Sara Paola Bautista Valencia

Expediente 1615/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1615/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Sara Paola Bautista Valencia
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Glósense a los autos sin dictar mayor acuerdo al respecto, el informe justificado e informe de suspensión de plano que rinde el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar en representación del Instituto de Salud para el Bienestar, en virtud de que por auto de veintiocho de febrero del presente año se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos sin dictar mayor acuerdo al respecto, el oficio signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, en virtud de que por auto de veintiocho de febrero del presente año se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por Austelio Adalberto Mendoza Andrade, autorizado dela parte quejosa, mediante el cual informa que la parte quejosa ya cuenta con el esquema completo de vacunación; en consecuencia de lo anterior se acuerda lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de autos se desprende lo siguiente: Mediante el escrito de cuenta, Austelio Adalberto Mendoza Andrade, autorizado dela parte quejosa, informa que la menor quejosa de iniciales S.P.B.V., ya cuenta con el esquema completo de vacunación. Por tales motivos, se considera actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no obra la totalidad de los informes justificados requeridos a las responsables ni el acuse de recibo del oficio por medio del cual se les solicito; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte y a fin de contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que la quejosa menor de iniciales S.P.B.V., haya sido inoculada por cuanto a la segunda dosis, contra el virus SARS-COV- 2, con el biológico Pfizer-BioNTech. En consecuencia, se requiere al representante del menor quejoso, así como al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para el efecto de que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informen si ya fue aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech, a la menor quejosa, y exhiban el comprobante de vacunación contra el virus SARS-COV2, que para el caso se haya emitido, con el apercibimiento para ambas partes, que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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