Sara Sandoval Villegas

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Sara Sandoval Villegas
  • María Isabel Sandoval Correa y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de diez de noviembre del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, mediante el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del ocursante referido. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el dieciocho de junio del presente año se emplazó al presente juicio de amparo a los terceros interesados María Isabel Sandoval Correa y Gustavo Alcalá Sánchez, por medio de lista fijada en lugar visible de este juzgado, por lo cual se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dichos terceros se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas del diez de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 419/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con una promoción registrada bajo el número 7163, y con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El Juez acuerda: Se tiene por recibido el escrito signado por Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, mediante el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del ocursante referido. Asimismo, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que no se ofreció medio probatorio alguno. El Juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que únicamente el asesor jurídico los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del citado asesor; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Juez Quinto Oral Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado De Michoacán, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: - Las convivencias decretas en el juicio de origen respecto de los menores quejosos y sus abuelos paternos. SEGUNDA. La autoridad responsable al momento de rendir su previo manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147 y 150 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado se niega la suspensión solicitada. Lo anterior no obstante, que el acto que se reclama tenga que ver con las convivencias decretadas por el juez de origen con los abuelos paternos de los menores, pues en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa que en la especie se trata de menores de edad, se debe atender preponderantemente al interés superior del menores, pues de conformidad con el artículo 4° Constitucional, se tiene la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos (entre los que se encuentran la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral); asimismo, el precepto 1° Constitucional prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/16, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162562, cuyo rubro y texto son los siguientes: ''INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.'' Asimismo, la jurisprudencia I.5o.C. J/14, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162563, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos." Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República Mexicana el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y por lo cual es de observación obligatoria de conformidad con el artículo 1° de la Carta Magna, en el artículo 2 de la convención establece: "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales." Asimismo, el artículo 6° de la convención en cita, punto 2, prevé: "2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño." Y el artículo 23 de la referida convención, establece en sus tres primeras partes lo siguiente: "1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible." En ese orden de ideas, se considera que la apariencia del buen derecho, en el caso concreto no se encuentra acreditada pues si quien esto resuelve advierte que de conceder la suspensión para los fines pretendidos por la parte quejosa, se trastocaría las decisiones emitidas por el juez familiar. En ese sentido, con fundamento en los artículos 128, fracción II, y 129 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se considera que en la especie, no procede conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgar dicha medida cautelar se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, se advierte que la autoridad judicial debe preponderantemente establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de convivencia, velando siempre por el bienestar de los menores de edad, pues dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas; por lo que, de conceder la medida cautelar para el efecto que pretende la parte quejosa, se contravendrían disposiciones de orden público al ser el desarrollo de los menores una cuestión de interés social, cuya salvaguardia es prioritaria y se establece por encima del derecho de los adultos. Lo anterior, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, dado que existe solicitud expresa de la medida cautelar y atento al interés superior del menor. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Sara Sandoval Villegas, en cuanto abuela materna y custodia de los menores Renata, Regina y Alonso todos de apellidos Alcalá Huerta la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la segunda consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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