Sara Pineda Sepúlveda

Expediente 123/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
123/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
10/06/2016

Partes del expediente

  • Sara Pineda Sepúlveda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 256 a 261), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    A las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 123/2015-única; a los terceros interesados DANIEL VALENCIA ÁLVAREZ; en cumplimiento al auto de veintidós de junio de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 6761 (fojas 223 a 225) y 7255 (fojas 232 a 250), la autoridad responsable 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, de quien reclamó lo siguiente: "[.] De la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la resolución de veintinueve de enero de dos mil quince, pronunciada en el toca civil 2066/2014, que confirmó la resolución de veinte de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio ordinario civil 206/2012 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, que declaró improcedente la planilla de liquidación de gastos y costas. [.]" Ahora bien, mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. "[.] a) Deje insubsistente la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil quince en el toca de apelación 2066/2014; b) En su lugar, emita otra en la que al resolver dicho recurso prescinda de aplicar la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California; y c) Con libertad de jurisdicción valore los elementos de pruebas aportados por la actora incidentista y resuelva lo que en derecho proceda, debiendo reiterar las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo. [.]" 2. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad. "[.] Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al juez responsable, en virtud de que no se le atribuyen por vicios propios. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 6761 (fojas 223 a 225) y 7255 (fojas 232 a 250), la autoridad responsable 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas del proveído de veintiséis de abril del presente año (fojas 224 y 225) y de la resolución de tres de mayo del actual, ambos emitidos dentro del toca civil 2066/2014 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante proveído de veintiséis de abril del presente año (fojas 224 y 225), emitido dentro del dentro del toca civil 2066/2014 de su índice, dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada el veintinueve de enero de dos mil quince; asimismo, en tres de mayo del presente año, emitió una nueva determinación en la que prescindió de aplicar la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, y -con libertad de decisión- valoró los elementos de prueba aportados por la actora incidentista, de igual forma, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo y determinó revocar la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil catorce, dictada por la diversa autoridad responsable 2. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del juicio ordinario civil 206/2012. De tal suerte que si bien es cierto la autoridad responsable en la resolución de respectiva decretó revocar la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil catorce, dictada por la diversa autoridad responsable 2. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del juicio ordinario civil 206/2012 -con libertad de jurisdicción- expuso los motivos por los cuales tuvo a bien tomar esa determinación; también lo es que tal determinación la tomó en uso de su facultad como órgano rector del procedimiento judicial de origen. Lo anterior, con la salvedad, que las partes en el juicio natural, hagan uso de los medios de impugnación que establece la ley que rige el acto reclamado que originó la presente instancia de control de la constitucionalidad, pues la circunstancia que la autoridad responsable no provea de conformidad las peticiones formuladas por las partes, ello no provoca que aquella, no haya cumplido con la ejecutoria de amparo, aunado a que ha quedado demostrado que la a quo responsable ha cumplido con todos y cada uno de los lineamientos de la ejecutoria, actos que desplegó con libertad de jurisdicción. En ese mismo tenor, el suscrito estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí, mediante resolución de tres de mayo de la presente anualidad, se pronunció con libre decisión. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una resolución -en sentido determinado- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente revocar la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil catorce, dictada por la diversa autoridad responsable 2. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del juicio ordinario civil 206/2012. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la readscripción y designó como titular de este órgano jurisdiccional a la licenciada Marisela Reyes Calderón, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    A las nueve horas del nueve de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 123/2015-única; a los terceros interesados DANIEL VALENCIA ÁLVAREZ; en cumplimiento al auto de veintidós de junio de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de la 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta y con el diverso registrado con el folio 6124 (foja 218), por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades responsables se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaria General de Acuerdos de la 1. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio de los cuales acusa recibo del oficio 10752/2016 e informa que dejó insubsistente la resolución de veintinueve de enero de dos mil quince y solicita una prórroga por el término de treinta días hábiles, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, por las razones que indica; de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la referida autoridad, una prórroga de diez días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Lo anterior es así, debido a que si bien es verdad que el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señala treinta días como plazo máximo para la emisión del proyecto de resolución y que los artículos 192 y 193, ambos de la Ley de Amparo, no indican el plazo en que debe emitirse la resolución en cumplimiento a la ejecutoria, también lo es que esa facultad de ampliación del plazo quedó limitada a que se establezca un plazo razonable estrictamente determinado, en función de la complejidad o dificultad para el cumplimiento. Dicho lo anterior, la sala responsable debe cumplir con el efecto protector, lo que hace que el asunto ya no sea ordinario, puesto que no se trata de un asunto en el que se haya citado para dictar sentencia o se deba resolver un recurso por haber pasado un trámite ordinario, sino que la obligación de dictar sentencia deriva de un requerimiento judicial de un órgano de amparo que justifica que el plazo sea menor, porque se trata de un asunto de conocimiento previo que fue violatorio de garantías. Resulta aplicable, la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de doce de abril de dos mil dieciséis.

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