Sara Nava Cabrera

Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Sara Nava Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 703/2022; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Naybi Ríos Sandoval, en su carácter de defensora particular de Sara Nava Cabrera, reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Centuagésima Quinta Investigadora, de la UEIDMS, con residencia en la Ciudad de México: El acuerdo de aseguramiento de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, decretado dentro de la carpeta de investigación C.I.FED/SEIDO/UEIDMSMOR/0000210/2021, del bien mueble consistente en una camioneta marca Nissan, modelo 2020, color blanco, con número de serie 3N6AD35A5LK878805, número de motor QR25396068H, clave vehicular 1051557. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Centuagésima Quinta Investigadora, de la UEIDMS, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Alcances de la suspensión previstos en la Ley de Amparo en vigor: Sobre el tema, debe estarse a lo previsto por los artículos 138, 139, párrafo segundo, 143, 144, 145, 147 y 150, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." "Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial. Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal." "Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta." "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." De los numerales acabados de reproducir se obtiene que, una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá actuar en la forma siguiente: 1. Realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a efecto de acordar si concede o niega la suspensión definitiva. Aspecto que si bien es novedoso en el texto de la actual legislación de la materia, no lo es en el plano constitucional y jurisprudencial, pues sólo es producto de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había advertido y reflejado en diversos criterios que sobre el tema emitió, lo que incluso se desprende del proceso legislativo que dio origen a la porción normativa en cuestión, dado que en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, de quince de febrero de dos mil once, al efecto se estableció: "Suspensión del acto reclamado. "En el caso de la suspensión del acto reclamado, se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural. "Para tal efecto, se privilegia la ponderación que deban realizar los jueces entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. "En efecto, se dispone expresamente en el artículo 128 del texto del proyecto como elemento a considerar por parte de los Jueces para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Con ello se pretende lograr que la medida cautelar sea eficaz pero que por otro lado no se afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Asimismo, debe referirse que se llevó a cabo una revisión puntual de los supuestos que en términos de la ley se actualiza la afectación al interés social, ello con el propósito de dar mayor certeza a las partes en el juicio de amparo así como parámetros al Juez para resolver sobre la suspensión..." En tanto que, al dictaminar tal iniciativa las Comisiones Unidas de Justicia y puntos Constitucionales, en el Senado de la República, en lo concerniente a este tema, se anotó: "Suspensión del acto reclamado. "En lo concerniente a la suspensión del acto reclamado, se dispone un modelo equilibrado que permite, por un lado que la medida cautelar cumpla con su propósito protector e impida que continúe la posible violación al derecho fundamental, pero por el otro se prevén mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvíen el objetivo central de esta figura. "Con esas ideas como base para la toma de decisiones, se arribó a la conclusión de que los juzgadores deberán hacer una ponderación entre la apariencia de buen derecho y la no afectación del interés social y, en consecuencia, decidir. Estas comisiones unidas coinciden en que el artículo 107, fracción X constitucional reformado al respecto confiere la obligación al legislador a establecer los supuestos en los que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones determinadas en la ley reglamentaria, y donde el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deba hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. "En efecto, se menciona expresamente en el artículo 138 del texto del proyecto de la Ley de Amparo la apariencia del buen derecho como elemento a considerar por parte de los jueces para el otorgamiento de la suspensión, herramienta del juzgador reconocida por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo. De esta manera, se plantea lograr que la medida cautelar sea eficaz, pero que no afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Asimismo, debe referirse que con el ánimo de dar certeza a las partes en el juicio de amparo y dotar al juzgador de parámetros que guíen su resolución sobre la suspensión, se determinó hacer un repaso puntual de la hipótesis en la que, de acuerdo con la ley, se actualiza una afectación al interés social, Fue así como se acordó la redacción del artículo 129 del proyecto de la Ley de Amparo. [...] "La jurisprudencia y doctrina tradicional en México sostuvo durante mucho tiempo que la suspensión solamente debía tener meros afectos conservatorios sin requerirse estudio alguno sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por ser esto último materia de la sentencia que resolviera el fondo del amparo. Sin embargo, en la práctica se desvirtuó mucho el propósito de este instrumento, y una serie de criterios jurisprudenciales más recientes tendieron a considerar que era necesario para su otorgamiento un análisis previo de la probable inconstitucional del acto reclamado, dado que el artículo 107 constitucional, en su fracción décima, antes de la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo, ordenaba analizar para el otorgamiento de la suspensión la naturaleza de la violación alegada. "Dichos criterios se fueron apegando a la teoría de la apariencia de buen derecho y peligro en la demora como elementos para otorgar la suspensión, para lo cual es indispensable un estudio preliminar de la constitucionalidad del acto reclamado. "En tales presupuestos, el primero se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sin dejar de observar los requisitos de la Ley de Amparo para concederla, basta de la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, ya que solamente se puede hacer esto en la sentencia contando con mayor información y siguiendo un procedimiento más amplio. La apariencia del buen derecho tomada en cuenta en la suspensión sólo tiene carácter provisional y se funda en una mera hipótesis (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante), y deberá sopesarse con otros elementos requeridos para la suspensión, ya que si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión, aunque el interés social y preservación del orden público están por encima del interés particular. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo cual se logra mediante un conocimiento superficial basado en una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. "En el caso del segundo, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, cuestión que se puede presentar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Es necesario un cálculo también preventivo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse del otro cálculo sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita ante el Juez de amparo. Esta ponderación permite al juzgador de amparo contemplar en la medida precautoria de la suspensión aquellos efectos restitutorios sin que prejuzgue sobre el fondo. Esto evita en la práctica que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, se conserve viva la materia del juicio, y con ello no se lesione el interés social. "Como se había mencionado, los presupuestos derivados de la jurisprudencia del buen derecho en materia de la suspensión, no sólo fueron integrados al artículo 107, fracción X antes mencionada en la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2011, sino que también han tenido gran cabida en el derecho comparado, en particular en España y en otros países de la Unión Europea como Alemania e Italia. Es importante para estas dictaminadoras reconocer que la necesidad de acudir al proceso para obtener la razón, no debe perjudicar a quien tiene la razón, y por ello esta útil herramienta de buen derecho tiene esa finalidad, sin llegar al extremo de perjudicar el interés social..." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/95, el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, estableció que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En la citada ejecutoria se explicó, que la apariencia del buen derecho, se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, el que aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la ley abrogada, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Se dijo además, que ese examen encontraba fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, ahora reformado, en cuanto establecía que para el otorgamiento de la medida suspensional era necesario tomar en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implicaba que debía atenderse al derecho que se aducía violado. Posteriormente, se precisó que el citado análisis debía realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, y teniendo en cuenta, siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla, sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En último lugar, se dijo que, al llevar a cabo el citado análisis, el juzgador debía tomar en cuenta los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público, es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, debería negarse la suspensión solicitada, ya que, la preservación del orden público o del interés de la sociedad, estaban por encima del interés particular afectado; de manera que el examen que realizara el juzgador, debía quedar sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. De tales consideraciones, derivó la jurisprudencia P./J. 15/96, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". Posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/2007-PL, estableció que la apariencia del buen derecho debe analizarse concomitantemente con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo que establece el artículo 124, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público, que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.". Con base en el anterior criterio, surgió la obligación de los juzgadores de amparo, de analizar la apariencia del buen derecho, al mismo tiempo que se llevaba a cabo el análisis de la posible afectación que pudiera ocasionarse al orden público o al interés social, como requisito legal para conceder la suspensión de los actos reclamados. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, se reformó, entre otros, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los criterios que ya había venido estableciendo esta Suprema Corte, en relación con la apariencia del buen derecho, como elemento que se debe considerar al pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. En dicha disposición constitucional, quedó consignado expresamente, que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Finalmente, al expedirse la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, se recogió la institución prevista en el artículo 107, fracción X, de la Norma Fundamental, para establecer en el artículo 138 que, promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En este contexto, se obtiene que, previo a la vigencia de la actual Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional sí tenía la obligación, constitucional y jurisprudencialmente, de llevar a cabo un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pudiera ocasionarse al orden público o al interés social la suspensión del acto reclamado, a fin de pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. 2. Por otra parte, acorde al artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, cuando proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Por su parte, el artículo 143 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En tanto que el numeral 147 del mismo ordenamiento legal, señala que, en los casos que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En el artículo 150 de la ley en comento, se dispone que en los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. En mérito de lo anterior, resulta que además de prever, como efectos de la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado, la conservación de la materia del juicio de amparo, para lo cual se deberán ordenar mantener las cosas en el estado que guardan, emitiendo las medidas necesarias para ello; la actual Ley de Amparo contempla expresamente en el artículo 147, cuando la suspensión sea procedente y siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita, la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, lo que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta la sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Aspecto que tiene estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto que el juzgador está obligado efectuar con el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de resolver si concede o niega la suspensión provisional, acorde a lo previsto en el artículo 138. Lo anterior, evidentemente, sin desatender el imperativo de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio y cuidando de no lesionar el interés social. 3. En caso de negar la suspensión del acto reclamado, la autoridad podrá ejecutar el acto reclamado. Requisitos para que sea decretada la suspensión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, la suspensión se decretará, a reserva de la materia de telecomunicaciones que se regula en el último párrafo de ese numeral, siempre que: a) Lo solicite el quejoso; y b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cuyos casos están previstos de manera enunciativa en el artículo 129 de la propia ley. Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional de amparo podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en el artículo 129, si a su juicio, la negativa pueda causar mayor afectación al interés social. Además, el numeral 131 de la actual legislación de amparo, dispone que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá, cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento. Plazo previsto para otorgar la suspensión provisional. Si bien la actual Ley de Amparo, no es expresa en señalar el plazo en que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse en relación con la suspensión del acto reclamado, la Segunda Sala concluyó que se advierte del análisis relacionado de los artículos 112 y 139 que prevén que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, el órgano jurisdiccional debe resolver si desecha, previene o admite y que con la presentación de la demanda deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. De donde entonces se obtiene que, el Juez de amparo debe proveer respecto de la medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada. Puntualizado lo anterior, como se anunció, se niega la suspensión definitiva por lo que hace al acto reclamado consistente en el aseguramiento de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, decretado dentro de la carpeta de investigación C.I.FED/SEIDO/UEIDMSMOR/0000210/2021, del bien mueble consistente en una camioneta marca Nissan, modelo 2020, color blanco, con número de serie 3N6AD35A5LK878805, número de motor QR25396068H, clave vehicular 1051557. Ello es así, toda vez que de concederse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público, asimismo se causaría perjuicio al interés social, incluso se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de no procedencia de la suspensión contenida en el párrafo tercero del invocado numeral 128, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa, que se encuentra en ejecución, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 229, 230 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impide conceder la suspensión provisional de los actos reclamados; además, que de concederse la suspensión implicaría trastocar el orden público, toda vez que en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos, tarea que se vería obstaculizada si mediante la medida cautelar solicitada se ordena poner en posesión a la parte quejosa del bien inmueble asegurado, la cual incluso como se advierte de la demanda se encuentra recluida, pues conllevaría al riesgo que los indicios que se pretendan conservar desaparezcan, lo que a su vez atentaría contra el interés de la sociedad, que es que los delitos sean sancionados. Cierto, de conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción II, así como en el primer párrafo del diverso 138, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular y así determinar si la medida cautelar solicitada sigue perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, efectuando de igual manera, un análisis ponderado con la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 de la propia norma prevé la definición de cuándo se contravienen esos primeros dos conceptos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso en particular, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar, pues incluso, puede conceder la suspensión si a su juicio con la negativa de la medida cautelar puede causarse mayor afectación al interés social. En el caso, al ponderarse si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa, debe prevalecer la negativa de la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden jurídico o del interés de la sociedad está por encima del interés particular que se dice afectado. Aunado a que de la demanda de amparo se advierte que se encuentra en curso una investigación regida por normas que deben observarse en esa fase del procedimiento penal con el objeto de garantizar el correcto desenvolvimiento de las investigaciones de los delitos; por lo que ante ese escenario debe imperar el interés colectivo, sobre el de la particular quejosa, dado que la sociedad tiene especial atención en que resulten exitosas esas indagaciones, a efecto de conseguir un clima de seguridad generalizado en el país y credibilidad en las instituciones del Estado. Son aplicables, por las razones que informan, los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben e identifican: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Registro: 186504 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 52/2002, Página: 296). "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." (Registro: 199549 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Época: Novena Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.3o.A. J/16, Página: 383). Ahora, en cuanto a lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/5 K (11a.), del rubro: "SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS." Debe decirse que no es correcta su afirmación, en razón de, sólo proceden en casos excepcionales, en los que se pueda deducir de las constancias de autos, que no se afecte el interés social ni el orden público, conforme al actual artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, que no entorpecería el ejercicio de la investigación ministerial del delito y del indiciado, lo que no sucede en el caso particular con los datos que se desprenden del escrito de demanda, por tanto, no hay mayores elementos para que este Juzgado de Distrito pudiera conceder la medida solicitada, aunado a que la Ley de Amparo, de acuerdo al criterio sostenido por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalué si procede la suspensión, por lo tanto, son las circunstancias de cada caso las que determinan si debe concederse o no la suspensión provisional solicitada. Es decir, para el otorgamiento de la suspensión provisional, el Juzgador además de vigilar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, debe realizar un análisis de la posible afectación que pueda ocasionar al orden público o al interés social la suspensión del acto reclamado, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida; en ese sentido, al ser de orden público y de interés social la integración de una carpeta de investigación, de la cual deriva el aseguramiento del bien inmueble, no debe suspenderse el acto reclamado. Razones por las que no resulta aplicable la jurisprudencia que se cita en párrafos precedentes. Además, no se puede soslayar que el aseguramiento del bien inmueble, así como de los bienes muebles que se reclama, deriva de la integración de una carpeta de investigación iniciada con apoyo en las facultades que el invocado artículo 21 de la Constitución Federal, otorgan al agente del Ministerio Público, de persecución del delito y del delincuente, lo cual constituye una cuestión de orden público e interés social, como ya se dijo. Esta determinación se orienta en la tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2015494 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, noviembre de 2017, tomo III Materias: Común y penal Tesis: XVII.1o.P.A.17 A Página: 1937 "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales." Así como en la diversa tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 167354 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Penal Tesis: I.5o.P.66 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009, página 1966 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERA AL ASEGURAMIENTO DEL MENAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE ASEGURADO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 30/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 218, con el rubro: "SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.", sostuvo que cuando el acto reclamado se refiera al aseguramiento de un bien inmueble procede conceder la suspensión definitiva, siempre y cuando no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este sentido, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, esto es, podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo; sin embargo, si también se reclama el aseguramiento del menaje que se encuentra en el interior de dicho inmueble, será improcedente conceder la suspensión definitiva. Lo anterior es así, toda vez que los bienes muebles son susceptibles de ocultación, lo cual implica que al conceder al quejoso la medida suspensional se corre el riesgo de que se desvanezcan las pruebas que se pretenden obtener con motivo de la investigación de los delitos y, en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente, de donde resulta una directa afectación al interés social y a las disposiciones del orden público, puesto que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que resulten responsables, dada la directa vinculación entre la probable actividad delictiva materia de esa indagatoria y el favorecimiento que para su ejecución reporta la existencia de bienes asegurados. En consecuencia, para que pueda otorgarse al quejoso la posesión del inmueble asegurado, la autoridad responsable debe tomar las medidas pertinentes por lo que se refiere a los bienes muebles, respecto de los cuales aquél no podrá disfrutar, al no proceder la concesión de la medida cautelar." Así como por identidad de razones la diversa tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021675 Instancia: Plenos de Circuito Décima época Materias(s): Común, penal Tesis: PC.I.P. J/66 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, febrero de 2020, tomo II, página 1791 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Naybi Ríos Sandoval, en su carácter de defensora particular de Sara Nava Cabrera respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación realizada a Rosa Isela Nabor Pineda, tercera interesada en el presente juicio y quejosa en el acumulado 161/2020, del auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión promovido por el quejoso Noel Betanzos Torres; en consecuencia, con el fin de evitar dilaciones innecesarias, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que notifiquen vía electrónica la resolución en comento a dicha parte procesal y este proveído, pues así fue autorizado en acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, haciéndole saber que la copia del escrito de agravios queda a su disposición en el área de actuaría de este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese y vía electrónica a Rosa Isela Nabor Pineda. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN SE PROCEDE A NOTIFICAR A ROSA ISELA NABOR PINEDA EN SU CATRÁCTER DE TERCERA INTERESADA EN EL JUICIO DE AMPARO 158/2020 Y PARTE QUEJOSA EN EL ACUMULADO 161/2022, POR LA VÍA ELECTRÓNICA EL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, HACIÉNDOLE SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECCIÓN DE ACTUARÍA COPIA DEL ESCRITO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL QUEJOSO NOEL BETANZOS TORRES. (ACUERDO A NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA) Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual refiere interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución definitiva dictada en autos; por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios; en consecuencia, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto a las partes, en su oportunidad, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, en los tres días siguientes el original del escrito, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 89 de la Ley de Amparo: Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con las constancias correspondientes y remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del escrito aludido, destinada para el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN adscrito a ese órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, al que se adjuntó archivo digital (oficio), signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Centuagésima Quinta Investigadora de UEIDMS en la ciudad de México; mediante el cual informa la imposibilidad que tiene de rendir el informe previo por el motivo que ahí expone. De lo anterior, y para efectos de evitar dilaciones procesales dentro de la presente incidencia, se hace del conocimiento a la autoridad oficiante que la parte quejosa presentó demanda de amparo recayendo el auto de uno de junio del año en curso, en el que se le formuló prevención relativo al auto que pretende señalar como acto reclamado, posteriormente, la parte quejosa incidentista presentó escrito aclaratorio con el que se tuvo por subsanada la citada prevención, de ahí que, este órgano de control constitucional tuvo a bien conocer del acto reclamado que se precisó el oficio 18468/2022, de seis de junio del presente año. Se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este juzgado federal, para efectos de que por medio del correo electrónico en que llegó el oficio de cuenta, se remita copia de lo aquí acordado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible resolver sobre la suspensión definitiva señalada para el día de hoy, toda vez que, a la fecha no obra el informe previo; en tales condiciones, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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