Saúl Martínez Colmenero
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Saúl Martínez Colmenero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto, por encontrarse totalmente concluido; asimismo, se obtiene que por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se agregó a los autos el informe justificado rendido en ausencia de la autoridad responsable Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, al que se adjuntó copia certificada de las constancias que integran el juicio **********, con las cuales se formó un tomo de prueba. En consecuencia, al haberse ordenado el archivo definitivo del presente asunto, por encontrarse totalmente concluido, se estima innecesario conservar las referidas constancias de prueba, y por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad, para los efectos legales conducentes. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
El ocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir nueve de julio de dos mil veinticinco.
- Principal
R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, Saúl Martínez Colmenero, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir vedad (sic) vengo a manifestar como acto reclamado la omisión del Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, de emitir sentencia dentro del expediente número 3472/2019 J.C. en el término previsto en el artículo 105 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. [.]." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. El quejoso estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 687/2021-B; mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Cuarto. Tercero interesada. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesada a la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, la cual quedó debidamente emplazada a juicio mediante oficio que se giró para tal efecto. Quinto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Luego, en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que a continuación se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente, en el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2022, la actividad jurisdicción se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. [.]" Después, en Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1º de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Y, por último, en Acuerdo General 7/2022, del pleno del citado Consejo, se reformó el aludido artículo para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 5 de junio de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del término legal, en el juicio 3472/2019 S.A., del índice de la autoridad responsable Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en el particular, la autoridad responsable Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad ?en su denominación correcta?, refirió que eran parcialmente ciertos los actos reclamados, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su certeza en su totalidad; motivo por el cual, se tienen por ciertos los actos materia de reclamo, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las documentales que allegó la Juez responsable durante la tramitación del presente juicio de amparo, consistente en fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio 3472/2019 S.A., de su índice. Documental que adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fue expedida por una servidora pública en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a la autoridad de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama -en esencia- la omisión de dictar sentencia en el juicio 3472/2019 S.A., del índice de la autoridad responsable Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, aduciendo que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 105 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, pues desde el diez de diciembre de dos mil veinte (sic), se citó a las partes para oír sentencia definitiva y a la fecha de la presentación de la demanda (veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno) aún no se había emitido el pronunciamiento relativo. Luego, si bien dicha omisión ha quedado plenamente acreditada -como se indicó en el considerando que antecede-, lo cierto es que de las documentales remitidas por la autoridad responsable, previamente valoradas, se desprende que en cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo en el cual se dejó sin efecto la citación para sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, y se requirió a la autoridad demandada, aquí tercero interesada, para que exhibiera la totalidad de las constancias relativas al expediente administrativo del procedimiento de separación definitiva instruido al quejoso, al considerarlas necesarias para resolver dicho asunto; determinación que le fue notificada personalmente al directamente agraviado, por conducto de su abogado autorizado, el ocho de octubre del mismo año, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, es claro que, con motivo del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por el quejoso (dilación en la emisión del fallo definitivo), de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de la omisión impugnada en este juicio sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional, a saber, el juicio de nulidad radicado bajo el expediente 3472/2019 S.A., del índice de la autoridad responsable Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se emitió un acuerdo en el que se dejó insubsistente la citación para el dictado de la sentencia, de modo que se modificó el estado procesal del juicio de nulidad de referencia, pues éste dejó de estar en estado de resolución. Entonces, tomando en consideración que la violación que se aduce en este juicio de amparo, se sustenta en que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 105 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, pues desde el treinta de octubre de dos mil veinte, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, es claro que no podría decidirse sobre dicha cuestión sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque el acuerdo de cuatro de octubre pasado dejó sin efecto la referida citación y, por ende, debe considerarse consumada irreparablemente la violación aquí reclamada. Finalmente, se estima que entre la omisión impugnada en este procedimiento y el acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, existe autonomía, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, de modo que este último acuerdo puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En ese orden de ideas, dado que actualmente no subsiste la condición en la que el peticionario del amparo sustenta la violación a sus derechos fundamentales, es claro que ello impide examinar los motivos de inconformidad relativos; además, dado que, con motivo del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se dejó insubsistente la citación para sentencia, que es, precisamente, el presupuesto a partir del cual puede analizarse si la autoridad responsable incurrió en la omisión denunciada, es claro que, proceder al examen de la constitucionalidad del acto reclamado podría afectar la nueva situación jurídica derivada del proveído arriba mencionado. Ilustra la postura que antecede, en lo conducente, la tesis XII.1o.34 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página mil noventa y seis, tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de dos mil uno, Novena Época, registro 189784, de contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer el presente juicio de amparo. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Saúl Martínez Colmenero, contra actos de la Juez Cuarto con residencia en Tijuana del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; asimismo, que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se entregó el oficio 4267/2022 a la autoridad tercero interesada Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual se le notificó el proveído de uno de marzo del año en curso, en la que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, toda vez que hasta el día de la fecha no ha transcurrido el término de tres días legalmente computados, a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, desde la notificación por oficio de la parte tercero interesada, para que esté en aptitud de comparecer a la audiencia constitucional para hacer valer sus derechos, por conducto de su representante o delegado. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con diez minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese oficio con transcripción del presente acuerdo, a la autoridad tercero interesada Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Por último, se instruye al personal encargado de la tramitación del presente asunto, para que realice las gestiones necesarias a efecto de verificar la oportuna expedición y entrega del citado oficio a la autoridad tercero interesada en cita, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Sarai García Marcial958/2023
- Sarkis Ounigian Velazquez937/2023
- Saúl Castrejón Gonzalez501/2021
- Saul González Vázquez911/2021
- Saul Humberto Guerrero Cervantes219/2023
- Saúl Julián Osorio1043/2023
- Saúl Sandoval Martínez629/2021
- Saúl Villaseñor Cobian411/2020
- Sayuri Tepanca Leal235/2021
- Sean Jahddrey Valadez Monarrez O Monarres534/2022
- Sebastian Enrique Iribe Carmelo377/2023
- Sebastiao de Freitas Melo Neto1337/2023