Saul Augusto Aramas Gomez

Expediente 1232/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1232/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Saul Augusto Aramas Gomez
  • Camara de Diputados del Congreso de la Union

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad, acusa recibo del oficio 3266/2019 a través del cual se le remitió el juicio de amparo 1232/2019 y catorce legajos de copias de demanda; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Saúl Augusto Armas Gómez, misma que registró con el número 1119/2019-VIII-B. Archivo. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Cuaderno de antecedentes. En cumplimiento al numeral Vigésimo, fracción I del citado acuerdo, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, por haberse remitido en incompetencia; en el entendido que deberá archivarse en el lugar que corresponda hasta que transcurra el término de seis meses establecido en el punto Vigésimo del acuerdo en cita. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1232/2019-VI. Análisis de la competencia. Por razón de turno administrativo correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, el conocimiento de la demanda en cuestión; sin embargo, de un análisis de la misma, el suscrito declina la competencia en favor del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, por las siguientes razones: Antecedentes del caso. Del análisis integral de la demanda de garantías, se obtiene que: El quejoso Saúl Augusto Armas Gómez precisa como actos reclamados, los siguientes: 1. La expedición, orden de publicación, refrendo, promulgación, firma, autorización y publicación del Decreto 282 de veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante el cual se reforma el Código Civil el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de hacienda, la Ley del Notariado, así como la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas para el Estado de Baja California,, en específico los artículos 17, segundo párrafo y 44, fracción V, de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California. 2. El acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 42, tomo CXXVI, de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se designa y otorga la patente de Notario Público Titular a Javier López López, así como la toma de protesta, la formulación y expedición de identificaciones. 3. La expedición, otorgamiento, firma, refrendo y autorización de la patente de Notario Público Titular a Javier López López. 4. El futuro registro de la patente de Notario Público Titular de Javier López López. 5. La omisión del Congreso, del Gobernador Constitucional, del Secretario General de Gobierno, del Director del Archivo General de Notarias, del Colegio de Notarios, todos del Estado de Baja California, así como de la Cámara de Diputados y de Senadores, de expedir a la fecha norma a través de la cual el Estado Mexicano establezca en la normativa nacional el derecho humano -político- de tener acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública, en específico a la función notarial. Ahora bien, del juicio de amparo 406/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte: Que el quejoso es Saúl Augusto Armas Gómez. Que señaló como actos reclamados. a. La expedición, orden de publicación, refrendo, promulgación, firma, autorización y publicación del Decreto 282 de veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante el cual se reforma el Código Civil el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de hacienda, la Ley del Notariado, así como la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas para el Estado de Baja California,, en específico los artículos 17, segundo párrafo y 44, fracción V, de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California. b. Los acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 53, tomo CXXV, de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se designa y otorga las patentes de Notario Público Titular a Viviana Rubio Padilla y a Rafael Angulo Cebreros, así como la toma de protesta, la formulación y expedición de identificaciones. c. La expedición, otorgamiento, firma, refrendo y autorización de las patentes de Notario Público Titular a a Viviana Rubio Padilla y a Rafael Angulo Cebreros. d. El futuro registro de las patentes de Notario Público Titular a Viviana Rubio Padilla y a Rafael Angulo Cebreros. 3. Mediante oficio STCCNO/252/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, hizo del conocimiento que mediante resolución dictada en la Concentración de Expedientes SECNO/CE/5/2019, de su índice, se determinó procedente la solicitud de concentración y ordenó que los juicios de amparo respectivos y en lo que interesa, el 406/2018-VI de nuestro índice, fueran remitidos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4. Mediante proveído de doce de abril último, este órgano jurisdiccional, en atención al oficio en cita, ordenó remitir al juzgado federal indicado el juicio de amparo 406/2018-VI. Con base en esos elementos, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se tata, por estimar que se surte un conocimiento previo por parte de un diverso órgano federal, en virtud de que existe otro juicio en el cual son coincidentes la parte quejosa y los actos reclamados, de ahí que a efecto de evitar resoluciones contradictorias, y tomando en consideración lo determinado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que a quien corresponde conocer del asunto de que se trata es al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California. En efecto, las cuestiones vinculadas con la competencia de toda autoridad judicial son de suma importancia y de oficioso pronunciamiento por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo juez de distrito, lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal, establece las reglas generales sobre competencia de los juzgados de distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material; no obstante, en el caso no debe atenderse a la citada regla general, sino a la especial, esto es, en el caso en particular, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, en el que, conforme a su actual redacción, se determina que al recibirse un asunto de nuevo ingreso, éste deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente su vinculación. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo VII Conflictos Competenciales, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 918720, de rubro y texto: "COMPETENCIA, PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales." El referido acuerdo general, en lo que interesa, establece: "...Artículo 29. Las oficinas de correspondencia común, auxiliarán a las oficialías de partes de cada uno de los órganos jurisdiccionales a los que prestan servicio en la recepción de los asuntos de término, relativos a todas las materias, que estén dirigidos de manera concreta a cada uno de ellos fuera del horario de atención al público esto es, de las ocho horas con treinta minutos a las nueve horas y de las quince a las veinticuatro horas del día del vencimiento del plazo para su presentación, ello, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. (.)" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Luego, atendiendo al conocimiento previo que prevé el citado acuerdo general, tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra un mismo acto de autoridad de autoridad, como acontece en la especie, se turnará al que tenga el último antecedente del asunto; sin que haga distinción con relación a que en los expedientes se haya dictado o no resolución en cuanto al fondo del asunto planteado, ni si las partes deben ser las mismas. En el entendido de que el acto reclamado en este juicio de amparo guarda identidad con el acto reclamado en el juicio de control constitucional remitido mediante oficio de doce de abril de dos mil diecinueve al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Máxime que aun cuando en el presente juicio de amparo se reclame la omisión legislativa atribuida al Congreso, al Gobernador Constitucional, al Secretario General de Gobierno, al Director del Archivo General de Notarias, al Colegio de Notarios, todos del Estado de Baja California, así como de la Cámara de Diputados y de Senadores, de la lectura integral del ocurso de amparo, se advierte que tales actos omisivos son controvertidos en vía de consecuencia, y no por hechos propios, pues tiene como origen el decreto por el cual se modificó la Ley de Notariado en cita. En la inteligencia que de las consideraciones de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en los juicios de que se trata, si bien se reclamó en ambos el decreto de reforma de una norma general, a saber la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, en específico los artículos 17, segundo párrafo y 44, fracción V; también es cierto que los diversos actos tienen perjuicios análogos, pues sólo son discordantes en cuanto a sobre quien recae la patente de Titular de Notario Público. En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, no debe conocer de este juicio de amparo, por tanto, envíense los presentes autos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho proceda, el cual se estima es competente para conocer de este asunto. Solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes del presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al profesionista que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia glosada en autos, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, el primero por no contar con el registro correspondiente y el diverso por así haberlo solicitado la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.

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