se pretende, así como todas sus consecuencias legales en el intestamentario primigenio. Resulta aplicable, por identidad, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Como se observa, del criterio citado se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, resulta improcedente, si éste tuvo conocimiento del juicio natural cuando aún no se había dictado sentencia; en el caso, por analogía, dicho criterio es aplicable pues no ha concluido el juicio sucesorio intestamentario de origen. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con en relación con el diverso 107, fracción III de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por Ricardo Adrián Aguado Hernández, en su carácter de apoderado legal de María Estela Piedad López Vargas, a través del cual insta copias certificadas, por triplicado, de todo lo actuado en el presente juicio y faculta para su recepción a diversas personas. En términos del numeral 278 del código adjetivo en cita, expídanse a costa del promovente las copias que solicita, un solo tanto, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal y, ténganse facultadas para tal efecto a la personas que expresamente designa. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, de rubro y datos de localización siguientes: COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Lo dispuesto en el artículo citado, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. acerca de que las partes, en cualquier asunto judicial "pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos", no significa que la petición pueda hacerse varias veces, sino sólo que ello puede acontecer en cualquier estado procesal. Lo anterior es así, toda vez que el derecho ahí previsto debe interpretarse, juntamente con el propósito de la expedición de copias, que no es otro, que el interesado obtenga copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en el expediente de amparo para que éste conozca plenamente una decisión judicial y, en su caso, hacer valer un derecho en diversos procedimientos. En consecuencia, ese derecho se respeta cuando, ante una solicitud de un determinado número de copias, se autoriza su expedición, en un solo tanto, o bien, en una ocasión. (S.J.F. 10ª. Época, Tomo III, septiembre 2014, página 2387). Así también, la tesis del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y datos de localización siguientes: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto. (S.J.F. 9ª. Época, Tomo XXIV, octubre 2006, página 1374).
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