Saul Maldonado Sánchez

Expediente 827/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
827/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Saul Maldonado Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Por último, devuélvase al Juzgado Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, el anexo que remitió a este juicio.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio por el cual el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veinticinco de los cursantes; por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado y con las documentales que adjunta, fórmese el anexo I. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Saúl Maldonado Sánchez, reclama en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio especial sobre divorcio incausado 212/2019, por la que confirmó el diverso proveído de trece de ese mes y año, en el cual no fue acordado de conformidad su escrito respecto de la revisión de oficio que solicitó con relación a la ilegal notificación que le fue realizada el cinco de abril del año en curso, donde entre otras cosas se le requirió la entrega de su menor hijo de identidad reservada M.M.C. por ausencia de firma autógrafa. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente precisar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. De lo anterior se establece, que si el quejoso por esta vía reclama la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio especial sobre divorcio incausado 212/2019, por la que confirmó el diverso proveído de trece de ese mes y año, en el cual no fue acordado de conformidad su escrito respecto de la revisión de oficio que solicitó con relación a la ilegal notificación que le fue realizada el cinco de abril del año en curso, donde entre otras cosas se le requirió la entrega de su menor hijo de identidad reservada M.M.C. por ausencia de firma autógrafa. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues, resulta innegable que el auto reclamado, no quebranta en perjuicio del agraviado, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación, toda vez que en el caso, se trata de la solicitud de declarar la nulidad de la notificación realizada el cinco de abril de dos mil diecinueve dentro del expediente 212/2019. De igual modo, resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, página 291, la cual al rubro dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. En ese sentido, el acto reclamado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación En efecto, el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos del justiciable, ya que sólo puede considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo en vigor. Aunado a que el quejoso podía obtener la nulificación de la notificación que refiere, mediante la promoción del incidente de nulidad de notificaciones señalado en ordinal 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora, el precepto jurídico de mérito dispone: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, los casos en que procede el incidente de nulidad de notificaciones. En las relatadas condiciones el numeral 1.187 de ese Código Civil señala la hipótesis en que se puede promover la nulidad de notificaciones, a saber, cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo respectivo de la ley, o bien, se omitiere la misma. De ahí que, la parte quejosa estaba en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación ilegal a que hace referencia. Sin que en la especie se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Federal arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia; en consecuencia, procede desechar la demanda de amparo en términos del citado artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda suscrita por Saúl Maldonado Sánchez; regístrese bajo el número 827/2019-I-D. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, lo cual tendrá que desahogarse en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 108 fracciones III y IV, 110 y 114 fracción I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, manifieste: Abunde en los antecedentes del acto que por esta vía impugna y que dieron origen al mismo; esto es, señale la etapa procesal que se encuentra el juicio 212/2019 del que refiere deviene el acto que tilda de inconstitucional; asimismo, adjunte copia de la resolución emitida el treinta y uno de mayo del año en curso, con motivo del recurso de revocación que hizo valer contra el diverso proveído de quince de ese mes y año; o bien, transcriba la misma. Precise la denominación correcta y exacta de las autoridades que denominó como "agente del Ministerio Público adscrita" y "licenciada en Psicología María Guadalupe Vilchis Martínez", es omiso en señalar cuál es su injerencia en el juicio de origen, así como, el acto que les atribuye, la dependencia a la cual se encuentran adscritas, o bien, el lugar donde pueden ser localizadas. Lo anterior en virtud, que de la lectura de su escrito de demanda, se aprecia que en el acto reclamado no es preciso lo cual genera incertidumbre para establecer el acto que tilda de inconstitucional, así como la denominación de las autoridades responsables. Ello, tomando en consideración que tales datos resultan indispensables para estudiar la procedencia del juicio que se promueve, a fin de que este juzgado pueda fijar correctamente la litis. Requerimiento que se efectúa, en razón de que como está planteada la demanda no se está en condiciones de determinar la procedencia para estudiar el acto que tilda de inconstitucional. Toda vez que los datos que se requieren son requisitos esenciales de la demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción III, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 dicha normatividad. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia de que de no desahogar los requerimientos precedentes, dentro del tiempo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Con independencia de lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase al Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas: Informe quiénes son las partes que intervienen dentro del juicio 212/2019 de su índice. De igual forma, informe el estado procesal en que se encuentra dicho expediente y remita copia certificada de las actuaciones con las cuales sustenta su dicho. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento para la autoridad requerida, que para el caso de ser omiso o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a la persona física que ostente el cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, esto es, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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