Santos Manuel Lopez Carmona

Expediente 470/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
470/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Santos Manuel Lopez Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, dado que se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y la definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable, el disco compacto que allegó al presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    El suscrito actuario judicial licenciado Román Manuel García Trujillo hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, no obstante el aviso que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés al quejoso, mismo que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, al quejoso Santos Manuel López Carmona, por los motivos que expone. Certificación. Ahora, dado que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Vientos Aliseos y de los Árboles, local número 87-A, Plaza Unión de Comerciantes La Mesa, fraccionamiento La Mesa en esta ciudad. Se comisiona a la actuaria. Consecuentemente, se comisiona a la actuaria de la adscripción, para que se constituya en el domicilio en cita y notifique personalmente el contenido del proveído de nueve de enero del año en curso. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, al quejoso Santos Manuel López Carmona, por los motivos que expone. Certificación. Ahora, dado que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Vientos Aliseos y de los Árboles, local número 87-A, Plaza Unión de Comerciantes La Mesa, fraccionamiento La Mesa en esta ciudad. Se comisiona a la actuaria. Consecuentemente, se comisiona a la actuaria de la adscripción, para que se constituya en el domicilio en cita y notifique personalmente el contenido del proveído de nueve de enero del año en curso. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial de Baja California remitió mediante oficio registrado con el número 117, un disco compacto, el cual contenía la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en donde se emitió sentencia absolutoria en la causa penal ********************a favor del quejoso ********************, y con tal circunstancias se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior y toda vez que toda vez que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; el suscrito estima que en el presente juicio deviene se actualiza la causal de improcedencia, ya que sobrevino un cambio de situación jurídica, por medio del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, con base en lo siguiente. En efecto, la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" En el artículo y fracción indicados, se prevé que el cambio de situación jurídica está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; finalmente, que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Elementos que resulta necesario que concurran en su totalidad en el caso que se analice, ya que de lo contrario la causa de improcedencia podría desestimarse. Lo anterior, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CXI/96 (registro 199808), que si bien analiza la Ley de Amparo abrogada, el precepto actual es casi idéntico al anterior, cuyo rubro y contenido expone: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Pues bien, cabe señalar que la causa de improcedencia que se estudia, se refiere a la irreparabilidad jurídica y no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado; es decir, que en el caso en estudio no es necesario que exista la imposibilidad física sino sólo un impedimento jurídico, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían como consecuencia actos de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido aún controvertida. En el caso concreto, de autos se tiene que en la demanda de amparo el quejoso ********************, reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, lo siguiente: "V.-ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, En su carácter de ordenadora en primer término reclamo lo siguiente: Que la autoridad C. JUEZ DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA con sede en esta Ciudad, me ha violentado mis derechos fundamentales, específicamente ya que en fecha 8 de febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de sentencia identificado con la clave de amparo en revisión ********************, y con él se tuvo un cambio de criterio respecto prisión preventiva oficiosa, determinando, entre otras cuestiones, la obligación para todas las personas juzgadoras del país a revisar la medida de prisión preventiva cuando el acusado cumpla dos años internado sin que se le dicte sentencia, en los artículos 19, 113, 155 fracción XIV, y 161 del Código Nacional de Procedimientos penales, así coma los diversos artículos 1ro, 8vo, 14, 17 y 20 apartado B Fracciones IX segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coma usted lo advertirá con el informe justificado que rendirá la autoridad responsable, misma que conforman los autos que componen la causa penal ********************, radicada ante el C. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la misma inicio el 16 de Julio de 2020, sin que a la fecha se haya dictado sentencia definitiva, prolongándose en demasía la prisión preventiva, por ello acudo a efecto de que se cese la prisión preventiva, en su lugar se ordene mi libertad personal." Esto es, el acto del que el impetrante se queja en este juicio, en esencia, lo constituye el hecho de que la autoridad responsable había sido omisa en dictar sentencia en el causa penal ********************radicada en su índice; y en consecuencia, se ha excedido el tiempo de prisión preventiva. Así, respecto de ello, la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el oficio que remitió la autoridad responsable informa veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, emitió sentencia absolutoria en la causa penal ********************a favor del quejoso ********************, lo cual acreditó con el disco compacto que remitió. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Análisis de requisitos. Precisado lo anterior, se considera que con la información que se cuenta a la fecha en que se actúa, se encuentran colmados los requisitos a que se hizo alusión para la actualización de la causa de improcedencia en análisis. a) La existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. La primera de las exigencias se estima colmada, pues en el caso el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que deriva de la causa penal ********************, del Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho, en atención a que la parte quejosa refiere que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 8, 14, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. Este elemento también se encuentra satisfecho, porque el quejoso reclamó por esta vía constitucional la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia en el causa penal ********************radicada en su índice; sin embargo, el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana, Baja California emitió sentencia absolutoria en la causa penal ********************a favor del quejoso ********************. En ese caso, si se procediera al estudio del acto reclamado, se vería afectada la resolución emitida en segunda instancia, la cual consiste en la nueva situación jurídica del quejoso, de ahí que no resulte jurídicamente posible analizar en esta instancia la constitucionalidad del acto reclamado. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Finalmente, la exigencia precisada se colma en razón de que el acto reclamado primigenio guarda autonomía e independencia respecto de la nueva situación jurídica, pues en la causa penal ********************se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en el citado procedimiento, lo que implica que no puede resolverse sobre la situación anterior (omisión de dictar sentencia), sin afectar la nueva acontecida a la postre (sentencia absolutoria), y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, puesto que al haberse dictado una sentencia absolutoria, ya no existe la afectación inherente a la dilación de que la que se dolía el inconforme (incluyendo la prisión preventiva por dicha causa penal). Por tanto, es inconcuso que ha cambiado la situación jurídica del quejoso, debiéndose considerar consumado irreparablemente el acto reclamado en esta vía constitucional, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.11o.C.28 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las once horas con treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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