Sarah Elizabeth Reithofer

Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Sarah Elizabeth Reithofer

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 374/2023. Puebla, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente por la quejosa XXXXXXXX, por derecho propio, contra actos de XXXXXXXX, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic), y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a la quejosa que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constará únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a la quejosa para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Demanda digitalizada. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que aquella delimitó su reclamo como sigue: ".PRIMERO).- De ambas autoridades señaladas como responsables reclamo la infundada, inmotivada, ilegal e inconstitucional OMISIÓN DE RESOLUCIÓN a la INCONFORMIDAD interpuesta dentro de la Averiguación Previa 50/2014/AMP04/SACHO desde el día dieciséis de marzo del año en curso (16/3/2023), interrumpiendo el proceso legal conforme a derecho. SEGUNDO).- OCULTAMIENTO DE DATOS y permitir que se sigan cometiendo los delitos denunciados. La autoridad señalada no me ha permitido el acceso a mi denuncia, pues no se me ha notificado de absolutamente nada sin respetar los plazos por ley permitidos...". Ese reclamo se dirige en realidad contra una omisión específica de las autoridades responsables: no han emitido la resolución correspondiente a la inconformidad que presentó la quejosa, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la referida averiguación, pese a que el citado recurso fue interpuesto el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad -en la demanda de amparo-, y la primera página del escrito de inconformidad ofrecida como anexo, permiten visualizar que las autoridades responsables todavía se encuentran en vías de decidir ese medio de impugnación. Tan es así que ningún dato ofreció la quejosa para visualizar un descuido u olvido al trámite del recurso de inconformidad, que pudiera generar la posibilidad de un escenario de inactividad para la resolución a ese medio de impugnación. Al contrario, los antecedentes relatados en la demanda y la primera página del escrito de inconformidad ofrecido como anexo, llevan a visualizar que las autoridades responsables todavía están dentro del plazo genérico de cuarenta y cinco días, establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emitir la resolución de un medio de impugnación cuando su regulación no contempla un plazo específico. Esa afirmación se justifica de la forma siguiente: la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada por un agente del Ministerio Público en la averiguación previa del sistema penal tradicional o mixto, puede ser impugnada mediante el recurso de inconformidad. Así se desprende del artículo 30 ter, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que dispone: "Artículo 30 ter.- En los casos en que se acuerde el archivo de la Averiguación Previa, el Agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda. Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el Agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la Averiguación Previa al Ciudadano Procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma". Pero el transcrito numeral 30 ter, únicamente prevé el trámite para el recurso de inconformidad contra la determinación de no ejercicio de la acción penal -que se emite al decretar el archivo de la indagatoria-; en otras palabras, la regulación de la inconformidad carece de previsiones legislativas, sobre el plazo dentro del cual debe ser resuelto ese medio de impugnación. De ahí que el reclamo de la quejosa, pueda ser sometido al plazo genérico de cuarenta y cinco días, establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emitir la resolución de un medio de impugnación cuando su regulación no contempla un plazo específico. Ese plazo genérico se encuentra en la tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de la mencionada sala, emitida en la Décima Época, que se encuentra con registro digital 2019400, y el rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Entonces, si la quejosa presentó su recurso de inconformidad el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, esta juzgadora de tutela considera que el plazo de cuarenta y cinco días naturales al cual estarían sujetas las autoridades responsables, para emitir la resolución a esa inconformidad, comenzó el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y habrá de concluir hasta el treinta de abril del año en curso. De donde se obtiene que las responsables, a la presente fecha, están dentro del plazo genérico para analizar el recurso de inconformidad que presentó la quejosa, y emitir la resolución correspondiente sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sobre todo porque ningún indicio se advierte de que hayan olvidado la interposición del recurso o que hubieran paralizado su análisis, al grado de abstenerse en forma injustificada de emitir su resolución. En cambio, se visualiza que las autoridades responsables todavía están dentro del plazo genérico de cuarenta y cinco días, fijado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decidir el mencionado recurso. De modo que a la fecha todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del recurso de inconformidad, pues a la fecha ni siquiera ha concluido el plazo genérico de cuarenta y cinco días para emitir la resolución, que es el factor determinante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra la falta de resolución a ese medio de impugnación. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/2022 (11a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025625, y el epígrafe siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". Al hilo de lo apuntado, esta juzgadora de tutela considera que todavía no ha transcurrido un periodo de tiempo excesivo, conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido al recurso de inconformidad presentado por la quejosa, en la indicada averiguación. La afirmación previa se obtiene de los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, e incluso del anexo ofrecido con la demanda, porque en conjunto permiten visualizar que las autoridades responsables, se encuentran dentro del plazo genérico de cuarenta y cinco días para decidir el recurso de inconformidad, porque ese plazo concluirá hasta el treinta de abril de dos mil veintitrés. Aunado a que la averiguación continúa en un escenario de actividad, dado que no existe prueba de lo contrario. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no puede estimarse un acto de imposible reparación, en la supuesta falta de resolución al comentado medio de impugnación. Luego, debe concluirse que el acto reclamado por la quejosa, encuentra una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VII, de la misma legislación, y las tesis jurisprudenciales invocadas con antelación. Por consiguiente, se declara que la supuesta falta de resolución a la inconformidad que presentó la quejosa, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada en la referida averiguación, encuentra a la presente fecha una causal manifiesta e indudable de improcedencia, que resulta de la ausencia de un periodo excesivo de tiempo que haya transcurrido, desde la interposición del recurso de inconformidad. Sobre todo porque las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda e incluso los datos que obran en el anexo, reflejan que las autoridades responsables están dentro del plazo genérico para decidir la litis del recurso de inconformidad presentado por la quejosa -o quizás ya lo decidieron y sólo falta que sea notificado-. Lo cual desvanece el escenario de inactividad por descuido o sin justificación, que pretendió fincar la quejosa en una parte de su demanda, respecto del mencionado recurso de inconformidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción VII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, y las tesis jurisprudenciales invocadas con antelación, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, dado que no ha transcurrido un periodo excesivo de tiempo desde la interposición del mencionado recurso, que permita combatir a la fecha la supuesta falta de resolución, motivo por el cual se actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis1 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizado. 1 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó de manera expresa ser notificada por la vía electrónica así como el acceso al expediente electrónico. Por tanto, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite a la quejosa el mecanismo de notificación electrónica y acceso al expediente electrónico, con el usuario "XXXXXXX". Asimismo, se tiene a XXXXXXX como autorizado en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. A pesar de lo anterior, se deja establecido que de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En ese sentido, se tienen recibidas las manifestaciones de la quejosa, en el sentido de que acepta la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la quejosa (vía electrónica con el usuario que proporcionó); y cúmplase.

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