Saturnino Galindo Marroquín

Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
135/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Saturnino Galindo Marroquín
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Con Residencia En San Luis Acatlán, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 135/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Saturnino Galindo Marroquín, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero. EJECUTORAS 2) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica, con domicilio en Ometepec, Guerrero. 3) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero. 4) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Marquelia, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad designada como ordenadora reclamo la orden de aprehensión, reaprehensión dictada en mi contra. De las señaladas como ejecutoras el cumplimiento que pretenden darle a dicha orden judicial sobre mi búsqueda y captura". SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 135/2018, se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente tanto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita como al representante social adscrito al juzgado de origen; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia constitucional la orden de reaprehensión librada en su contra el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 79/2010-I, que se le instruye por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor, aquí tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán y su ejecución; sin que obste el hecho de que en la demanda se hubiere designado como acto reclamado una orden de aprehensión, pues su indebida denominación no conduce al sobreseimiento del juicio por su inexistencia en la forma expuesta en la demanda de amparo, sino al concatenar la información proporcionada en ésta en relación con las constancias que obran en autos para entonces resolver la cuestión efectivamente planteada, es decir, del acto restrictivo de la libertad de que se trata. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, en virtud de que así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal número 79/2010-I, que acompañó a su informe justificado el juez responsable (tomo I de prueba), la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica, el Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, así como el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en Ometepec, San Luis Acatlán y Marquelia, todos de Guerrero, respectivamente, al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridades ejecutoras con el que fueron señalados en el presente juicio e independientemente de que conozcan o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que les son propias, se encuentran en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa se limitó a sostener como motivos de disenso, que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales; conceptos de violación que se estiman infundados, aun suplidos en su deficiencia, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues el acto reclamado es relativo a la materia penal y la parte quejosa es el propio inculpado. Para llegar a tal conclusión, es necesario tener presente los antecedentes directos de la orden de reaprehensión reclamada, que se extraen de las actuaciones que conforman la causa penal 79/2010-I que se le instruye (tomo I de prueba), mismas que fueron valoradas en el párrafo segundo del considerando que antecede, los cuales son: 1. Mediante comparecencia de cinco de mayo de dos mil diez Bernarda Guzmán Mier, presentó ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, formal querella por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de su menor hijo Luis Manuel Galindo Guzmán (aquí tercero interesado). 2. En la misma data, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, radicó y dio inició a la averiguación previa número ALT/SC/88/2010. 3. Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 83/2010 de catorce de mayo de dos mil diez, se consignó la averiguación previa que por razón de turno, correspondió conocer al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, quien por acuerdo de veintiuno de mayo del mismo año la radicó con el número de causa penal 79/2010-I, y por resolución de once de junio siguiente giró orden de aprehensión en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán. 4. El dieciocho de junio de dos mil diez, compareció voluntariamente el quejoso a someterse a la acción de la justicia, a quien en auto de esa misma fecha se le decretó su detención legal, y con las formalidades que el caso ameritó, en audiencia pública efectuada en esa misma data le fue tomada su declaración preparatoria, en la que hizo uso de la garantía prevista en la fracción I, apartado A, del artículo 20 Constitucional, motivo por el cual el juez responsable fijó la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), como fianza que debía garantizar el inculpado para obtener el beneficio de su libertad caucional. 5. Mediante comparecencia de esa misma fecha, el inculpado de referencia exhibió la ficha de depósito de la fianza que le fue fijada para obtener su libertad caucional; diligencia en la que se le hicieron saber las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, entre ellas, la de presentarse ante ese órgano judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución los días viernes de cada semana, con el apercibimiento que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le indicaron, traería como consecuencia la revocación de la libertad provisional concedida, además la cantidad exhibida se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado y se ordenaría su reaprehensión. 6. En resolución de plazo constitucional de veinticuatro de junio de dos mil diez, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán. 7. Seguida sus etapas procesales, por sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil catorce, el juez responsable impuso al quejoso una pena de prisión de un año y cuatro meses, por el delito precisado en el párrafo anterior, concediéndole a su elección diversos beneficios, tales como el de sustitución de la pena de prisión por cuatrocientos ochenta y cinco jornadas de trabajo a favor de la comunidad, el de semilibertad, el de tratamiento en libertad, el de suspensión condicional de la pena, entre otros, así como el término de quince días hábiles contados a partir de que causara ejecutoria la sentencia para que se recluyera voluntariamente en el Centro Penitenciario de esta ciudad o en su caso manifestara si se acogía a alguno de los beneficios concedidos, prorrogándose durante ese lapso el beneficio de su libertad caucional, con el apercibimiento que de no hacerlo así se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, resolución que le fue notificada personalmente el diecisiete del mismo mes y año. 8. El nueve de enero de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia y se requirió al sentenciado, aquí quejoso, para que en el término de quince días se recluyera de manera voluntaria en el centro penitenciario de esta ciudad a compurgar la pena de prisión impuesta o en su caso manifestara si se acogía a alguno de los beneficios concedidos en la sentencia, plazo durante el cual se prorrogaba el beneficio de la libertad caucional del que venía gozando, apercibido que de no hacerlo así se libraría en su contra orden de reaprehensión y la garantía exhibida se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. 9. Finalmente, en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, certificó que el ahora sentenciado, aquí quejoso desde el diecisiete de octubre de dos mil catorce, dejó de firmar la libreta de procesados que se encuentran gozando del beneficio de libertad caucional, incumpliendo con una de las obligaciones procesales que le fueron impuestas al otorgársele dicho beneficio; por tanto, el Juez responsable revocó el beneficio de la libertad otorgado y ordenó la reaprehensión del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, en términos de lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Tomando en consideración lo anterior, se puede sostener válidamente que en el caso, la orden de reaprehensión impugnada no resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales como lo argumenta el peticionario del amparo, como se expone a continuación. Se estima que el acto reclamado no viola las garantías individuales contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el juez de la causa aplicó artículos vigentes a la fecha de su emisión, los cuales citó con precisión para fundar la orden de reaprehensión, como son los preceptos constitucionales citados en el párrafo que antecede, los numerales 76, 152, fracción II y 153, párrafo primero, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, razón por la cual no puede sostenerse que haya aplicado en perjuicio del quejoso una norma en forma retroactiva. Además, la orden combatida no constituye un acto privativo, sino de molestia, ya que los actos de privación son aquellos que producen disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia, constituyen una afectación temporal a la esfera jurídica de aquél y, por ende, no producen una pérdida definitiva de un derecho, sino que sólo lo restringen de manera provisional o preventiva, de manera tal que constituye un medio para la consecución de una finalidad específica, por lo que en el presente caso, la orden de reaprehensión solamente tiende a hacer efectiva la obligación procesal adquirida por el quejoso cuando obtuvo la libertad caucional ante el juez de origen, tal como ir a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, los días viernes de cada semana, (misma que previa petición del sentenciado, se modificó a fin de que acudiera a firmar el referido libro cada quince días, en razón de la distancia); lo que de ninguna manera implica la pérdida o restricción de libertad de manera definitiva, de ahí que el acto reclamado tenga el carácter de simple medio o conducto para hacer cumplir una determinación provisional, resultando así inaplicables los restantes extremos contenidos en el segundo párrafo del precepto constitucional de referencia. Asimismo, la orden de reaprehensión reclamada tampoco es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 16 Constitucional, ya que del contenido del auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se aprecia que goza de la debida fundamentación y motivación que una resolución de esa naturaleza debe de contener, pues el juez responsable, expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideraba procedente librar en contra del quejoso, la orden de reaprehensión, ya que para tal efecto indicó que ello obedecía a que no había acudido ante ese recinto judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, lo anterior, de conformidad con el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Es por ello que el acto de molestia reclamado, está debidamente fundado y motivado, al estar expresadas las causas inmediatas por las cuales el juez responsable estimó procedente la reaprehensión del quejoso, adecuando su actuación exactamente a las porciones normativas de referencia; de ahí que no exista infracción a las garantías individuales contenidas en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional. Ello es así, en virtud de que el veinticuatro de junio de dos mil diez, se le dictó auto de formal prisión y posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán, previsto y sancionado por el artículo 188, del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual dispone lo siguiente: "188. Al que no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. Los concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo. Este delito se perseguirá por querella del ofendido o de su legítimo representante y a falta de éstos, el Ministerio Público procederá de oficio a reserva de que se promueva la designación de un tutor especial. No se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto las que se hubiesen impuesto, cuando el obligado pague todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos o se someta al régimen de pago que el juez o la autoridad ejecutora, en su caso, determinen, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer. El agraviado o el representante podrá optar por demandar previamente ante las autoridades judiciales, el pago de la pensión alimenticia o podrá querellarse ante el Ministerio Público, por el delito que prevee (sic) este artículo. Si el obligado paga todas las cantidades debidas o se somete al régimen de pago que el Juez le señale, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer, se decretará el sobreseimiento en la causa, atendiendo a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales. (...)." De modo que la libertad personal del quejoso se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar a su favor, al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que se le impusieron al otorgársele la libertad caucional, como lo es el de presentarse inicialmente todos los viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo caución y posteriormente cada quince días en razón de la distancia, al ser modificada en atención a su petición, es evidente que su conducta contumaz trajo como consecuencia la emisión de la orden de reaprehensión que reclama, pues se ubicó en el supuesto a que se refiere el artículo 153, párrafo primero, en relación con los numerales 152, fracción II, y 150, fracción I, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero que establecen: "Artículo 153. Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. (.)." "Artículo 152. Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal. (.)." "Artículo 150. El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se le darán a conocer en la notificación del auto que la conceda: I. Presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido; (.)." Como se advierte, en términos del artículo 150 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, el ahora sentenciado a quien se otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, previamente notificado, contrajo, entre otras obligaciones la de "presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido"; asimismo el arábigo 152 en su fracción II, señala que la revocación de la libertad se realizará cuando el inculpado incumpliere sin justificación las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal que conozca el asunto y finalmente, el artículo 153, indica se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado al actualizarse cualquiera de las hipótesis contenidas en el numeral 152. Ahora bien, cabe destacar que en respeto a la garantía de audiencia del quejoso, y siguiendo los lineamientos del criterio integrado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1374, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL DECRETARLA SIN RESPETARSE LAS GARANTÍAS DE PREVIA AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL PROCESO PENAL."; previo a emitir la orden de reaprehensión, el juez de la causa en diligencia de dieciocho de junio de dos mil diez, en la que tuvo al quejoso Saturnino Galindo Marroquín exhibiendo la caución que le fue fijada, hizo de su conocimiento las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del código adjetivo penal del Estado, entre las que está la prevista en su fracción II; atinente a presentarse los días fijos que le señale el tribunal, que en el caso inicialmente se estableció los días viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo fianza y posteriormente previa petición del sentenciado, fue modificada para que acudiera cada quince días, en razón de la distancia; es decir, la reaprehensión que ahora se impugna quedó condicionada a que el peticionario del amparo cumpliera con dicha obligación para que continuara disfrutando de su libertad personal. Pero es el caso que aparece demostrado que el solicitante del amparo no cumplió con la obligación antes apuntada, por lo que se estima acertada la determinación del juez responsable en el sentido de proveer sobre su reaprehensión, de conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En este punto, es importante destacar que si bien no hay evidencia de que el auto de nueve de enero pasado en que se declaró firme la sentencia condenatoria emitida en el juicio natural y se le reiteró el requerimiento de que en el plazo de quince días siguientes se recluyera voluntariamente o se acogiera a alguno de los beneficios concedidos, se notificó a la parte quejosa, no puede soslayarse que el juez de la causa no basó el sentido de su decisión en el desacato a esto último, sino del incumplimiento a la obligación adquirida al otorgársele la libertad caucional, lo que se actualizó con antelación a que se declarara firme la sentencia definitiva, sin perjuicio de que una vez que quede a disposición del juez de la causa, podrá acogerse a alguno de los beneficios otorgados. En ese contexto, debe considerarse correcto el proceder del resolutor de origen que ante el incumplimiento del ahora sentenciado de presentarse los días correspondientes a firmar el libro de control de firmas de procesados bajo fianza que se lleva en el juzgado de origen, procedió conforme a lo dispuesto por el citado artículo 152, fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; por tanto, al quedar acreditado en la determinación reclamada que el Juzgador responsable se apoyó en la certificación asentada por su Secretario, en la cual se hizo constar que el quejoso desde el día diecisiete de octubre de dos mil catorce (día en el que se le notificó la sentencia condenatoria) había dejado de cumplir con la obligación antes descrita, sobre todo si se toma en consideración el estado procesal que guardaba la causa penal, de donde deriva que el dieciséis de octubre de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, y por ende, el mismo se encontraba a disposición del juez responsable en cuanto a la continuación del proceso y su libertad personal, se colige que en el caso particular, se actualizaron las formalidades necesarias para que se librara el mandamiento de captura impugnado, máxime que como se indicó previo a su emisión, el quejoso de referencia fue notificado personalmente el dieciocho de junio de dos mil diez de las consecuencias que traería consigo el incumplimiento a dicha obligación procesal, es decir, que le sería cancelado el beneficio de su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión. De ahí que al constatarse el conocimiento cierto de Saturnino Galindo Marroquín de la obligación procesal impuesta en la diligencia de dieciocho de junio de dos mil diez, por la que se le vinculó al conocimiento de la obligación cuyo incumplimiento justifica la emisión de la orden de reaprehensión impugnada, pues de la misma se advierte la firma de aquél al calce del acta relativa; debe sostenerse como correcto que el mandamiento de reaprehensión se fundara precisamente en el incumplimiento de dicha obligación, por lo cual debe concluirse que, el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación y, por lo tanto, no se ve que con el mismo se vulnere en perjuicio del quejoso alguna garantía individual, siendo en ese sentido procedente negarle el amparo y protección de la justicia de la Unión que solicita. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a las ejecutoras Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica; Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado; y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en Ometepec, San Luis Acatlán, y Marquelia, todos de Guerrero, respectivamente, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de reaprehensión librada por el juez responsable. Sin que pase desapercibido, el hecho de que en el proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete emitido en la causa penal de origen, el juez de la causa además de haber ordenado la reaprehensión del quejoso, también hizo efectiva la fianza que al efecto exhibió para obtener su libertad caucional; sin embargo, tal resolución es consecuencia de un acto que no se estimó violatorio de sus garantías individuales, sin que le imputara vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Saturnino Galindo Marroquín, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL.-

  4. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA SATURNINO GALINDO MARROQUIN Y TERCERO INTERESADA LUIS MANUEL GALINDO GUZMÁN, A TRAVÉS DE SU SEÑORA MADRE BERNARDA GUZMÁN MIER, Vistos; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 135/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Saturnino Galindo Marroquín, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero. EJECUTORAS 2) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica, con domicilio en Ometepec, Guerrero. 3) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero. 4) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Marquelia, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad designada como ordenadora reclamo la orden de aprehensión, reaprehensión dictada en mi contra. De las señaladas como ejecutoras el cumplimiento que pretenden darle a dicha orden judicial sobre mi búsqueda y captura". SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 135/2018, se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente tanto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita como al representante social adscrito al juzgado de origen; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia constitucional la orden de reaprehensión librada en su contra el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 79/2010-I, que se le instruye por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor, aquí tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán y su ejecución; sin que obste el hecho de que en la demanda se hubiere designado como acto reclamado una orden de aprehensión, pues su indebida denominación no conduce al sobreseimiento del juicio por su inexistencia en la forma expuesta en la demanda de amparo, sino al concatenar la información proporcionada en ésta en relación con las constancias que obran en autos para entonces resolver la cuestión efectivamente planteada, es decir, del acto restrictivo de la libertad de que se trata. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, en virtud de que así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal número 79/2010-I, que acompañó a su informe justificado el juez responsable (tomo I de prueba), la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica, el Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, así como el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en Ometepec, San Luis Acatlán y Marquelia, todos de Guerrero, respectivamente, al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridades ejecutoras con el que fueron señalados en el presente juicio e independientemente de que conozcan o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que les son propias, se encuentran en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa se limitó a sostener como motivos de disenso, que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales; conceptos de violación que se estiman infundados, aun suplidos en su deficiencia, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues el acto reclamado es relativo a la materia penal y la parte quejosa es el propio inculpado. Para llegar a tal conclusión, es necesario tener presente los antecedentes directos de la orden de reaprehensión reclamada, que se extraen de las actuaciones que conforman la causa penal 79/2010-I que se le instruye (tomo I de prueba), mismas que fueron valoradas en el párrafo segundo del considerando que antecede, los cuales son: 1. Mediante comparecencia de cinco de mayo de dos mil diez Bernarda Guzmán Mier, presentó ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, formal querella por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de su menor hijo Luis Manuel Galindo Guzmán (aquí tercero interesado). 2. En la misma data, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, radicó y dio inició a la averiguación previa número ALT/SC/88/2010. 3. Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 83/2010 de catorce de mayo de dos mil diez, se consignó la averiguación previa que por razón de turno, correspondió conocer al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, quien por acuerdo de veintiuno de mayo del mismo año la radicó con el número de causa penal 79/2010-I, y por resolución de once de junio siguiente giró orden de aprehensión en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán. 4. El dieciocho de junio de dos mil diez, compareció voluntariamente el quejoso a someterse a la acción de la justicia, a quien en auto de esa misma fecha se le decretó su detención legal, y con las formalidades que el caso ameritó, en audiencia pública efectuada en esa misma data le fue tomada su declaración preparatoria, en la que hizo uso de la garantía prevista en la fracción I, apartado A, del artículo 20 Constitucional, motivo por el cual el juez responsable fijó la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), como fianza que debía garantizar el inculpado para obtener el beneficio de su libertad caucional. 5. Mediante comparecencia de esa misma fecha, el inculpado de referencia exhibió la ficha de depósito de la fianza que le fue fijada para obtener su libertad caucional; diligencia en la que se le hicieron saber las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, entre ellas, la de presentarse ante ese órgano judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución los días viernes de cada semana, con el apercibimiento que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le indicaron, traería como consecuencia la revocación de la libertad provisional concedida, además la cantidad exhibida se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado y se ordenaría su reaprehensión. 6. En resolución de plazo constitucional de veinticuatro de junio de dos mil diez, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán. 7. Seguida sus etapas procesales, por sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil catorce, el juez responsable impuso al quejoso una pena de prisión de un año y cuatro meses, por el delito precisado en el párrafo anterior, concediéndole a su elección diversos beneficios, tales como el de sustitución de la pena de prisión por cuatrocientos ochenta y cinco jornadas de trabajo a favor de la comunidad, el de semilibertad, el de tratamiento en libertad, el de suspensión condicional de la pena, entre otros, así como el término de quince días hábiles contados a partir de que causara ejecutoria la sentencia para que se recluyera voluntariamente en el Centro Penitenciario de esta ciudad o en su caso manifestara si se acogía a alguno de los beneficios concedidos, prorrogándose durante ese lapso el beneficio de su libertad caucional, con el apercibimiento que de no hacerlo así se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, resolución que le fue notificada personalmente el diecisiete del mismo mes y año. 8. El nueve de enero de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia y se requirió al sentenciado, aquí quejoso, para que en el término de quince días se recluyera de manera voluntaria en el centro penitenciario de esta ciudad a compurgar la pena de prisión impuesta o en su caso manifestara si se acogía a alguno de los beneficios concedidos en la sentencia, plazo durante el cual se prorrogaba el beneficio de la libertad caucional del que venía gozando, apercibido que de no hacerlo así se libraría en su contra orden de reaprehensión y la garantía exhibida se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. 9. Finalmente, en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, certificó que el ahora sentenciado, aquí quejoso desde el diecisiete de octubre de dos mil catorce, dejó de firmar la libreta de procesados que se encuentran gozando del beneficio de libertad caucional, incumpliendo con una de las obligaciones procesales que le fueron impuestas al otorgársele dicho beneficio; por tanto, el Juez responsable revocó el beneficio de la libertad otorgado y ordenó la reaprehensión del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, en términos de lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Tomando en consideración lo anterior, se puede sostener válidamente que en el caso, la orden de reaprehensión impugnada no resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales como lo argumenta el peticionario del amparo, como se expone a continuación. Se estima que el acto reclamado no viola las garantías individuales contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el juez de la causa aplicó artículos vigentes a la fecha de su emisión, los cuales citó con precisión para fundar la orden de reaprehensión, como son los preceptos constitucionales citados en el párrafo que antecede, los numerales 76, 152, fracción II y 153, párrafo primero, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, razón por la cual no puede sostenerse que haya aplicado en perjuicio del quejoso una norma en forma retroactiva. Además, la orden combatida no constituye un acto privativo, sino de molestia, ya que los actos de privación son aquellos que producen disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia, constituyen una afectación temporal a la esfera jurídica de aquél y, por ende, no producen una pérdida definitiva de un derecho, sino que sólo lo restringen de manera provisional o preventiva, de manera tal que constituye un medio para la consecución de una finalidad específica, por lo que en el presente caso, la orden de reaprehensión solamente tiende a hacer efectiva la obligación procesal adquirida por el quejoso cuando obtuvo la libertad caucional ante el juez de origen, tal como ir a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, los días viernes de cada semana, (misma que previa petición del sentenciado, se modificó a fin de que acudiera a firmar el referido libro cada quince días, en razón de la distancia); lo que de ninguna manera implica la pérdida o restricción de libertad de manera definitiva, de ahí que el acto reclamado tenga el carácter de simple medio o conducto para hacer cumplir una determinación provisional, resultando así inaplicables los restantes extremos contenidos en el segundo párrafo del precepto constitucional de referencia. Asimismo, la orden de reaprehensión reclamada tampoco es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 16 Constitucional, ya que del contenido del auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se aprecia que goza de la debida fundamentación y motivación que una resolución de esa naturaleza debe de contener, pues el juez responsable, expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideraba procedente librar en contra del quejoso, la orden de reaprehensión, ya que para tal efecto indicó que ello obedecía a que no había acudido ante ese recinto judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, lo anterior, de conformidad con el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Es por ello que el acto de molestia reclamado, está debidamente fundado y motivado, al estar expresadas las causas inmediatas por las cuales el juez responsable estimó procedente la reaprehensión del quejoso, adecuando su actuación exactamente a las porciones normativas de referencia; de ahí que no exista infracción a las garantías individuales contenidas en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional. Ello es así, en virtud de que el veinticuatro de junio de dos mil diez, se le dictó auto de formal prisión y posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor tercero interesado Luis Manuel Galindo Guzmán, previsto y sancionado por el artículo 188, del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual dispone lo siguiente: "188. Al que no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. Los concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo. Este delito se perseguirá por querella del ofendido o de su legítimo representante y a falta de éstos, el Ministerio Público procederá de oficio a reserva de que se promueva la designación de un tutor especial. No se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto las que se hubiesen impuesto, cuando el obligado pague todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos o se someta al régimen de pago que el juez o la autoridad ejecutora, en su caso, determinen, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer. El agraviado o el representante podrá optar por demandar previamente ante las autoridades judiciales, el pago de la pensión alimenticia o podrá querellarse ante el Ministerio Público, por el delito que prevee (sic) este artículo. Si el obligado paga todas las cantidades debidas o se somete al régimen de pago que el Juez le señale, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer, se decretará el sobreseimiento en la causa, atendiendo a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales. (...)." De modo que la libertad personal del quejoso se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar a su favor, al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que se le impusieron al otorgársele la libertad caucional, como lo es el de presentarse inicialmente todos los viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo caución y posteriormente cada quince días en razón de la distancia, al ser modificada en atención a su petición, es evidente que su conducta contumaz trajo como consecuencia la emisión de la orden de reaprehensión que reclama, pues se ubicó en el supuesto a que se refiere el artículo 153, párrafo primero, en relación con los numerales 152, fracción II, y 150, fracción I, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero que establecen: "Artículo 153. Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. (.)." "Artículo 152. Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal. (.)." "Artículo 150. El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se le darán a conocer en la notificación del auto que la conceda: I. Presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido; (.)." Como se advierte, en términos del artículo 150 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, el ahora sentenciado a quien se otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, previamente notificado, contrajo, entre otras obligaciones la de "presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido"; asimismo el arábigo 152 en su fracción II, señala que la revocación de la libertad se realizará cuando el inculpado incumpliere sin justificación las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal que conozca el asunto y finalmente, el artículo 153, indica se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado al actualizarse cualquiera de las hipótesis contenidas en el numeral 152. Ahora bien, cabe destacar que en respeto a la garantía de audiencia del quejoso, y siguiendo los lineamientos del criterio integrado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1374, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL DECRETARLA SIN RESPETARSE LAS GARANTÍAS DE PREVIA AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL PROCESO PENAL."; previo a emitir la orden de reaprehensión, el juez de la causa en diligencia de dieciocho de junio de dos mil diez, en la que tuvo al quejoso Saturnino Galindo Marroquín exhibiendo la caución que le fue fijada, hizo de su conocimiento las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del código adjetivo penal del Estado, entre las que está la prevista en su fracción II; atinente a presentarse los días fijos que le señale el tribunal, que en el caso inicialmente se estableció los días viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo fianza y posteriormente previa petición del sentenciado, fue modificada para que acudiera cada quince días, en razón de la distancia; es decir, la reaprehensión que ahora se impugna quedó condicionada a que el peticionario del amparo cumpliera con dicha obligación para que continuara disfrutando de su libertad personal. Pero es el caso que aparece demostrado que el solicitante del amparo no cumplió con la obligación antes apuntada, por lo que se estima acertada la determinación del juez responsable en el sentido de proveer sobre su reaprehensión, de conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En este punto, es importante destacar que si bien no hay evidencia de que el auto de nueve de enero pasado en que se declaró firme la sentencia condenatoria emitida en el juicio natural y se le reiteró el requerimiento de que en el plazo de quince días siguientes se recluyera voluntariamente o se acogiera a alguno de los beneficios concedidos, se notificó a la parte quejosa, no puede soslayarse que el juez de la causa no basó el sentido de su decisión en el desacato a esto último, sino del incumplimiento a la obligación adquirida al otorgársele la libertad caucional, lo que se actualizó con antelación a que se declarara firme la sentencia definitiva, sin perjuicio de que una vez que quede a disposición del juez de la causa, podrá acogerse a alguno de los beneficios otorgados. En ese contexto, debe considerarse correcto el proceder del resolutor de origen que ante el incumplimiento del ahora sentenciado de presentarse los días correspondientes a firmar el libro de control de firmas de procesados bajo fianza que se lleva en el juzgado de origen, procedió conforme a lo dispuesto por el citado artículo 152, fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; por tanto, al quedar acreditado en la determinación reclamada que el Juzgador responsable se apoyó en la certificación asentada por su Secretario, en la cual se hizo constar que el quejoso desde el día diecisiete de octubre de dos mil catorce (día en el que se le notificó la sentencia condenatoria) había dejado de cumplir con la obligación antes descrita, sobre todo si se toma en consideración el estado procesal que guardaba la causa penal, de donde deriva que el dieciséis de octubre de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva en contra del quejoso Saturnino Galindo Marroquín, y por ende, el mismo se encontraba a disposición del juez responsable en cuanto a la continuación del proceso y su libertad personal, se colige que en el caso particular, se actualizaron las formalidades necesarias para que se librara el mandamiento de captura impugnado, máxime que como se indicó previo a su emisión, el quejoso de referencia fue notificado personalmente el dieciocho de junio de dos mil diez de las consecuencias que traería consigo el incumplimiento a dicha obligación procesal, es decir, que le sería cancelado el beneficio de su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión. De ahí que al constatarse el conocimiento cierto de Saturnino Galindo Marroquín de la obligación procesal impuesta en la diligencia de dieciocho de junio de dos mil diez, por la que se le vinculó al conocimiento de la obligación cuyo incumplimiento justifica la emisión de la orden de reaprehensión impugnada, pues de la misma se advierte la firma de aquél al calce del acta relativa; debe sostenerse como correcto que el mandamiento de reaprehensión se fundara precisamente en el incumplimiento de dicha obligación, por lo cual debe concluirse que, el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación y, por lo tanto, no se ve que con el mismo se vulnere en perjuicio del quejoso alguna garantía individual, siendo en ese sentido procedente negarle el amparo y protección de la justicia de la Unión que solicita. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a las ejecutoras Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica; Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado; y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en Ometepec, San Luis Acatlán, y Marquelia, todos de Guerrero, respectivamente, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de reaprehensión librada por el juez responsable. Sin que pase desapercibido, el hecho de que en el proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete emitido en la causa penal de origen, el juez de la causa además de haber ordenado la reaprehensión del quejoso, también hizo efectiva la fianza que al efecto exhibió para obtener su libertad caucional; sin embargo, tal resolución es consecuencia de un acto que no se estimó violatorio de sus garantías individuales, sin que le imputara vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Saturnino Galindo Marroquín, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. ... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, RESPECTIVAMENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano