Sarahi Romero Morales
Expediente 1280/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sarahi Romero Morales
- Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído. Roberto Carlos Ramos Aguilar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5b.53 16/12/23 18:29:43 No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Roberto Carlos Ramos Aguilar 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5b.53 16/12/23 18:29:43 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B PRAL. 1280/2021. ??????????????? Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y a la depuración del original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven de la presente determinación. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Presidente de la Junta Especial número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa. En atención al contenido de las mismas, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los actos reclamados de forma esencial consisten en: a).- La omisión de la autoridad responsable, de acordar las Providencias Cautelares solicitadas por la quejosa en el escrito inicial de demanda de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de la Junta responsable en la misma fecha. b).- La omisión de la autoridad responsable, de notificar a la impetrante el acuerdo recaído a las Providencias cautelares solicitadas en el escrito inicial de demanda laboral. c).- La omisión de la autoridad responsable, de señalar fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del juicio de origen. En ese contexto, en el presente se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, puesto que del oficio de cuenta permite ver que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". También, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, los actos reclamados esencialmente consisten en la omisión de la Junta responsable de acordar las Providencias Cautelares solicitadas por la quejosa en el escrito inicial de demanda, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica, así como de notificar a la quejosa de lo anterior. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se desprende que: 1).- Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta con la demanda laboral signada por la quejosa, se radicó con el número J.32/0560/2021, se señalaron las once horas del día veinte de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se ordenó notificar, ese auto, a la promovente así como emplazar a las demandadas. 2).- En ese mismo auto, se proveyó respecto de las medidas cautelares solicitadas, en el sentido de que si bien los preceptos que invocó no eran aplicables, empero al tratarse de un caso que se ameritaba ser valorado desde la perspectiva de género y de la situación de vulnerabilidad, con propósito de lograr una garantía real y efectiva de los derechos de la quejosa, con fundamento en los artículos 107, fracción X y 123 de la Constitución Política, 17, 18 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que le otorgue la atención médica y demás prestaciones de seguridad social que garantice su bienestar hasta en tanto exista laudo firme. 3).- Finalmente, la quejosa fue notificada de lo anterior el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Esta última cuestión de hecho ocurrió de forma posterior a la presentación de la demanda -tres de diciembre de dos mil veintiuno-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al estimarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS -auto de cuatro de enero de dos mil veintidós-. Al caso, sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior, el hecho que el presente asunto no se encuentre integrado, pues lo cierto, es que la esencia del reclamo constitucional ha cesado -como se expuso anteriormente-, por lo que, ello no implica que pudiera variar la determinación a la que se arribó, pues conforme a las constancias que se hizo referencia, es inobjetable que fueron atendidas las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, se fijó fecha para la celebración de la audiencia trifásica y se notificó de lo anterior a la parte promovente, de cuya omisión se dolía la parte quejosa, lo que precisamente era materia del reclamo, esto es, la abstención de proveer y notificar. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza al Secretario judicial y/o actuario a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con que cuenta la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para rendir su informe justificado, toda vez que fue notificada de su solicitud el trece de diciembre del año en curso, y su periodo vacacional comprendió del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, a fin de dar oportunidad a la recepción del informe justificado, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a ****, la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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