Sara Ruiz Vigil

Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
367/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Sara Ruiz Vigil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia constitucional, en el cual no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta un documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese la constancia de cuenta, donde el actuario adscrito a este juzgado hace constar que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado ********************, el auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. En razón de lo anterior y vista la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de trece de julio de dos mil dieciocho; por lo que se ordena que la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado al citado tercero interesado; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    PERSONALMENTE

  4. Principal

    A las nueve horas del siete de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, los autos de cuatro y seis, ambos de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de amparo 367/2018-III-A; a la parte tercero interesada Pablo Pánfilo Bernal; en cumplimiento al auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a la aquí quejosa del proveído diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, donde se dejó sin efectos la multa impuesta en proveído dictado seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio administrativo número 32/2017 T.S. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La quejosa ******** promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en el acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio administrativo número 32/2017 T.S., en el que impone multa al quejoso. Ahora bien, de las documentales aportadas por la referida autoridad, se desprende que el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dejó sin efectos la multa impuesta en el diverso proveído dictado el seis de junio del mismo año, dictado en autos del juicio administrativo número 32/2017 T.S. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y como consecuencia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, se dejan sin efectos las nueve horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciocho, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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