Sara Mayola Anguiano Velazco
Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sara Mayola Anguiano Velazco
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto y/o resolución de 13 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito la quejosa Sara Mayola Anguiano Velazco, por el cual solicita la devolución del billete de depósito N 863397, valioso por la cantidad de cinco mil pesos, que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. En tal virtud, dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a su petición, toda vez que aún no fenece el plazo de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada promueva el incidente de pago de daños y perjuicios, ya que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el juicio en que se actúa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Hágasele saber que para la entrega de las copias que solicita, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 611/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegaron las autoridades responsables y la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos referidos y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte (foja 2), ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Sara Mayola Anguiano Velazco, por propio derecho y en representación legítima de su menor hijo César Uriel Zurita Anguiano, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil; y, 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil. Ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 277/2016, que sobre pago de pesos promovió Clemente Salcedo González frente a Francisco Calderón Villalón y a Angélica Alcaraz Pimentel, incluyendo el auto por el que se ordenó requerir a la parte demandada, la entrega real y material del inmueble rematado en esa contienda, ubicado en la calle Combate de Cuevitas 436, colonia Leandro Valle, de esta ciudad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte (foja 13) se admitió a trámite la demanda de amparo, se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables. Luego, en auto de dos de octubre siguiente (foja 37) se reconoció el carácter de tercero interesado a Clemente Salcedo González. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales en auto de siete de octubre de esta anualidad se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Sara Mayola Anguiano Velazco y César Uriel Zurita Anguiano, reclaman: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 277/2016, que sobre pago de pesos promovió Clemente Salcedo González frente a Francisco Calderón Villalón y a Angélica Alcaraz Pimentel, incluyendo el auto por el que se ordenó requerir a la parte demandada, la entrega real y material del inmueble rematado en esa contienda, ubicado en la calle Combate de Cuevitas 436, colonia Leandro Valle, de esta ciudad. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como el Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye (fojas 30-27). Lo que se corrobora con el testimonio autorizado del juicio ejecutivo mercantil 277/2016 que adjuntó a su informe el juez responsable, documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional a las citadas autoridades responsables. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, las partes no invocaron alguna causal de improcedencia; sin embargo, este juzgador de oficio, advierte que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos no acreditan la afectación a su interés jurídico, lo que conlleva a sobreseer en el juicio, por las razones siguientes: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, entendida como aquella que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Política, virtud del acto de autoridad que se reclama; circunstancia que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la parte quejosa de manera directa -interés jurídico- o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Dichas figuras -interés jurídico o legítimo- están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, se ha pronunciado como sigue: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Asimismo, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con el interés legítimo, estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: 1. La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3. El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, se encuentra contenido en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible a fojas 1854, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". En el entendido que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que así lo dispone expresamente el artículo 107, fracción I, constitucional. En ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo (en el entendido de que uno excluye al otro), para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. Apoya lo expuesto, la tesis III.4o. del (III Región) Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Tercera Región 17 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, Enero de 2014, tomo IV, página 3074, que dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio.". En el caso, los quejosos Sara Mayola Anguiano Velazco y César Uriel Zurita Anguiano, se ostentan extraños al juicio ejecutivo mercantil 277/2016, que sobre pago de pesos promovió Clemente Salcedo González frente a Francisco Calderón Villalón y a Angélica Alcaraz Pimentel; contienda en la que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte se ordenó requerir a la parte demandada, la entrega real y material del inmueble rematado ubicado en la calle Combate de Cuevitas 436, colonia Leandro Valle, de esta ciudad. Al respecto, la quejosa Sara Mayola Anguiano Velazco señala que desde el seis de septiembre de dos mil diecinueve posee en calidad de arrendataria, el inmueble que se ordenó entregar a la actora, lo que acreditó con el original del contrato de arrendamiento que celebró con el demandado. En ese contexto, la referida solicitante del amparo como tercera extraña al juicio natural, para obtener la protección constitucional, se encontraban obligados a demostrar los siguientes extremos: a) Que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que en el caso, es el contrato de arrendamiento que refiere; y, b) Que tiene la posesión del bien inmueble materia de la litis en el juicio de origen; con lo que probaría que de ejecutarse el acto de autoridad que reclama, se afectaría su esfera jurídica. Tocante al inciso a) consistente en que el título se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, no fue acreditado por la aludida peticionaria del amparo, pues sólo ofreció como medio de convicción la documental privada consistente en el contrato privado de arrendamiento que celebró el seis de septiembre de dos mil diecinueve, con Angélica Alacaraz Pimentel -demandada del juicio de origen-, respecto del inmueble antes referido. Sin embargo, el citado documento resulta insuficiente para acreditar la existencia del título generador de la posesión que aduce tener la referida quejosa respecto del bien inmueble citado en el párrafo que antecede, en virtud que ese contrato no constituye documento de fecha cierta y por tanto, no puede surtir efectos contra terceros. Se afirma lo anterior, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que si bien la ley secundaria no exige que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público, ni que se inscriban ante un Registro Público, ello no implica que tales documentos -por sí mismos- adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros; puesto que, al consignarse en tales actos jurídicos, un acto traslativo de uso, es posible que éstos contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera en perjuicio de terceros. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia 1a./J.24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 11, Tomo XXVII, abril de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Entonces, si el contrato de arrendamiento que exhibió la quejosa Sara Mayola Anguiano Velazco no es un documento de fecha cierta, es claro que por sí mismo es insuficiente para tener por demostrado su interés jurídico. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2017, que dio origen a la jurisprudencia citada señaló que, tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta. La razón principal de ello, radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, pues si no se satisface el requisito de certeza, haría imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso. Puntualizó que igual exigencia debe prevalecer tratándose de documentos que consignen contratos traslativos de uso, como lo es el contrato de arrendamiento; en virtud que, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta. Sostuvo, que la fecha cierta de un documento privado, se da cuando se actualiza alguna de las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En ese sentido, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Igualmente, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Es oportuno precisar que sólo la certificación que asiente el notario público en el sentido de que en una fecha determinada los suscriptores de un contrato privado acudieron ante su presencia a ratificar el contenido y firmas del documento relativo, es apta para conferirle la calidad de fecha cierta. También proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Lo expuesto, permite concluir que dichos supuestos tienen como finalidad conceder eficacia probatoria a la fecha que consta en el documento privado que contiene un acto jurídico y con ello certeza jurídica, con la finalidad de evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en dicho acto asentaran una fecha que no corresponde a la data que corresponde a la celebración del acto. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, motivo por el cual, no pueden dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al ocurrir cualquiera de las eventualidades señaladas con antelación, surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 77, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Por tanto, en atención a que el documento a través del cual se pretende acreditar en esta instancia constitucional que la quejosa Sara Mayola Anguiano Velazco tiene el carácter de arrendataria del inmueble que por esta vía defiende, carece de fecha cierta, aunado a que tampoco acredita el segundo extremo, esto es, que tiene la posesión jurídica del mismo, se impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, en virtud de que lo actuado en el juicio natural respecto del que la recurrente afirma ser tercera extraña y no haber sido oída y vencida, jurídicamente tiene que depararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, más no la simple detentación material o tenencia. Incluso, si se estuviera en este último caso, ello no implicaría la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza a la quejosa para reclamar en esta vía constitucional. Es aplicable, la tesis I.5º.C.6 K del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, página 613, Tomo II, Noviembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." En consecuencia, se concluye que en el presente caso no quedó acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo; por tanto, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 3ª./J.58 8/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Tomo V, Primera parte, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Determinación que se hace extensiva respecto de las demás actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil 277/2016, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la falta de llamado a la contienda natural. Sin que sea óbice para asumir la presente decisión judicial, la circunstancia relativa a que en su demanda la quejosa Sara Mayola Anguiano Velazco, aduzca infringido el derecho a la vivienda de su menor hijo César Uriel Zurita Anguiano y que alegue que, conforme al interés superior de éste consagrado en el artículo 4° Constitucional, debe concedérsele la protección constitucional, porque el acto reclamado deja en estado de indefensión al referido menor. Lo anterior, porque la aplicación del referido principio de protección a su menor hijo, no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Pag. 772, Décima Época, registro 2006485, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la diversa tesis aislada XXVII.3o.129 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, Común, Página 2389, Décima Época, Registro 2018163, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN MOTIVO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UN MENOR. El numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado (consistente en el embargo de un inmueble), le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sara Mayola Anguiano Velazco y César Uriel Zurita Anguiano, por su propio derecho contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Santiago Vega Balverde20/2021
- Sara Bedolla Ortiz597/2021
- Sara Chagolla García801/2020
- Sara Gabriela Estrada Blanco307/2019
- Sara Ivette Gutiérrez Estrada585/2022
- Sara Lizzette Pedraza Tapia742/2016
- Sara Sandoval Villegas419/2021
- Sarai Cortes Pérez1101/2017
- Saraí Regalado Estrada341/2021
- Saul Barragán Barragán1007/2022
- Saul Chavez Chavez1354/2023
- Saul Horacio Esqivel Cruz106/2017