Saul Gustavo Avechuco Acuña
Expediente 3/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Saul Gustavo Avechuco Acuña
- Director del Hospital General de la Zona 14, Dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Remite constancias autoridad responsable. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el representante legal del instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con sede en esta ciudad, de los que se advierte que cumple con el requerimiento impuesto en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, el reclamo constitucional se hace consistir en la omisión de brindar atención médica adecuada, en atención a los padecimientos que aduce el impetrante. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de los informes sobre la suspensión de plano, así como del informe justificado rendido por la autoridad señaladas como responsables y las documentales remitidas por éstas, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es el treinta de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable no había proporcionado la atención médica integral requerida por el impetrante. Lo anterior se afirma, en atención a que, de las documentales exhibidas por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativas a la atención médica brindada al derechohabiente Saúl Gustavo Avechuco Acuña? se advierte lo siguiente: a) El quejoso Saúl Gustavo Avechuco Acuña, ingresó el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (Zona 14), con sede en esta ciudad; b) El motivo de ingreso del quejoso al hospital, fue debido a que presentó falta de movilidad motriz y del habla (alteraciones del equilibrio que aumentaron paulatinamente); c) El diagnóstico médico inicial fue encefalopatía no especificada; d) El diagnóstico médico final fue "hipertensión arterial y cardiopatía isquémica"; e) Le fue colocado catéter central; f) En diversas fechas, se le realizaron valoraciones médicas, así como análisis de laboratorio clínico; g) Asimismo, la responsable exhibió diversos registros clínicos, esquemas terapéuticos e intervenciones de enfermería realizados al quejoso Saúl Gustavo Avechuco Acuña; h) Posteriormente, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, es intervenido quirúrgicamente para traqueostomía y PO gastostomía, al término del evento quirúrgico se le remite a piso y se conecta a ventilador; y, i) Finalmente, se determinó que el quejoso tuvo buen afrontamiento de herida quirúrgica; asimismo, se dispuso que debía continuar con el tratamiento médico prescrito. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable desplegó las acciones pertinentes para la atención médica que requiere el quejoso acorde a sus padecimientos. En efecto, la autoridad responsable procedió a desplegar actos encaminados a brindar atención médica al agraviado para el bienestar de su salud, acorde a lo que haya determinado el médico responsable en función del padecimiento que le fue diagnosticado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con la diversa XXI del numeral 61, ambas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. El tres de febrero de dos mil veintitrés, la suscrita secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar: que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que no se encuentra debidamente integrado el presente juicio. Se asienta la presente para debida constancia. Doy fe. María Guadalupe Noriega Vega Cuenta. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos. Conste.Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, revelan que no pudo llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra pendiente que se allegue al sumario la constancia de notificación del oficio 1970/2023, o bien, las constancias requeridas al director del Hospital General de la Zona 14, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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