Saraid Hernández Soto

Expediente 752/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
752/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
07/11/2016

Partes del expediente

  • Saraid Hernández Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria.Glósese a los autos el incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que el expediente principal es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita.En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido.Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión.Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 752/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Saraid Hernández Soto, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 2. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Secretaría de Educación Pública 4. Subsecretaría de Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. 5. Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 6. Secretario de Gobernación. Con residencia en la Ciudad de México 7. Secretaría de Educación Guerrero. Con residencia en Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS "Se reclama la inconstitucionalidad de los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la Ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente. 1. Del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a cada uno de ellos se les reclama la aprobación y expedición de la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente se reclaman los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre del año 2013. 2. Del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo la promulgación y orden de publicación de la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013. 3. De la Secretaría de Educación Pública le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez de la notificación que lo constituye el boletín oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero el que ordena la terminación de los efectos del nombramiento como trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero, a partir del 16 de julio del año 2016, en donde entre otros me encuentro la aquí quejosa medida que se ordena sin previo juicio. 4. De la Subsecretaría de Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez de la notificación que lo constituye el boletín oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero el que ordena la terminación de los efectos del nombramiento como trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero, a partir del 16 de julio del año 2016, en donde entre otros me encuentro la aquí quejosa medida que se ordena sin previo juicio. 5. De la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez de la notificación que lo constituye el boletín oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero el que ordena la terminación de los efectos del nombramiento como trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero, a partir del 16 de julio del año 2016, en donde entre otros me encuentro la aquí quejosa medida que se ordena sin previo juicio. 6. De la Secretaría de Educación Guerrero, le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, y los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez de la notificación que lo constituye el boletín oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero el que ordena la terminación de los efectos del nombramiento como trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero, a partir del 16 de julio del año 2016, en donde entre otros me encuentro la aquí quejosa medida que se ordena sin previo juicio. 7. Del Secretario de Gobernación, le reclamo la publicación que hizo a la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013. SEGUNDO.- Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 752/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. TERCERO.- Por otro lado, mediante proveído de trece de septiembre del presente año, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable denominada Subsecretaría de Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, y se ordenó suspender las subsecuentes notificaciones a la misma. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley federal con motivo de su primer acto de aplicación atribuido a autoridades administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables según su ámbito de competencia la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación y aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico de sus artículos 52, 53, 69 74 y 75 así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el boletín oficial publicado en diversos medios de comunicación el trece de julio del presente año, por la Secretaría de Educación Guerrero, denominado "NOTIFICACIÓN POR FALTAR A LA EVALUACIÓN" mediante el cual se comunica a las personas ahí relacionadas la terminación de su nombramiento como trabajadores de dicha Secretaría, por no haberse presentado a la evaluación para el desempeño docente. TERCERO. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de julio de dos mil dieciséis, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del quince de julio al cuatro de agosto del año en curso, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio pasado por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiuno de julio del presente año, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, consistentes en el ámbito de su competencia en la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico de sus artículos 52, 53, 69, 74 y 75 así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo; en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan (fojas 21, 24 39 y 58). Lo anterior, aunado a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la quejosa les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales impugnados. Asimismo, es cierto el acto atribuido a la Secretaría de Educación Pública, al Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, residentes en la Ciudad de México, y al Secretario de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, no obstante que al rendir su informe justificado a través de los funcionarios públicos que los representan lo hayan negado (fojas 27, 68 y 138), en razón de que con posterioridad hacen manifestaciones que evidencian su certeza, cuyo contenido pretende justificar la constitucionalidad de las normas reclamadas; máxime que no está sujeto a controversia la publicación de la "NOTIFICACIÓN POR FALTAR A LA EVALUACIÓN", por la Secretaría de Educación Guerrero, en diversos medios de comunicación el trece de julio de dos mil dieciséis, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Luego, si la parte quejosa reclama la Ley General del Servicio Profesional Docente, específicamente los artículos 52, 53, 69, 74 y 75 así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo con motivo de su primer acto de aplicación que aduce se materializó en su perjuicio mediante la publicación del boletín oficial en diversos medios de comunicación el trece de julio del presente año, denominado "NOTIFICACIÓN POR FALTAR A LA EVALUACIÓN", emitido por la Secretaría de Educación Guerrero, en el cual se comunica a las personas ahí relacionadas la terminación de su nombramiento como trabajadores de dicha Secretaría, por no haberse presentado a la evaluación para el desempeño docente, del análisis de la citada documental así como de la diversa denominada "NOTIFICACIÓN POR FALTAS DE ASISTENCIA" agregadas en copia simple como hecho notorio en la audiencia constitucional, no se advierte que figure el nombre de la aquí quejosa en las citadas listas; consecuentemente no es factible suponer que le fueren aplicados los artículos cuya inconstitucionalidad acusa, pues no existe evidencia del perjuicio que refiere trae aparejada su pretendida materialización (terminación de nombramiento como trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero); lo que tampoco se acredita con la copia simple de lo que al parecer son sus recibos de nómina que exhibió junto con su demanda; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en estudio. En ese sentido, resulta inconcuso que la parte quejosa no demostró con medio de convicción idóneo la aplicación en su perjuicio de las porciones normativas reclamadas, lo cual estaba obligada a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo; determinación que se hace extensiva por cuanto hace a las normas reclamadas, en virtud de que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 752/2016, promovido por Saraid Hernández Soto, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés del mes en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, en representación del Secretario de Educación Guerrero (señalado como autoridad responsable), con residencia en Chilpancingo, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la citada audiencia señalada para este día, como se observa de la certificación de cuenta, y se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 752/2016; y, RESULTANDO:... se resuelve: ÚNICO.- Se niega a Saraid Hernández Soto, la suspensión definitiva que solicitó, en términos del considerando único de esta resolución.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano