Sarai Romero Morales

Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
923/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Sarai Romero Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En ese sentido, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, y la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    se sobresee en el presente asunto

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio correspondiente a la autoridad Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial número 32, en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, informa que en la estadística de este propio órgano jurisdiccional, existe el diverso juicio de amparo 1280/2021, promovido por Saraí Romero Morales. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se traen a la vista como hecho notorio, las constancias que obran en el mencionado juicio de amparo 1280/2021, del que se advierte que el pasado diecisiete de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia dicho asunto; atento a lo anterior, se toma conocimiento lo informado por la responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Incidental

    La Jueza acuerda: se declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Acto seguido, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. En estos momentos, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos, como lo son: - Demanda de amparo promovida por Saraí Romero Morales; - Auto de apertura de incidente fechado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; - Informe previo de la autoridad responsable: Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Así también, se CERTIFICA: 1) La autoridad responsable aludida negó categóricamente el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa; 2) El presente incidente se encuentra integrado, pues obran las constancias necesarias para su resolución; 3) En proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se señalaron las ONCE HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la presente interlocutoria. Enseguida, se abre el período probatorio y el Secretario certifica: que ninguna de las partes ofreció algún medio de convicción. La Jueza acuerda: téngase por hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales procedentes. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Sin promociones pendientes por acordar, se declara visto el presente incidente de suspensión para dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, 923/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA La parte quejosa Saraí Romero Morales, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó en lo que interesa, la suspensión definitiva, contra actos de los Miembros de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. TRÁMITE. Este Juzgado de Distrito, por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, formó por duplicado el incidente de suspensión; solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Acto continuo, el día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede y forma parte de la presente resolución. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. Actos por los cuales se solicitó la suspensión. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, el acto reclamado, es: La omisión de la autoridad responsable, de acordar las providencias cautelares solicitadas por la parte quejosa en escrito inicial de demanda de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable en la misma fecha y notificarle dicho acuerdo. La omisión de la autoridad responsable, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio natural. TERCERO. existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, de la lectura del mismo, hace del conocimiento que si bien el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por Sarai Romero Morales, también lo es que por auto de veintisiete de septiembre del citado año, se dio cuenta con el mismo, el cual se radicó con el numero J.32/0560/2021; y, se señalaron las once horas del veinte de enero del año dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; que en cumplimiento a dicho auto se notificó a la parte actora, audiencia que no se llevó a cabo, razón por la que se señalaron las diez horas del veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, para dicha audiencia, que tampoco se desahogó, señalándose las trece horas del día nueve de marzo del año dos mil veintidós, para la celebración de dicha audiencia. Por tanto, con base en tales manifestaciones se tienen por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad responsable, por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte1, Enero-Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Estudio de la suspensión. Luego, tomando en cuenta los datos expuestos en la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad señalada como responsable, no continúe en la omisión de acordar las providencias cautelares solicitadas en su escrito inicial de demanda de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibida en esa misma fecha en la oficialía de partes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de febrero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados es conveniente establecer que de la interpretación de la fracción I del artículo 128 en relación con el 138 ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el juez de Distrito conforme a su arbitrio debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos en que habrán de quedar las cosas, para conservar la materia del juicio, pero sólo por los actos reclamados en la demanda. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 4/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". Ahora, a efecto de proveer respecto a la suspensión solicitada, es menester precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando su naturaleza lo permita, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de la afectación al interés social. Mismo requisito es retomado por la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional (Ley de Amparo) en su artículo 138, que establece que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, una vez que sea promovida la suspensión del acto reclamado. Los preceptos mencionados disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I . Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Del contenido de los preceptos transcritos se desprende que para el otorgamiento de tal medida se debe atender, en primer término, a la naturaleza de la violación alegada. Ahora bien, recuérdese que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable, de acordar las providencias cautelares solicitadas por la parte quejosa en escrito inicial de demanda de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable en la misma fecha y notificarle dicho acuerdo. La omisión de la autoridad responsable, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio natural. Luego, los efectos para los cuales la ahora quejosa solicita la medida cautelar, es para que la autoridad señalada como responsable, no continúe en la omisión de acordar las providencias cautelares solicitadas en su escrito inicial de demanda de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibida en esa misma fecha en la oficialía de partes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Es así, pues acorde con lo establecido en los artículos 131, 147 y 148 de la Ley de Amparo, de ser material y jurídicamente posible, el juzgador, atendiendo a las circunstancias de cada caso, puede restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, siempre que se trate de una prerrogativa con la que contaba antes de acudir al juicio de amparo Así, los efectos restitutorios que pueda tener la suspensión definitiva en el amparo se actualizan, sin importar el carácter positivo o negativo del acto reclamado, dado que las normas citadas no hacen distinción al respecto y, además, porque esa interpretación atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. Constitucional. En el caso, de las manifestaciones formuladas por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se desprende que el veintitrés de agosto del año próximo pasado, presentó demanda laboral en contra de HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Sucursal 353 Oaxaca-Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y al Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en el Estado de Oaxaca, entre otras, solicitando en esencia las siguientes providencias cautelares: A) Requerir a la fuente de trabajo a efecto de que se le imponga el pago de las cuotas tanto obreras como patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el día de su despido -hasta que se resuelva el juicio- para efecto de que pueda gozar del servicio de salud que su condición requiere (padecimiento de asma no controlada), y como persona perteneciente a un grupo vulnerable tiene derecho a consultas, atención médica, estudios clínicos, medicamentos, cirugías, entre otros, con motivo de salvaguardar su integridad física. B) Girar oficio respectivo al Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, a efecto de que no le dé de baja como asegurada y pueda gozar de los servicios de salud por su condición vulnerable, tomando en consideración que es un deber social y público, garantizando el derecho a la salud y a la no discriminación en el empleo por su condición de salud. C) Girar el oficio respectivo al Instituto Mexicano de Seguro Social, Delegación Oaxaca, Unidad Familiar número 65 (clínica), le siga brindando a la parte quejosa los servicios de salud que su condición de asma no controlada requiere, como pueden ser consultas, atención médica, estudios clínicos, medicamentos, cirugías, entre otros. D) Girar oficio al Instituto Mexicano de Seguro Social, Delegación Oaxaca, Hospital General de Zona número 1, Dr. Demetrio Mayoral Pardo(clínica), a efecto de que le siga brindando a la parte quejosa los servicios de salud que su condición de asma no controlada requiere, como pueden ser consultas, atención médica, estudios clínicos, medicamentos, cirugías, entre otros. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa esencialmente reclama de la autoridad responsable: - La omisión de acordar las providencias cautelares solicitadas por la quejosa en escrito inicial de demanda- Laboral- de veintitrés de agosto del año próximo pasado, recibido por la responsable el mismo día; y su notificación. - La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen. Y, solicita la suspensión del acto reclamado primordialmente para los efectos siguientes: "[.] Para efecto de que la autoridad señalada como responsable, no continúe en la omisión de acordar las providencias cautelares solicitadas en mi escrito inicial de demanda de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibida en la misma fecha en la oficialía de partes de la H. Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, respecto de las cuales se señalaron en el numeral Romano V, incisos A), B), C) yo), del presente ocurso, mismas que por economía procesal se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaran, para efecto de que: 1. El patrón demandado siga cubriendo a mi favor las cuotas obrero-patronales respectivas ante el propio organismo de salud Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto, desde la fecha de mi despido injustificado y hasta la conclusión del juicio laboral, ello atendiendo a la discriminación por mi condición de salud, por la que fui objeto por mi ex empleador durante toda la relación de trabajo, conforme a la normatividad aplicable. 2. Ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que: me siga reconociendo el carácter de afiliada ante dicho Instituyo (sic) e inmediatamente me brinde atención médica consistente en: consultas, atención médica, estudios clínicos, medicamentos, atención de todo tipo de especialistas, cirugías y cualquier otra que derive del acceso a una salud efectiva conforme a la normatividad aplicable; y, 3. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), me reconozca las semanas cotizadas durante la secuela del presente juicio laboral hasta la conclusión del mismo, conforme a la normatividad aplicable." En efecto, conviene tener presente el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Esto es, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. En el caso, a partir de un análisis preliminar se aprecia que las consecuencias de la omisión reclamada -dilación procesal para proveer sobre las medidas cautelares solicitadas en el juicio laboral- podría repercutir y poner en riesgo el derecho a la salud de la quejosa, ya que al haber sido dada de baja ante del organismo de salud, con motivo del despido que -asegura- fue injustificado, ya no recibirá la asistencia médica necesaria para su padecimiento de asma no controlada. Sumado a que, como ya se dijo la parte promovente si bien bajo protesta de decir verdad en la parte conducente de la demanda de amparo, refiere que al encontrarse desempleada no cuenta con ingresos, sin embargo, se considera que bajo protesta de decir verdad, acredita presuntivamente sus antecedentes clínicos, padecimiento de asma no controlada - así como los certificados médicos, en específico el documento que refiere le fue expedido por el doctor Guillermo Nieves Ponce, en que afirma se certifica que por sus condiciones de salud no puede suspender su tratamiento de asma. En ese contexto, con base en el referido análisis objetivo, derivado a un asomo a la naturaleza del acto reclamado (sin importar si implica un hacer o un no hacer), como lo impone la fracción X, del artículo 107, constitucional y el primer párrafo del artículo 138, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el análisis de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, se estima en primer término, en el caso, es altamente probable que la quejosa obtenga una sentencia favorable, pues existe la apariencia de que la junta laboral responsable ha sido omisa en proveer respecto de las providencias precautorias solicitadas en la demanda laboral presentada con motivo del despido injustificado del cual indica fue objeto la quejosa. Lo cual acarrea una afectación directa del artículo 17 constitucional, el cual establece, entre otros aspectos, el deber de los tribunales de administrar justicia, de manera completa, en atención de los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso; cuyo ejercicio, en el caso particular, busca la protección, entre otros, del derecho a la seguridad social. En ese sentido, no se desatienden las manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, que realizó la quejosa en cuanto a que se trata de una personal con padecimiento de asma no controlada y que asegura haber sido despedida de su trabajo, precisamente por ese motivo, siendo objeto de discriminación por su condición de salud; lo que hace apremiante que la responsable, provea sobre las medidas cautelares de protección reforzada solicitadas, dentro de las cuales se encuentran, las relacionadas con la atención médica - seguridad social- que requiere. Sin que en el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, con el otorgamiento de la medida, se contravenga el interés social o disposiciones de orden público. Aunado a que de concederse la medida cautelar con efectos restitutorios definitivos no queda sin materia el amparo, pues lo que se busca es la restitución provisional de los efectos que causa la omisión reclamada, esto es, que cese el deterioro a la salud que se encuentra sufriendo la parte incidentista; sin que ello implique constituir derechos que no tuviera antes de solicitar la medida cautelar. Corolario a lo hasta aquí expuesto, en el caso particular y atendiendo las circunstancias específicas que alude la quejosa, conforme a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, prevista en el invocado artículo 107, fracción X, de la Carta Magna, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA con efectos restitutorios para que la junta laboral responsable, de manera inmediata, provea sobre las providencias cautelares solicitadas por la trabajadora quejosa. Es decir, con libertad de jurisdicción, y conforme a derecho, de no haberlo hecho, deberá acordar inmediatamente, una vez que se le notifique este auto, en forma fundada y motivada, los planteamientos expuestos sobre el particular en la demanda laboral. En el entendido de que la medida cautelar no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables, lo que en la suspensión definitiva se dicte. Sin que en la especie proceda a condicionar la anterior medida cautelar, a la exhibición de una garantía, en tanto que no se configuran los elementos establecidos en el numeral 132 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado en el informe previo que rindió la autoridad responsable, en el cual, en lo que aquí interesa, manifestó que por auto de veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, entre otras cosas, hizo saber a la parte actora que los preceptos legales que invocó no son aplicables al caso, sin embargo, al tratarse de un caso que amerita ser valorado desde la perspectiva de género y de la situación de vulnerabilidad que señala la actora aquí quejosa, se procedió a eliminar barreras y obstáculos que le impida gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar, por lo que con el propósito de lograr garantía real y efectiva de sus derechos fundado en el artículo 107, fracción X y 123 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, 17, 18 y 56 de la Ley federal del Trabajo aplicable al caso, se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que le otorgue atención médica a la actora y demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de la actora hasta en tanto exista laudo firme que determine en definitiva la protección reforzada definitiva en favor de la actora. Manifestaciones anteriores, que no obstruyen la concesión de la medida cautelar, dado que del contenido del informe referido, no se advierte que se haya decretado a favor de la ahora quejosa, las medidas cautelares en los términos solicitados por la accionante, hoy quejosa, pues si bien en el mismo, se hace del conocimiento que dicha autoridad requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que le otorgue atención médica a la actora y demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de la aquí quejosa, sin embargo, no se acreditó lo aseverado con ningún elemento de convicción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial adscrito, para que firme los oficios que deriven de la presente interlocutoria. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a Saraí Romero Morales, respecto de los actos reclamados en el considerando segundo y por las consideraciones vertidas en el último considerando. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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