Sarah Elizabeth Reithofer

Expediente 1208/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1208/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Natasha Ilonka Reithofer y Otros.
  • Sarah Elizabeth Reithofer
  • Joaquin Romano Nava y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al expediente el oficio con anexo, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja ** de su índice, en cuyo punto resolutorio se establece: ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja. En consecuencia, glósese a este juicio la copia certificada del testimonio adjunto al oficio de cuenta. Además, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordena acusar recibo a la superioridad, y hacer del conocimiento lo anterior a la parte que interpuso el recurso para los efectos legales correspondientes. Ante la firmeza del acuerdo recurrido, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del proveído pronunciado en el mismo (desechamiento). Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente

  2. Principal

    Agrego a los autos el oficio signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que el magistrado presidente del citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **, ambas de apellidos **, el cual quedó radicado como **. De lo cual quedo informado para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Se agrega al expediente una copia del escrito de cuenta, signado por +++ por el cual interponen recurso de queja y formulan agravios contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, tengo interpuesto dicho recurso. Por lo que ordeno remitir el original del recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de turnarlo al órgano que deba substanciar la citada queja. Sin embargo, descarto proceder en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . Por otra parte, desde este acuerdo rindo el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda origen de este expediente, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Como justificante de lo anterior, ordeno adjuntar copias certificadas del presente expediente, así como el original y copia del escrito de queja donde obran los agravios correspondientes.

  4. Principal

    Recibo la demanda de protección signada por los quejosos ** estas de apellidos ** por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, ordeno formar el expediente constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, tengo como representante común de los quejosos al de nombre ** porque así lo solicitaron en el primer acápite de la demanda. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo se detectara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. La hipótesis normativa anterior se configura en la demanda de los quejosos, pues al revisar el acto que pretende reclamar, detecté una causal de improcedencia conforme a la cual habré de desecharla. En particular, considero que la solicitud de protección de derechos fundamentales involucra un acuerdo incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia por el derecho fundamental de justicia pronta se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 377/2013 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva por el nuevo parámetro de imposible reparación está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, los quejosos solicitan el control de legalidad extraordinario a través de su demanda de juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte donde se otorgó vista al Fiscal General del Estado de Puebla, para que este formule conclusiones acusatorias en la causa ** donde aquellos tienen el carácter de procesados. Vista que fue otorgada en la fase de preparación a la sentencia definitiva, es decir, con posterioridad al cierre de la instrucción en la causa. Entonces, considero que la decisión de otorgar una vista para la formulación de conclusiones acusatorias, sólo puede generar a los quejosos violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión contenida en una parte del acuerdo en mención, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal de los quejosos. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses de los quejosos. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse un acuerdo donde sólo se otorgó vista para las conclusiones acusatorias, y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra los quejosos a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto afirmo que esa parte del acuerdo reclamado, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia. Por consiguiente, los quejosos deben esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la vista otorgada para la formulación de las conclusiones acusatorias, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes de manera contraria a los intereses de aquéllos; y si así fuera podrán alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Sólo me resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la parte del acuerdo reclamado, pues de analizarse el contenido de este habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la parte combatida del acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal ** encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, desecho de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encontré de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia explicada con antelación. Lo cual ordeno registrar tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Por otra parte, tengo como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado, porque así lo solicitaron. Además, queda como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ** porque así fue designado y tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Luego, informo a los quejosos que se les permite la toma de fotografías en el presente juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a su costa y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA . En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hago saber a los quejosos el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

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