Saul Humberto Guerrero Cervantes
Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Saul Humberto Guerrero Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por José Cruz García López autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa las fotocopias que solicita. Asimismo, como lo peticiona, hágasele la devolución de los documentos que en original o copia certificada se anexaron adjuntos al escrito de demanda, previa copia certificada que se deje en autos a su costa, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II), del referido acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Resultando Primero. Mediante escrito que se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno fue turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tijuana Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Acto reclamado en el escrito inicial de demanda "Acto reclamado: La omisión de dar contestación a la petición formulada por el suscrito, presentada en fecha veintidós de Julio del dos mil veintiuno." Acto reclamado en el escrito de ampliación. "Se reclama la respuesta negativa a la autorización sanitaria para consumo personal de Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte; aduciendo de forma irregular, que "se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como mariguana." Segundo. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Este órgano jurisdiccional en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, radicó la demanda de amparo con el número ******************** y la admitió a trámite, por lo que sin reconocer el carácter de tercero interesado a alguien, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La omisión de dar contestación a la petición formulada por el quejoso el veintidós de julio de dos mil veintiuno. La negativa a la autorización sanitaria para consumo personal de Cannabis Sativa, emitida mediante oficio ********************, de trece de abril de dos mil veintidós. Tercero. Inexistencia de Actos. Ahora bien, por lo que hace a la autoridad responsable Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tijuana, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificada del requerimiento correspondiente, por lo que en un principio de conformidad con el numeral 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado. Sin embargo, dicha presunción se desvanece porque de las constancias allegadas por la diversa autoridad responsable, se advierte que la petición presentada ante ella, fue enviada desde el diez de agosto de dos mil veintiuno y recibida en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, desde el uno de septiembre de dos mil veintiuno, para su atención, esto es, antes de la presentación del escrito de demanda; de ahí que por técnica jurídica, queda reputar inexistente el acto de la omisa, al advertir que el acto de omisión y negativa a ella atribuido no existe. En consecuencia, por dicha autoridad se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, ya que no obstante de que negó el acto que se le atribuye, de su propio informe se advierten manifestaciones que entrañan su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, con registro digital 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que además se ve corroborado con las constancias que en copia certificada remitió, relativas a la petición realizada por la parte quejosa y la respuesta otorgada, documentos públicos que detentan pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Quinto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso quien aquí resuelve advierte de oficio dos causales de improcedencia, una prevista en los numerales 61, fracción XXI, en relación con la omisión de respuesta al escrito presentado por el quejoso en veintidós de julio de dos mil veintiuno, presentada ante la Unidad Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tijuana. Y otra contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 210, todos de la Ley de Amparo, en relación con la negativa de otorgarle al quejoso la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte; aduciendo de forma irregular, que "se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recretativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como mariguana. Causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con la omisión de respuesta al escrito presentado por el quejoso en veintidós de julio de dos mil veintiuno, presentada ante la Unidad Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tijuana. En ese sentido, en principio es conveniente precisar el contenido del numeral referido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora, como se anticipó, en el presente asunto, el quejoso reclama la omisión atribuida a la responsable ante la falta de respuesta a su petición presentada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, a la Unidad Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tijuana, en la que se le solicitó por su conducto se enviara la diversa petición dirigida a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, recepción del escrito que se corrobora, toda vez que del sello que obra en ésta se advierten los siguientes datos "Instituto de Servicios de Salud Pública Estado de Baja California 22 JUL 2021 Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tijuana RECEPCIÓN" No obstante, del informe rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, se desprende que el trece de abril de dos mil veintidós, se emitió el oficio número 213301EL35916, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud del quejoso en los siguientes términos: " .se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. -En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la omisión de darle respuesta a la petición del quejoso presentada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, dejó de afectar su esfera jurídica, pues no obstante de que la contestación se emitió el trece de abril de dos mil veintidós, esto es antes de la presentación de la demanda, lo cierto es que su notificación fue realizada con posterioridad a la presentación ésta, entonces, el acto de molestia reprochado, al haber sido atendido su escrito y habérsele notificado la respuesta, acto de ha cesado en sus efectos en forma definitiva. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, consistente en la omisión de resolver la petición presentada a la parte quejosa, ya que al haber sido atendida, conllevó a que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto a dicho acto. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". II. Causal de improcedencia prevista por los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 210 de la Ley de Amparo, actualizada en relación con negativa de otorgarle al quejoso la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana"o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte; aduciendo de forma irregular, que "se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recretativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como mariguana. Ahora, toda vez que la negativa a otorgarle una autorización para el consumo individual del estupefaciente Canabis Sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros, A6a 10ª, A6a, (7), A 7, A8, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente marihuana o cannabis), deriva del oficio ********************, de trece de abril de dos mil veintidós, acto que considera contrario a lo establecido en la declaratoria de inconstitucional 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre el cual existe un procedimiento sumario especial, que tiene por objeto, precisamente proteger al gobernado frente a este tipo de actos. Los numerales citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)" "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se observa que para que se tenga por actualizada la causal de improcedencia descrita, se requieren los siguientes elementos: 1.- Que en una etapa previa, se reclamen normas generales, las cuales resulten inconstitucionales. 2.- Que en una etapa subsiguiente, en relación con esas normas generales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una declaratoria general de inconstitucionalidad. 3.- Que con posterioridad a la entrada en vigor de dicha declaratoria general de inconstitucionalidad, se dicte un acto en el que se apliquen los preceptos materia de esa declaratoria general de inconstitucionalidad. 4.- Que el gobernado promueva una diversa demanda de amparo en contra de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales por virtud de la referida declaratoria general, en lugar de promover el procedimiento regulado en el artículo 210 de la Ley de Amparo, que es el expresamente previsto al efecto. Elementos que se colman en la especie, pues de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en la liga: https://www2.scjn.gob.mx/DI/paginas/DeclaracionesInvalid ez.aspx, la cual, constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio siguiente, y notificada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fecha en que surtió plenamente sus efectos en términos del punto resolutivo segundo), a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a través de los oficios SGA/FAOT/194/2021 y SGA/FAOT/195/2021, respectivamente, en la que estableció en la parte que interesa lo siguiente: "(.) En efecto, este Tribunal Pleno considera importante destacar que en la jurisprudencia precisada se declaró, no la inconstitucionalidad de normas aisladas, sino la de un sistema de prohibiciones administrativas, previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, específicamente, el de aquellas porciones que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Lo anterior, porque la Primera Sala consideró que ese sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1 constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. Ahora bien, un conjunto de normas constituye un sistema normativo si dichas normas forman una unidad porque entablan entre sí relaciones sistemáticas, ya sea por remisión expresa o tácita, o por relaciones de jerarquía, contenido, temporalidad o generalidad, de manera que el sentido, alcance, validez u operatividad de las mismas dependa de su estrecha conexión o íntima relación de dependencia. Dicho con otras palabras, un conjunto de normas es un sistema normativo si es necesario integrar, interpretativamente, el conjunto de sus disposiciones para extraer de ellas el sentido normativo de las mismas, como podría ser el establecimiento de determinadas prohibiciones, derechos, facultades u obligaciones. En el caso, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, contenidas en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen un genuino sistema normativo porque la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. En efecto, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, cuyas porciones normativas se invalidaron, establecían lo siguiente: (.) Al respecto, cabe hacer dos precisiones. La primera, que la prohibición declarada inconstitucional está contenida no en la totalidad de esas disposiciones, sino sólo en las porciones normativas resaltadas (con la salvedad del artículo 248, como se precisa en seguida), de cuya relación sistemática se extrae, interpretativamente, dicha prohibición. La segunda, que la prohibición prevista en el artículo 248 tiene un alcance más amplio de la que fue declarada inconstitucional, pues se refiere a la prohibición de cualquier acto de los previstos en el artículo 247, en relación con todas las substancias clasificadas en la fracción I del artículo 245, y no solamente del THC y sus variantes estereoquímicas. En este sentido, como se precisó en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias citadas, la Primera Sala no declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de esas disposiciones, sino solamente de aquellas porciones de las mismas que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Dichas porciones coinciden con las partes que han sido resaltadas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, y con la norma implícita en el artículo 248 que remite, específicamente, a la parte resaltada de la fracción I del artículo 245, que se refiere al THC y sus variantes estereoquímicas. Ahora bien, el problema de inconstitucionalidad advertido no se superó con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud (reformado implícitamente, porque remite expresamente al 245 fracción I), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (y actualmente vigente), porque dichas reformas no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. En efecto, las normas reformadas quedaron como sigue: (.) De las reformas mencionadas se advierte lo siguiente. De la prohibición prevista en el artículo 237, se eliminó la referencia a la cannabis índica, sativa y americana. No obstante, esta eliminación tiene alcance sólo en relación con la permisión del uso de la cannabis con fines médicos, pero no con fines recreativos, pues dicha prohibición subsiste en el último párrafo del artículo 235, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos como lo es el consumo recreativo. Por su parte, de la fracción I del artículo 245 se eliminó la referencia al THC y sus variantes estereoquímicas, pero dicha sustancia se reclasificó en las fracciones II y IV de dicho artículo, que prevén, respectivamente, las substancias con algún valor terapéutico que entrañan graves problemas de salud (en concentraciones superiores al 1%) y las consideradas con amplios usos terapéuticos a pesar de que constituyen un problema menor de salud (en concentraciones inferiores al 1%). Esta reclasificación, si bien permitirá el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. Y, si bien el artículo 248 no se modificó, el hecho de que se haya eliminado el THC y sus variantes estereoquímicas de la fracción I del artículo 245, al que remite, no elimina la prohibición de autorizar su uso recreativo, que subsiste en el artículo 247, último párrafo. En todo caso, esa modificación implícita, a través de la modificación a la norma a la que remite, sólo permite su autorización para fines médicos. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado. III. EFECTOS (.) Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. Ahora bien, las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y' de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: (.) No pasa inadvertida la posibilidad de que subsistan negativas de la COFEPRIS a autorizar el consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC fundamentadas en las disposiciones de la Ley General de Salud en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que se encuentren reclamadas en juicios de amparo pendientes de resolver. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que, al respecto, los tribunales de amparo deberán resolver teniendo en cuenta las normas de la Ley General de Salud aplicadas en dicha negativa y la jurisprudencia de esta Suprema Corte al respecto. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', y 247, último párrafo, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta". De la trascripción anterior, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, de la Ley General de Salud, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos". En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia que se analiza pues en la negativa reclamada por el quejoso contenida en el oficio ******************** de trece de abril de dos mil veintidós, existe una aplicación tácita de una de las normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. De ahí que si el acto de aplicación al quejoso del numeral 235 de la Ley General de Salud aconteció el -trece de abil de dos mil veintidós- fecha de emisión del oficio impugnado-, y la demanda de amparo se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, después de dicha declaratoria general, el juicio de amparo resulta improcedente porque ya habían sido expulsadas del orden jurídico con efectos generales, por lo que el quejoso debía denunciar su aplicación inconstitucional en términos del procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, al existir un procedimiento especial para que los justiciables controviertan un acto en el que se apliquen normas declaradas inconstitucionales por virtud de una declaratoria general de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma la improcedencia del juicio de amparo en contra del acto de aplicación de la norma general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues al declararse la invalidez entre otro, del precepto considerado inconstitucional en esos términos, el efecto será privar de vigencia a dicha norma, así como la prohibición de su aplicación hacia el futuro. En ese orden, es inescindible el acto de aplicación y la norma invalidada por virtud de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que conforme a la mecánica de impugnación antes precisada, deben controvertirse a través de la denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis I.23o.A.1 K (11a.) del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil veintidós en el Semanario Judicial de la Federación del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO A UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ES EL IDÓNEO, EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES EXPULSADAS DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud y de su acto de aplicación, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico nacional dichas normas generales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen la inejercitabilidad de la acción constitucional en contra de actos en los que se hubieran aplicado normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: Lo anterior, porque el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, o promover el juicio de amparo indirecto en contra de tal aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero de inconformarse sólo podrá hacerlo a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. De ahí que al existir una causal de improcedencia expresa prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el precepto 210, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y prever el legislador un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se apliquen las normas invalidadas, dicho procedimiento especial sí es excluyente del juicio de amparo indirecto. Ello, porque las disposiciones objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad pierden su validez por su expulsión del orden jurídico nacional, es decir, la decisión en estos casos tiene efectos derogatorios y, por tanto, resulta congruente que en atención a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, el legislador previera en beneficio de las personas afectadas un diverso procedimiento especial y de mayor agilidad, para denunciar, sin límite de tiempo para promover ante un Juez de Distrito, a la autoridad que aplique normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que esa denuncia es el único medio para reclamar la violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad, no así un nuevo juicio de amparo indirecto." Conviene precisar que para la impugnación del acto de aplicación de normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, existe la denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto es claro al prever que la denuncia tiene como presupuesto indispensable la indebida materialización de una norma previamente expulsada del orden jurídico nacional en perjuicio del denunciante, al establecer que: "Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto" Lo cual quiere decir que lo único que será materia de estudio en esa vía es si una autoridad incumplió con la declaratoria al aplicar dicha norma, pues ésta ya no requiere de un nuevo análisis para determinar su inconstitucionalidad, porque ello ya fue establecido con efectos generales, y lo único que se debe probar es que hubiera una posterior aplicación de ella, ya que en caso contrario, la denuncia sería improcedente. Es aplicable al caso, la tesis 2a. XLVI/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 391, Tomo I, Libro 81, Diciembre de 2020, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA. Hechos: A través de una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se argumentó que con la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del propio Estado el 10 de septiembre de 2019, se incumplió lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 25/2008, específicamente en la parte en que se ordenó al Congreso Local subsanar una omisión legislativa a través de la regulación del haber de retiro para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previsto en el artículo 61 de la Constitución de la entidad, en su texto vigente antes de la reforma que motivó la denuncia y por la que se suprimió lo relativo a dicho haber de retiro. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada en términos de los artículos 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida. Justificación: En términos de las normas antes mencionadas, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado. En este sentido, se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga versará precisamente sobre si se llevó a cabo esa aplicación o no". Así, ante la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad de uno de los preceptos con base en el cual implícitamente se negó al quejoso la autorización para el consumo personal de cannabis, debió denunciar dicho acto conforme el procedimiento especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo (el cual no tiene plazo para su promoción). No es inadvertido para quien aquí resuelve la existencia del criterio establecido por el Pleno del Trigésimo Circuito, en la jurisprudencia PC.XXX. J/30 K (10a.) publicada en la página 1404, Tomo II, Libro 80, Noviembre de 2020, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en el que dicho órgano jurisdiccional indicó que a su parecer el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, interpretado sistemáticamente con los artículos 47, párrafo tercero, 72, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 118 de la Ley de Amparo, reflejan la intención del legislador de dotar de decisión a los justiciables en cuanto a la vía para reclamar actos de esa naturaleza. No obstante lo anterior, en términos del segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, dicho criterio no es obligatorio para este juzgado de distrito al tratarse de una jurisprudencia emitida por el pleno de un diverso circuito, aunado a que no se comparte dicho criterio, por las razones que enseguida se exponen. Conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 89/2007-PS, sobre un tema análogo en el que analizó el alcance del vocablo "podrá" cuando el legislador hace referencia a la interposición de un medio de defensa, definió que dicha expresión no implica que sea potestativo elegir entre promover el juicio de amparo o el recurso ordinario, sino la opción de interponer o no este último. Del criterio anterior derivó la jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.- Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo 'podrá', ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito". En congruencia con el criterio anterior, en el presente asunto, el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, o promover el juicio de amparo contra dicha aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero sólo a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque al existir una causa de improcedencia expresa (artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 210, ambos de la Ley de Amparo), respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y prever el legislador un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se apliquen las normas invalidadas, contrario a lo sostenido por el Pleno del Trigésimo Circuito, sí son excluyentes entre sí, dicho procedimiento especial y el juicio de amparo. Esta interpretación, incluso es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva, ya que el legislador no previó plazo para denunciar la aplicación de una norma invalidada en esos términos. Por tanto, la declaratoria general de inconstitucionalidad es un medio de control de la constitucionalidad de normas generales independiente y excluyente del juicio de amparo, de ahí que el artículo 118 de la Ley de Amparo, no se refiere al caso en que exista una declaratoria de inconstitucional con efectos generales por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conviene precisar que lo expuesto no deja en estado de indefensión al quejoso, pues al no existir plazo para denunciar la violación a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, estará en aptitud en todo momento de ejercer ese derecho en términos del artículo 210 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en relación con el oficio ******************** de trece de abril de dos mil veintidós, a través del cual se negó la autorización sanitaria solicitada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, para consumo personal de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas en todas sus modalidades, así como el psicotrópico "tetrahidrocannabinol" (THC), y los isómeros A6a (10ª) A6a (7), A7, A8, a9 (11), A10, así como sus variantes químicos, con fines meramente lúdicos y recreativos. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de las autoridades responsables y por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante María Elizabeth Reyes Moreno Secretaria que autoriza y da fe, hoy uno de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado de ampliación rendido en representación de la autoridad responsable Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos con residencia en Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene a la citada autoridad responsable, anunciando como prueba de su intención la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. De igual forma, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. En consecuencia, a fin de margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Sarai Carrillo Pineda1481/2023
- Sarai Carrillo Pineda112/2023
- Sarai García Marcial958/2023
- Sarkis Ounigian Velazquez937/2023
- Saúl Castrejón Gonzalez501/2021
- Saul González Vázquez911/2021
- Saúl Julián Osorio1043/2023
- Saúl Martínez Colmenero687/2021
- Saúl Sandoval Martínez629/2021
- Saúl Villaseñor Cobian411/2020
- Sayuri Tepanca Leal235/2021
- Sean Jahddrey Valadez Monarrez O Monarres534/2022