Sara Vanessa Paez Polo
Expediente 1608/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1608/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sara Vanessa Paez Polo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la resolución dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios 1114/2023 al 1116/2023, dirigidos a las autoridades responsables foráneas, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión contra la sentencia, pues no se le ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido el informe justificado de cuenta. Determinación. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que ya se resolvió el presente juicio. Domicilio y delegados. Sin necesidad de proveer respecto al domicilio y delegados señalados, ya que se acordó lo conducente en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidó. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Ténganse por recibidos y agréguense a los autos el escrito y oficio de cuenta. Alegatos. En atención a al primero de ellos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Cumplimiento. En relación al segundo, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento de doce de enero del año en curso. Causa de improcedencia. Ahora bien, visto el contenido del oficio y anexo de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo1 , que establece que el juicio de 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política amparo es improcedente cuando exista un cambio de situación jurídica. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación: ? Desde el ámbito de sus competencias, la creación, discusión, votación, aprobación, sanción y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración2 . Del Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Encargada de la Estación Migratoria, todos de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: ? La omisión de emitir la libertad de la estación migratoria de la quejosa, aun cuando transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas, así como el primer acto de aplicación del ya mencionado artículo 111 de la Ley de Migración. de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; 2 Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el pasado tres de enero, se dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo, ante la imposibilidad material de continuarlo, ya que la aquí quejosa Sara Vanessa Páez Polo incumplió con la obligación impuesta consistente en el control de firmas. Por tanto, se arriba a la conclusión de que ha operado un cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado a la quejosa. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida, la autoridad que llevó a cabo el procedimiento administrativo instaurado en contra de la quejosa, remitió el pasado dieciséis de diciembre, copia certificada del acuerdo de salida de la aquí quejosa, de igual forma, en los anexos de cuenta se recibió el acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio de tres de enero de dos mil veintitrés, ambos dictados en el expediente 5889, de lo que se observa que con fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós, se dictó el acuerdo de salida de la parte quejosa y se puso en inmediata libertad, asimismo, al no haber cumplido la directamente quejosa, con las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias, resultó imposible la continuación del procedimiento administrativo migratorio, por lo que se declaró la conclusión del mismo en el segundo de los acuerdos citados. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estudio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) La resolución de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por el acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento fuera de audiencia por lo que respecta a la norma impugnada. Por tanto, al haberse decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia por lo que hace al acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, en consecuencia, también debe sobreseerse respecto al acto reclamado consistente que versa sobre los preceptos legales reclamados, en virtud de que cuando se promueve el juicio de amparo contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de nuestro más Alto Tribunal funcionando en Pleno, publicada en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Primera Parte, Séptima Época, cuyo contenido se transcribe a continuación: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.- Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. Audiencia constitucional. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintitrés. Consulta del expediente. De la consulta del expediente se advierte que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. Por otra parte, se desprende que mediante auto de cinco de enero del año en curso, se dio vista a la autoridad responsable con el informe de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, con el fin de que estuviera en aptitud de resolver el procedimiento administrativo, sin que a la fecha haya informado lo decidido. Requerimiento. Por tanto, requiérase al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de represenatción del Instituto Nacional de Migración en el Estado, para que en un término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional el estado del procedimiento administrativo migratorio y de ser el caso de haberse resuelto envíe las constancias referentes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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