Saúl Alejandro Vega Pompa

Expediente 1231/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1231/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Saúl Alejandro Vega Pompa

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. I. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. III. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su informe de cuenta la autoridad de referencia, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia -cesación de efectos-. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias existentes en autos, el acto reclamado a la autoridad responsable se hace consistir en lo siguiente: la omisión de dictar un auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados del juicio natural con el fin de que cumplan el laudo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, relativo al juicio laboral 629/2017JE1, del incide de la junta responsable; y, La omisión de ordenar al actuario ejecutor que realice la diligencia de pago y embargo respectiva. Al respecto, la autoridad responsable laboral, al rendir su informe niega los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con las propias manifestaciones contenidas en el informe justificado, dado que si bien, expone que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se dio cuenta con la promoción presentada por la parte actora, para acordar lo conducente en relación con la ejecución del laudo, lo cierto es que lo que logra acreditar con las documentales exhibidas, es que dicha cuenta se efectuó hasta el veintiséis de octubre del año en curso, y emitió el auto que refiere el día siguiente; en el que despachó ejecución ordenando al actuario para que realice dicho requerimiento y señalando al efecto las diez horas del uno de diciembre de dos mil veintiuno; de donde se obtiene que hasta la fecha de presentación de la demanda (seis de octubre del año en curso), fue existente el reclamo constitucional; de aquí que se desvirtúe la negativa y se tenga por cierto el reclamo constitucional. Sin embargo, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, durante el trámite procedimental de este biinstancial, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos conculcados, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente el estudio de lo reclamado en esta vía. Es así, pues como se evidencia la parte quejosa acudió a sede constitucional, reclamando de la responsable su conducta omisa en dictar un auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados y despachar ejecución; sin embargo, con la emisión del auto de veintisiete de octubre pasado, la autoridad desplegó una actuación en la que autorizó y dictó auto de ejecución a fin de que el actuario de su adscripción requiera a los demandados del juicio de origen, con apercibimiento que de no realizar el pago el actuario deberá trabar embargo sobre bienes propiedad de la pasivo; lo que evidencia que en relación con el acto omisivo reclamado de la autoridad responsable, por actuación de ésta misma, cesó en sus efectos tal reclamo. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 12/NOVIEMBRE/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su informe de cuenta la autoridad de referencia, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia -cesación de efectos-. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias existentes en autos, el acto reclamado a la autoridad responsable se hace consistir en lo siguiente: la omisión de dictar un auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados del juicio natural con el fin de que cumplan el laudo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, relativo al juicio laboral 629/2017JE1, del incide de la junta responsable; y, La omisión de ordenar al actuario ejecutor que realice la diligencia de pago y embargo respectiva. Al respecto, la autoridad responsable laboral, al rendir su informe niega los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con las propias manifestaciones contenidas en el informe justificado, dado que si bien, expone que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se dio cuenta con la promoción presentada por la parte actora, para acordar lo conducente en relación con la ejecución del laudo, lo cierto es que lo que logra acreditar con las documentales exhibidas, es que dicha cuenta se efectuó hasta el veintiséis de octubre del año en curso, y emitió el auto que refiere el día siguiente; en el que despachó ejecución ordenando al actuario para que realice dicho requerimiento y señalando al efecto las diez horas del uno de diciembre de dos mil veintiuno; de donde se obtiene que hasta la fecha de presentación de la demanda (seis de octubre del año en curso), fue existente el reclamo constitucional; de aquí que se desvirtúe la negativa y se tenga por cierto el reclamo constitucional. Sin embargo, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, durante el trámite procedimental de este biinstancial, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos conculcados, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente el estudio de lo reclamado en esta vía. Es así, pues como se evidencia la parte quejosa acudió a sede constitucional, reclamando de la responsable su conducta omisa en dictar un auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados y despachar ejecución; sin embargo, con la emisión del auto de veintisiete de octubre pasado, la autoridad desplegó una actuación en la que autorizó y dictó auto de ejecución a fin de que el actuario de su adscripción requiera a los demandados del juicio de origen, con apercibimiento que de no realizar el pago el actuario deberá trabar embargo sobre bienes propiedad de la pasivo; lo que evidencia que en relación con el acto omisivo reclamado de la autoridad responsable, por actuación de ésta misma, cesó en sus efectos tal reclamo. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de octubre de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con la demanda de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Saúl Alejandro Vega Pompa, contra los actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá, en la sentencia que se dicte, una multa de cien unidades de medida y actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado, apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Una vez que se reciba el informe con justificación, se proveerá respecto a la existencia o inexistencia de terceros interesados; y, en su caso, sobre el emplazamiento respectivo. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la autoridad responsable para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. En la inteligencia que la parte quejosa proporciona correo electrónico, para en caso de establecer contacto. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las pruebas documentales; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las responsables de cuáles resoluciones se les notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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