Saul Aguilera Romero
Expediente 142/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Saul Aguilera Romero
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se negó la protección constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se negó la protección constitucional; este expediente es susceptible de depuración. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Juez Primero de Distrito en el Estado, las constancias que se exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil vente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 142/2020-IV, promovido por Saúl Aguilera Romero, contra un acto de la Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDOS I. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido al día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Octavo de Distrito del Noveno Circuito, Saúl Aguilera Romero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: El JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal resolución dictada el 17 de Enero de 2019 (sic), que confirmó la negativa de investigar el paradero del patrón de mi contendiente para efecto de lograr comunicarle que le embargue su sueldo, todo ello dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil que promuevo en contra de HECTOR FELIPE MARTINEZ CALLEJA, y que es relativo al expediente número 43/2017 del índice del JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO." II. El peticionario del amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló a la parte tercero interesada; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. III. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, registrándose el expediente bajo el consecutivo 142/2020-IV, en el Libro de Gobierno; se pidió informe con justificación de la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se le dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo reseñado por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto que se combate se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Previo al estudio del presente asunto, conviene precisar cuál es el acto que se reclama, a efecto de fijar con exactitud la litis y estar así en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Así, del análisis integral del escrito de demanda y del ocurso aclaratorio de la misma, se llega a la conclusión de que el agraviado Saúl Aguilera Romero, en esencia, reclama la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, emitida en el expediente de origen, que dirimió el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se negó la petición de ordenar investigar el domicilio de la empresa en la que labora el demandado, a fin de que le embargue su sueldo. Siendo pertinente destacar que la misma se dictó en acatamiento a una sentencia de amparo dictada por este órgano de control constitucional, en los autos del juicio 985/2019-IV, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el acto reclamado, y con libertad de jurisdicción emitiera otra resolviendo lo conducente tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos por el quejoso en el aludido recurso. TERCERO. Es cierto el acto que el quejoso atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así se advierte del contenido del informe con justificación que al efecto rindió su Titular, además de que así se desprende de las constancias que la citada autoridad acompañó a dicho informe. Documental esta última consistente en copia certificada de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 43/2017 de su índice, y a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al tratarse de una reproducción certificada respecto de actuaciones practicadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. No existiendo causal de improcedencia alguna hecha valer por las partes, ni que sea advertida de oficio por este juzgado de Distrito, procede abordar el estudio del fondo del asunto. En primer lugar, conviene relatar, aun de forma sumaria, los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de lo narrado bajo protesta de decir verdad en los escritos inicial y aclaratorio de demanda, así como de las constancias inherentes al juicio ejecutivo mercantil 43/2017, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a las cuales se les reitera su pleno valor probatorio; así, se tiene que: a) Que en el juicio ejecutivo mercantil 43/2017 promovido por Saúl Aguilera Romero, en contra de Héctor Felipe Martínez Calleja, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se trabó formal embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo que percibiera el demandado; por lo que mediante oficio 19189/2018 se solicitó a WWL/VSM LOGISTICS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como patrona del reo, realizar el descuento decretado; lo anterior, de acuerdo al proveído de tres de abril de dos mil diecinueve (foja 29 del anexo). b) Posteriormente, el ocho de marzo de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente a la empresa WWL/VSM LOGISTICS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para que informara y acreditara a cuánto había ascendido el descuento practicado sobre las percepciones extraordinarias del demandado, referente al aguinaldo, así como al finiquito (fojas 3 y 4 del legajo de pruebas). c) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el actor, aquí quejoso, solicitó en ampliación de embargo, el sueldo que percibe el demandado Héctor Felipe Martínez Calleja en la sociedad Vera Soluciones Administrativas y de Personal; asimismo, solicitó que se giraran oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Administración Tributaria y Secretaría de Finanzas, tanto de San Luis Potosí, como del Estado de Coahuila, para que proporcionaran el domicilio actual de la empresa citada, toda vez que manifestó que desconocía el mismo; peticiones que el dieciocho siguiente la responsable declaró improcedentes en virtud de que el domicilio que proporcionó de la moral, no correspondía al actual y correcto, y porque de conformidad con el artículo 1070 del Código de Comercio dispone que la investigación que se haga ante una autoridad o institución pública que cuente con registro de personas, será con la finalidad de notificar a la persona buscada, siendo que acorde con lo peticionado por el promovente, a quien se trataba de localizar es al reo y no a la persona moral (fojas 140, 143, 147 y 148 del cuaderno de pruebas que obra por separado). d) Inconforme con lo anterior, Saúl Aguilera Romero interpuso recurso de revocación en contra del proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mismo que se admitió a trámite el veintiuno siguiente; se citó a las partes para el dictado de su sentencia el cuatro de julio de dos mil diecinueve, mismo que se resolvió el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, declarándolo infundado (fojas 153, 158, 244 y 312 a 317 del anexo). e) La parte actora en el juicio, interpuso juicio de amparo indirecto contra esta última determinación, tocando conocer del mismo a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, bajo el expediente 985/2019-IV, el cual fue resuelto el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se concedió la protección constitucional por vicios formales y, se concedió el amparo a efecto de que la autoridad dejara sin efectos dicha determinación, dictando otra con plenitud de jurisdicción, en la que considerara todos y cada uno de los argumentos vertidos por el quejoso en el recurso de revocación, observando los requisitos de fundamentación y motivación (fojas 398 a 400 del anexo); y, f) En cumplimiento a ese fallo, la autoridad ordenó dejar sin efectos la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve y, con fecha diecisiete de enero del año en curso, emitió una diversa en la que consideró infundado el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 414 a 422 del anexo). Resolución la anterior que constituye el acto que por esta vía se combate. Ahora bien, la resolución reclamada en su parte medular señala lo siguiente: "Cumplimiento al fallo protector Con base en lo expuesto en la sentencia del amparo indirecto precisado, los agravios del recurrente son los siguientes: 1. Que el juez debe decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad, y que la ejecución de las sentencias ejecutorias al ser de orden público, le importa su cumplimiento no sólo al acreedor, si no a la sociedad misma. 2. De ahí que si el gobernado no tiene modo de investigar la localización de la persona moral, sólo por dicha autoridad, que cuenta con el ius imperius, podrá lograrse la ampliación del embargo. 3. Que la ley debe de interpretarse en el sentido de poder investigar el paradero del patrón, resultando intrascendente si la buscada es un tercero, porque se está impidiendo un efectivo acceso a la justicia. 4. Que esa idea ha sido respetada en el desarrollo del juicio, esto es, en proveídos de once de marzo y doce de junio, de dos mil diecinueve, al autorizarse corroborar si WWL/VSM LOGISTICS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, seguía siendo patrona de su deudor, y si existía un juicio laboral, por lo que no entiende porqué el Juez cambió su criterio. 5. Finalmente, adujó que no comprendía cómo se habló que buscaba a la parte vencida, si lo que le interesa es notificar al nuevo jefe del demandado, la sociedad Vera Soluciones Administrativas y de Personal. Los agravios del recurrente se estudiaran en orden diverso al propuesto, sin que lo anterior implique no dar contestación a dichos planteamientos. En primer término, resulta infundado el agravio identificado con el número 1, en el cual el actor afirma que el juez debe decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad. Lo anterior es así, dado que los actos que este órgano dicte en el ejercicio de su función jurisdiccional, necesariamente deben estar apegados al marco normativo aplicable, es decir, dichos actos procedimentales por tratarse de actos de autoridad, deben de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica. De lo anterior se obtiene, que el hecho de que alguna de las partes solicite al órgano judicial el desahogo de alguna diligencia, bajo el razonamiento de que dicho acto sea en favor del descubrimiento de la verdad, ello no implica per se, que el órgano jurisdiccional deba proveer favorablemente cualquier solicitud sometida a su potestad, pues tal supuesto está sujeto a que el juez de la causa verifique la procedencia o no, de esa solicitud. Ello garantiza a las partes el respeto a los principios legalidad, de seguridad jurídica y debido proceso. Se cita al respecto la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993, página 263, del rubro y texto siguientes: "GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad. De ahí que las partes sometidas al procedimiento deben atender las reglas que lo rigen, en todos y cada uno de sus actos procesales, incluidas las peticiones que eleven ante el juzgador, entre estas, aquellas que tienen estrecha relación con el cumplimiento a la sentencia. Es decir, que las solicitudes de las partes en el juicio, incluida la etapa de ejecución, deben atender la normativa aplicable. Lo anterior, pues si bien el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social, ello no conlleva que el juzgador deba declarar como procedentes solicitudes que están fuera del marco legal. De ahí lo infundado del primer agravio del recurrente. Por lo que hace al diverso motivo de agravio señalado con el número 2, en que el actor manifiesta que el gobernado no tiene modo de investigar la localización de la persona moral, que sólo por esta autoridad, que cuenta con el ius imperius, podrá lograrse la ampliación del embargo; el mismo deviene infundado. En efecto, el actor incidentista parte de una premisa desacertada al sostener que la investigación del domicilio del patrón del demandado es la forma de lograr la ampliación del embargo. Pues la negativa de la procedencia de la solicitud, del actor, en los términos en que fue planteada, no impide, la ampliación del embargo. Ya que, a través de diversas gestiones el actor incidentista puede conocer si el demandado posee bienes susceptibles de embargo, y así solicitar su ampliación; verbigracia a través de la búsqueda de cuentas bancarias, registros, entre diversas gestiones, relacionadas con el demandado, quien es parte en el controvertido. Ejemplo de lo anterior, son los autos de once de marzo y doce de junio, ambos de dos mil diecinueve, que inclusive hace referencia el recurrente en su escrito de agravios y que en lo que interesa, respectivamente, dicen: ". San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Téngase recibido el escrito del actor Saúl Aguilera Romero, por el que refiere que la moral WWL/VSM LOGISTCS, sociedad de responsabilidad de capital variable, no realizó los depósitos de los descuentos practicados sobre las percepciones extraordinarias del demandado Héctor Felipe Martínez Calleja, referente al aguinaldo, así como al finiquito, por lo que solicita se requiera a la aludida persona moral para que exhiba el remanente correcto de salario que debió descontar al trabajador demandado; pidiendo además de gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que informen a este Juzgado si Héctor Felipe Martínez Calleja, con NSS 41089203602 se encuentra laborando, y de ser así, indiquen el nombre de su patrón y su domicilio... . Por otra parte, en relación a la segunda de las peticiones del promovente, con idéntico precepto leal invocado, requiérase al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto, de que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si dentro de sus sistemas se encuentra dado de alta como trabajador Héctor Felipe Martínez Calleja, con NSS 41089203602, y en caso afirmativo proporcionen el nombre de su patrón y su domicilio. . (foja 340). Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil diecinueve. . Escrito con registro 8463 Por otra parte, téngase recibido el escrito del actor Saúl Aguilera Romero; atento a su contenido se acuerda: . Requerimiento Finalmente, como lo pide Saúl Aguilera Romero en el ocurso con el que se ha dado cuenta, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que dentro del término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito, si existe demanda o algún procedimiento en materia laboral en contra de la moral WWL/VSM LOGISTICS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable representada por su apoderado legal Eduardo Mendoza González, justificando lo anterior con copia certificada de las documentales respectivas ." (fojas 468 y 469). Proveídos en los que las gestiones ordenadas por este Juzgado versaron sobre información relacionada con el demandado, consistente, primero, en indagar si estaba dado de alta como trabajador en algún ente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y segundo, en la existencia de un juicio laboral entablado por la parte reo en contra de la empresa para quien laboró y que fue la que realizó las retenciones de salario derivadas del embargo decretado en el juicio del que deriva el presente recurso. De la exposición anterior, también se evidencia lo infundado del agravio identificado con el número 4, en el que el actor refiere que el auto combatido es incongruente con los autos de once de marzo y doce de junio, de dos mil diecinueve, antes transcritos, dado que, contrariamente a lo sostenido por el actor, y en contraposición al auto recurrido, se reitera que, esas gestiones versaron sobre información relacionada con el demandado y no con un tercero ajeno a la contienda. Por tanto, la negativa asentada en el auto recurrido, no es incongruente con dichos autos. En esa misma línea de pensamiento es que deviene infundado el agravio identificado con el número 3, en el cual el actor refiere que la ley debe de interpretarse en el sentido de poder investigar el paradero del patrón, resultando intrascendente si la buscada es un tercero, porque se está impidiendo un efectivo acceso a la justicia. Ya que, lo improcedente de dicha petición deviene en el hecho de que la solicitud del actor consiste en que esta autoridad investigue el domicilio de Vera Soluciones Administrativas y de Personal, Sociedad Anónima de Capital Variable; ente moral que, según lo afirmado por el actor al momento de la presentación del escrito respectivo, tiene el carácter de patrón del demandado, quien no es parte en el presente juicio; ya que contrario a lo manifestado por el recurrente, el hecho de que la investigación que solicita versa sobre un tercero, sí tiene relevancia dado que artículo 1070 del Código de Comercio, únicamente faculta al juez para que requiera a diversas autoridades con el fin de conocer el domicilio del demandado, y con ello, lograr que sea emplazado a juicio. Entonces, si la petición elevada es en el sentido de investigar el domicilio de un tercero ajeno al negocio, existe impedimento legal para requerir a las autoridades sobre un dato personal de un tercero ajeno al juicio, pues no existe mandato legal en el Código de Comercio que faculte al órgano judicial para indagar el domicilio de un ente que no forma parte de la relación procesal. Finalmente, es fundado pero inoperante el agravio identificado con el número 5 en que adujó que no comprendía cómo se habló que buscaba a la parte vencida, si lo que le interesa es notificar al nuevo jefe del demandado, la sociedad Vera Soluciones Administrativas y de Personal. Ya que, como se dijo en líneas que anteceden, la improcedencia de la solicitud recae en el hecho de que el quejoso solicitó información respecto del ente patronal (domicilio) y no del trabajador. Pues incluso en su escrito de agravios el propio recurrente afirmó que no peticionó conocer el domicilio del demandado, sino que su pretensión es conocer el domicilio de la fuente de trabajo del reo. Entonces, el hecho de que en el auto recurrido se haya asentado "siendo que acorde con lo peticionado por el promovente, a quien se trata de localizar es al reo Héctor Felipe Martínez Calleja y no a la moral que menciona", deviene inexacto, pues se reitera, la información que el actor intentaba recabar a través de su solicitud es respecto al domicilio del patrón del demandado. No obstante, la imprecisión destacada no modifica el sentido de la negativa de la procedencia de la solicitud, lo anterior con base en los motivos, consideraciones y fundamentos asentados en el auto recurrido y en esta interlocutoria. De ahí lo fundado e inoperante del agravio en estudio. Con lo anterior, este Juzgado da contestación a todos y cada uno de los agravios formulados por el recurrente, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 985/2019-IV de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; agravios que resultaron infundados y fundado pero inoperante el último de ellos, por tanto, lo procedente es confirmar el auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve." Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación alega en síntesis, lo siguiente: I.- Que causa lesión a sus intereses que la Juez se cierre a que la única investigación que puede suceder en el expediente natural, debe ser para buscar a la demandada, previo a llamarla a juicio, ignorando los argumentos que vertió en el sentido de encontrarse inhabilitado para averiguar por sí mismo donde notificarle a Vera Soluciones Administrativas, sociedad anónima de capital variable, el auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, y que corresponde a la autoridad apoyarle a lograr ese cometido, al pertenecer al orden público el procurarse cumplimentar una ejecutoria. II.- Que la petición de diecisiete de junio de dos mil diecinueve no tiende a llamar a juicio a una persona que fue condenada en sentencia definitiva, sino a que se pague el adeudo fincado, y el operador estaba en posibilidad de obtener la verdad sobre el paradero de la sociedad perdida, en razón de que la ley no prohíbe expresamente esa posibilidad, siendo que el artículo 1070 del Código de Comercio, atiende a una finalidad que se dejó atrás en el procedimiento. III.- Que el sentido del auto de ocho de marzo, implicaba revelar el domicilio del empleador del demandado Martínez Calleja, lo que es clave para concluir cómo hubo una contradicción entre esa resolución y la que se recurrió, porque en la primera no tuvo problema para invadir la privacidad de una empresa, pero en la segunda se negó tajantemente a recabar información de un tercero que se vio inmiscuido en el asunto judicial; y, IV.- Finalmente, se tiene que el quejoso se duele de que la responsable pretende insinuarle que debe elegir un diverso bien para señalarlo como garantía, como son las cuentas bancarias de la contraparte, para así convertir en inmodificable su decisión, lo cual estima incorrecto, ya que no pretende preparar una ampliación de embargo, sino cumplimentar la que ya fue decidida. Establecido lo anterior, se considera que los conceptos de violación que se derivaron del análisis de la demanda, por un lado devienen infundados, y por otra parte inoperantes por insuficientes, sin que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por la ley para suplir la queja deficiente. Para evidenciar lo anterior, conviene destacar en primer término, que de las consideraciones que la juzgadora de origen tuvo para declarar infundados los agravios de la recurrente, así como fundado pero inoperante uno de ellos, se destacó que la improcedencia de la solicitud del promovente, en cuanto a enviar oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, y Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad así como en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que proporcionen el domicilio de Vera Soluciones Administrativas y de Personal, Sociedad Anónima de Capital Variable, se debió a que la información que el actor intenta recabar es respecto del domicilio del patrón del demandado y no directamente del reo. Siendo que para sostener el sentido de su resolución, la juez federal actuando como juez de instancia en el procedimiento mercantil de que se trata, señaló que contrario a lo afirmado por el recurrente, los actos que realice dicho órgano en ejercicio de su función jurisdiccional, deben estar apegados al marco normativo aplicable, a efecto de garantizar a las partes el respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Asimismo, destacó que la negativa de la solicitud del actor, en los términos en que fue planteada, no impide la ampliación del embargo, ya que a través de diversas gestiones, el actor incidentista puede conocer si el demandado posee bienes susceptibles de embargo, y así solicitar su ampliación; como por ejemplo, a través de la búsqueda de cuentas bancarias, registros, entre diversas gestiones, relacionadas con el demandado, quien es parte en el controvertido. Señalando que un ejemplo de ello, son los autos de ocho de marzo y doce de junio, ambos de dos mil diecinueve, de los que se desprende que dicho juzgado ordenó gestiones que versaron sobre información relacionada con el demandado, consistentes, primero, en indagar si este último estaba dado de alta como trabajador en algún ente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y segundo, en la existencia de un juicio laboral entablado por la parte reo en contra de la empresa para quien laboró y que fue la que realizó las retenciones de salario derivadas del embargo decretado en el juicio del que deriva el recurso. Por lo que lo determinado en esos proveídos no era incongruente con el sentido del auto de dieciocho de junio de ese año, ya que las gestiones ahí ordenadas versaron sobre información relacionada con el demandado y no con un tercero ajeno a la controversia. Insistiendo en que la improcedencia de la petición deviene del hecho de que la solicitud del actor consiste en que dicha juzgadora investigue el domicilio de un ente moral que tiene el carácter de patrón del demandado, quien no es parte en el aludido juicio, cobrando relevancia ese hecho, ya que el artículo 1070 del Código de Comercio, únicamente faculta al juez para que requiera a diversas autoridades con el fin de conocer el domicilio del demandado y, con ello lograr que sea emplazado a juicio, sin que existe mandato legal para requerir a autoridades sobre un dato personal (domicilio) de un tercero ajeno a la controversia. Luego entonces, retomando el análisis de los conceptos de violación, deviene desacertada la apreciación del quejoso, en cuanto a que la juez del conocimiento se cierre a que la única investigación que puede suceder en el expediente natural, debe ser para buscar a la demandada, previo a llamarla a juicio, pues al atender los argumentos que vertió, la autoridad fue clara en señalar que los términos en que se planteó la solicitud, fue la razón que impidió acordar de conformidad su petición. Es decir, que al haberse peticionado directamente el dato sobre la moral patronal y no respecto al reo Héctor Felipe Martínez Calleja, fue lo que fundamentalmente impidió proceder conforme lo peticionó. Es decir, en modo alguno la autoridad ha negado a la ejecutante el auxilio para lograr obtener información, registros u otras gestiones respecto a aquél, sino que simplemente ha destacado que la forma en que se pidió ese apoyo por parte del actor, impide declarar procedente la investigación del domicilio de la empresa citada, por el hecho de que éste no es parte en el controvertido de origen. Siendo de igual forma clara la resolución, respecto a que la petición de diecisiete de junio de dos mil diecinueve no tiende a llamar a juicio a la persona condenada en sentencia definitiva, pues basta analizar el estudio del agravio quinto, en donde se consideró que el auto combatido contenía una imprecisión, al señalar que acorde a lo peticionado por el promovente, a quien se trataba de localizar es al reo Héctor Felipe Martínez Calleja y no a la moral que menciona. Empero que dicha circunstancia era inoperante para modificar el acuerdo, ya que insistió la juez, que la información no se solicitó respecto al demandado, aquí tercero interesado. Por lo que tampoco asiste razón al impetrante, al destacar que la juez se aprovecha de la redacción del auto de ocho de marzo, para intentar hacer creer que cambio su sentido -según se lee en la demanda-, pues pese a que se solicitó a los entes de seguridad social dónde trabajaba en ese momento Martínez Calleja, tal situación implicaba revelar el domicilio de su empleador, lo cual estima clave para concluir que hubo una contradicción entre esa resolución y la que se recurrió. Se afirma lo anterior, ya que no se desprende que la juez responsable hubiese cambiado el criterio en dichas actuaciones, pues no obstante que en los autos de ocho de marzo y doce de junio de dos mil diecinueve, haya acordado favorablemente sus peticiones, lo cierto es que la diferencia que la propia autoridad destacó, fue que las solicitudes de investigación se hicieron respecto al demandado y no directamente de su empleador, por lo que si bien se solicitó, en su caso, el informe del domicilio de la parte patronal, ello era una consecuencia del informe principal referente a si Héctor Felipe Martínez Calleja, se encontraba dado de alta ante los organismos de seguridad social. De ahí que no asista razón al inconforme en ese aspecto. Asimismo, no se considera correcta la apreciación del quejoso, en cuanto a que la responsable pretende insinuarle que debe elegir un diverso bien para señalarlo como garantía, como son las cuentas bancarias de la contraparte, para así convertir en inmodificable su decisión; con lo cual se mermaría el derecho que tiene de elegir el objeto de embargo. Lo anterior, ya que se insiste en que el sentido de la resolución, no representa que la juez del proceso niegue auxiliarlo a efecto de lograr obtener información, registros u otras gestiones respecto al demandado, sino que sencillamente la forma en que planteó la solicitud hace que no sea posible indagar directamente datos de un tercero ajeno a la controversia. Además de que, en modo alguno significa que la juez hubiese sugerido que debe el actor elegir diverso objeto de embargo para logar el cumplimento de la sentencia, pues si bien hizo referencia al embargo de cuentas bancarias, ello lo realizó a guisa de ejemplo respecto a las gestiones que el actor puede realizar para conocer datos del demandado. Consecuentemente, devienen infundados los argumentos vertidos vía conceptos de violación, pues se reitera que la autoridad no ha negado investigar datos relacionados con el demandado, pues el hecho de que se planteara la solicitud respecto a indagar directamente los datos de su empleador, que a decir, es ajeno al contradictorio de origen, fue lo que motivó la improcedencia de la misma, derivándose de las consideraciones de la juzgadora de origen, que en todo caso, la parte actora debe solicitar indagar los datos solicitados, pero haciéndolo respecto al demandado directamente. Por lo que al no derivarse en ese sentido, negativa de indagar los registros del aludido demandado, no se advierte que la resolución reclamada cause agravio a los derechos fundamentales de la parte actora, aquí quejosa, respecto a la ejecución de la sentencia. Aunado a que tanto la autoridad señala que al haberse solicitado información directa de un tercero, cobra relevancia el contenido del artículo 1070 del Código de Comercio, que sólo la faculta para requerir a diversas autoridades con el fin de conocer el domicilio del demandado, mientras que el quejoso señala que dicho numeral no prohíbe expresamente la posibilidad de obtener el paradero de la sociedad buscada. Respecto a ese tópico, los motivos de inconformidad devienen inoperantes por insuficientes, ya que la sola manifestación que hace la parte quejosa no tiene el alcance de controvertir los señalamientos dados por la autoridad al responder el agravio identificado como número 1, en el que la autoridad responsable hizo mención a que dicho órgano jurisdiccional debe emitir actos que se encuentren apegados al marco normativo aplicable, acorde a los motivos ahí expuestos. Consideraciones que deben analizarse en correlación con las razones dadas al contestar el agravio tercero, y donde la autoridad indicó que el aludido numeral 1070 del Código de Comercio, sólo lo faculta para requerir a diversas autoridades por el domicilio del demandado; además de que no existe mandato en ese Código que faculte al órgano para indagar el domicilio de un ente que no forma parte de la relación procesal. Siendo que si la parte quejosa se limita a señalar que el aludido arábigo no prohíbe expresamente la posibilidad de obtener el paradero de la empresa citada, resulta evidente que no ataca debidamente las consideraciones señaladas por la responsable, para negar realizar el trámite solicitado en la forma en que fue planteada. Sin que la cita de las tesis señaladas en la demanda, complementen los conceptos de violación, ya que los mismos se refieren a la facultad del órgano jurisdiccional de localizar al demandado, así como la posibilidad del juez de recabar pruebas para mejor proveer, empero no se desprende que contemplen el supuesto analizado por la juzgadora. En ese contexto, atenta a la calificación de los conceptos de violación, procede negar al quejoso Saúl Aguilera Romero, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita contra el acto que reclama a la Juez Primero de Distrito en el Estado, consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veinte. Por lo expuesto, y fundado; y con apoyo además, en los artículos 103 fracción I, 107 de la Constitución General de la República, así como en los numerales 107 fracción V, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Saúl Aguilera Romero, contra la autoridad y respecto del acto que quedó precisado en el resultando primero de esta resolución, por los motivos indicados en el último considerando de la sentencia. Notifíquese personalmente.
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