Sara María Vega Salas
Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara María Vega Salas
Actuaciones
- Principal
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 528/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de tres de octubre de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente asunto. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento por razón de turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, quien lo admitió y radicó bajo el número de amparo en revisión 103/2021; en sesión ordinaria virtual de quince de julio siguiente, el Pleno resolvió modificar la sentencia recurrida, en la que por una parte sobreseyó y, por otra, concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos y alcances siguientes: "[.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, procede conceder a la quejosa Eva Castellanos Sánchez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Fiscal de Distrito y Director de Tránsito y Vialidad responsables, procedan a restituir a la promovente en el goce de sus derechos humanos transgredidos, por lo que, deberán proveer de inmediato a fin de que en estricto cumplimiento al oficio UIPJ/DJ-XVII/F-XII/357/2020, de veinte de febrero de dos mil veinte, se le haga entrega del vehículo de su propiedad, Marca Pontiac, tipo Matiz, modelo 2006, serie KLM2MD61076C138832, Motor Hecho en Korea (sic) del Sur, placas de circulación MHU4015, particulares del Estado de Veracruz; sin perjuicio de que quien se considere con derecho, pueda reclamar en la vía y forma correspondientes los gastos de arrastre o almacenaje que legalmente procedan; aspecto este último sobre el que este Tribunal Colegiado no hace pronunciamiento alguno. [.]". En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 103/2021; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito declaró cumplida la ejecutoria que concedió el amparo a la quejosa. En contra de esta actuación judicial, la quejosa Eva Castellanos Sánchez interpuso recurso de inconformidad, el cual por razón de conocimiento previo, fue turnado al citado Tribunal de Alzada, quien por sesión ordinaria de tres de marzo de dos mil veintidós, declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplido el fallo constitucional y devolvió los autos del juicio de amparo indirecto 528/2020, enunciando lo siguiente: "Son fundados los anteriores motivos de disenso, porque es cierto que la ejecutoria de amparo emitida por este Tribunal en el amparo en revisión 103/2021 no se encuentra cumplida. En efecto, en el fallo amparador el Pleno de este Tribunal concedió la protección constitucional a la quejosa Eva Castellanos Sánchez, para que tanto el Fiscal de Distrito y el Director de Tránsito y Vialidad responsables, procedieran a restituir a la promovente en el goce de sus derechos humanos transgredidos, es decir, para que le hicieran entrega del vehículo de su propiedad, Marca Pontiac, tipo Matiz, modelo 2006, serie KLM2MD61076C138832, Motor Hecho en Corea del Sur, placas de circulación MHU4015, particulares del Estado de Veracruz; circunstancia que, como puntualmente lo alega la recurrente, hasta el momento no se ha concretado". En data seis de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar trámite al incidente de cumplimiento sustituto respecto de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, a fin de que la misma se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso; se dio vista a las partes por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que se les notificara el contenido del acuerdo de referencia, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la tramitación de dicho incidente y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Seguida la secuela procesal, por resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se declaró procedente el incidente de cumplimiento sustituto, en los términos siguientes: "[.] ÚNICO. Es procedente el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo; por tanto, deberá realizarse al quejoso el pago por concepto de daños y perjuicios por la cantidad de $ 36,200.00 (treinta y seis mil doscientos pesos, 00/100 moneda nacional). [.]" Mediante proveído de trece de junio de la presente anualidad, causó ejecutoria dicha resolución incidental; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz y 2. Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Veracruz, con residencia en la ciudad de mismo nombre. Seguidamente, mediante proveído de tres de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias correspondientes remitidas por las autoridades responsables. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, ya que por oficio número FD-XVII/776/2023, la 1. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, remitió el billete de depósito N970812 a nombre de la quejosa Eva Castellanos Sánchez, por el importe de $18,100.00 (dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.), en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Asimismo, por oficio 228/2023, el Encargado del Departamento Jurídico en representación del 2. Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Veracruz, remitió el billete de depósito N973242 por la cantidad de $18,100.00 (dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de daños y perjuicios en el incidente de cumplimiento sustituto. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dejó a disposición de la citada quejosa los billetes de depósito exhibidos por las autoridades responsables. Es así, que el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la quejosa Eva Castellanos Sánchez, compareció ante este juzgado, a fin de recibir los billetes de depósito puestos a su disposición; a lo que este órgano jurisdiccional procedió a la entrega de los billetes de depósito N970812 y N973242 por la cantidad de $18,100.00 (dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, debidamente endosados a nombre de la citada quejosa, la cual manifestó recibirlos a su entera satisfacción, y firmando para constancia de dicha entrega. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, en razón que cada una de las autoridades aquí responsables exhibieron un billete de depósito por la cantidad de $18,100.00 (dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así con lo ordenado en el incidente de cumplimiento sustituto, esto es, realizar a la quejosa el pago de $36,200.00 (treinta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N) por concepto de daños y perjuicios. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en data veintiséis de octubre y diez de noviembre de dos mil veinte (fojas 16 a 19 y 26 a 28 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada, y por lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. Inconforme con dicha resolución, el apoderado legal del ********************, en su carácter de moral tercera interesada interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien por ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés dictada dentro de los autos del toca ******************** de su índice, modificó los efectos de la sentencia recurrida, la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y los cuales se circunscriben a que el Juez responsable: "[.] 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el ******************** de su índice, a partir del acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el que se determinó realizar el emplazamiento a la parte demandada ******************** mediante edictos y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y su ejecución, es decir, la adjudicación del bien inmueble realizada en favor de la parte actora ********************, así como el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en el que el juez determinó que, se otorga escritura de adjudicación a favor de la parte actora ante la omisión de la parte demandada, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, ordene llevar a cabo el llamamiento a juicio del demandado ******************** como al efecto lo ordena la ley que rige el juicio especial hipotecario, en el domicilio ubicado en ********************. [.]" En esas condiciones, mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4119 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, por el cual remitió copia certificada del auto de misma fecha emitido en el ******************** de su índice. Del auto de referencia, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el Juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el ******************** a partir del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho en el que se ordenó emplazar por edictos al demandado, aquí quejoso ********************, así como todas las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia de once de diciembre de dos mil dieciocho y toda su sección de ejecución, lo que incluye la audiencia de remate y adjudicación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, así como el auto de dos de agosto del dos mil veintidós que ordena la escritura de adjudicación a favor de la parte actora, aquí tercera interesada ********************. En consecuencia, ordenó reponer el procedimiento, procediéndose a emplazar de nueva cuenta al demandado ********************, en el domicilio cito en ********************. Asimismo, por oficio 4251 de veintisiete de septiembre del año en curso, el juez natural remitió copia certificada del oficio 4120 dirigido al Notario Público número cincuenta y nueve de esta ciudad, mediante el cual hizo de su conocimiento lo anterior, esto es, que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio a partir del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, por tanto quedan insubsistente todas las actuaciones subsecuentes, incluyendo las de la sección de ejecución, entre ellas el auto de nueve de junio y dos de agosto, ambas de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó la firma de la escritura de adjudicación a favor de la actora. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos que se les indicaron en la ejecutoria de amparo; esto es, a fin de respetar las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de origen, el Juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo en el que determinó realizar el emplazamiento a la parte demandada mediante edictos, así como las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y su ejecución, ordenando reponer todo el procedimiento, procediendo a correr traslado con copia de la demanda y emplazar al quejoso (demandado en el juicio de origen) ********************, en el domicilio señalado como particular en su escrito de demanda de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 28 a 34 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda presentada en línea y autorizada con la firma electrónica de Sara María Vega Salas, en favor de Fausto Francisco Moreira Ibarra, nacional de la República del Ecuador, contra actos del 1. Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California, y otra autoridad; dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro de Gobierno y electrónica de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1060/2023. INCOMPETENCIA En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto el directo quejoso, Fausto Francisco Moreira Ibarra. Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto no queda a voluntad del peticionario de amparo, dejando en ella la opción de elegir ante qué Juzgado desea promover su demanda, sino que, como ya se dijo, la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la detención y/o la privación de la libertad que se realizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California, así como la deportación y/o expulsión, y la incomunicación a la que es sometida la parte quejosa. Por tanto, debe decirse que los aludidos actos reclamados tienen ejecución en Tijuana, Baja California, ya que la promovente de amparo refiere, bajo protesta de decir verdad que el directo quejoso tomó un vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Tijuana fue detenido y se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, la cual se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, reformado por Acuerdo General 6/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio, pues el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, es el órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados, por lo que se considera competente para conocer del escrito constitucional promovido por Sara María Vega Salas, en favor de Fausto Francisco Moreira Ibarra. Sirve de apoyo la tesis 1.15o.A.41 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Asimismo, apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." De igual forma sirve de apoyo la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACION ANALOGICA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO." En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: "XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana." Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, debiéndose remitir vía interconexión, mediante atento oficio y sin demora, la demanda de amparo que se atiende, incluso a través de la Oficina de Correspondencia Común, para el turno correspondiente, y para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo; ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Conforme a lo anterior, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Por su parte, el artículo 22 Constitucional, proscribe en su primer párrafo, las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la incomunicación y la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto el directo quejoso, Fausto Francisco Moreira Ibarra; por tanto, ya que dichos actos se ubican en el supuesto del artículo 126 de la Ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. En caso de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, dicha suspensión se concede para que la parte quejosa sea puesta en libertad, según las precisiones siguientes. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, para que el directo quejoso Fausto Francisco Moreira Ibarra, quede a disposición de éste Juzgado, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público competente, a fin de que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención haya sido ordenada por el Ministerio Público, para que el directo quejoso Fausto Francisco Moreira Ibarra, quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, y para que el detenido sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Asimismo, en el supuesto de que la privación de la libertad del directo quejoso emane de una eventual situación irregular en una estación migratoria, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración) que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá el EFECTO DE QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS TREINTA Y SEIS HORAS, A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO FUE INGRESADO AL CENTRO DE MIGRACIÓN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DECRETEN Y EJECUTEN A SU FAVOR SU INMEDIATA LIBERTAD; lo anterior, en atención a lo resuelto por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022. En la inteligencia de que, la indicada autoridad responsable, deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para que atiendan el desarrollo del procedimiento administrativo migratorio que al efecto se siga, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior, toda vez que, se precisa, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano los actos reclamados a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional; así, para el caso de que se encuentre bajo los efectos de un procedimiento administrativo, la suspensión no puede otorgarse para el efecto de que el quejoso deambule libremente en el País; puesto que, de conformidad con lo establecido por los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Lo anterior, en el entendido de que esta determinación puede ser modificada por el Juez de Distrito que conozca de la demanda de amparo, incluso fijar algún otro requisito. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, y el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación que es o puedan estar siendo objeto el directo quejoso, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal que pudiera afectar la integridad física o mental de Fausto Francisco Moreira Ibarra, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de Distrito, de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se siga en relación con el directo quejoso. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN. Dado que la deportación se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, transcrito, Y toda vez que en el caso se trata de actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, derivado de la detención que sufren el directo quejoso Fausto Francisco Moreira Ibarra, posiblemente en las instalaciones de la Estación del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, no sean deportados ni se lleven a cabo actos tendentes a deportarlos, y para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún otro acto que se encuentre prohibido por el artículo 22 Constitucional. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO VÍA EXHORTO En ese contexto, toda vez que, como se dijo, el directo quejoso, Fausto Francisco Moreira Ibarra, se encuentra detenido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuyo domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en los artículos 1, fracción VIII, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, utilizando la firma electrónica para tal efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva designar personal de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y/o en la Estación Migratoria de dicha ciudad, para que haga entrega de los oficios dirigidos a las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Representante del Instituto Nacional de Migración 2. Titular y/o Encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Así mismo, se faculta al juzgado exhortante para que, en caso de que varíen las denominaciones de las mencionadas autoridades responsables, sean entregadas a las autoridades con las denominaciones correctas. Con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita al juez exhortado habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia ordenada; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, dado que el propio sistema lo genera, peticionando atentamente, una vez cumplida la encomienda, lo devuelva a la brevedad posible. APERCIBIMIENTO En atención a lo anterior, prevéngase a la responsable, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al fedatario judicial de la adscripción del Juzgado exhortado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído; apercibidos que de no cumplir con ello, se les impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a su valor diario, en términos de lo previsto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de las personas que cuenten con nombres de usuario "HTG2563" y "SVS071122" registrados ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrán presentar escritos en línea; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correos electrónicos y números telefónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizada en términos amplios a Sara María Vega Salas, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. La anterior consideración, encuentra apoyo por su sentido y alcance, en la tesis número V.2o.64 C, publicada en la página 833, del Tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)". EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante ese mismo esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. HABILITACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo indirecto; en esas condiciones, instrúyase al Oficial Judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, y esté en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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