Sara María Vega Salas

Expediente 1053/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1053/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Sara María Vega Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido en línea signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que ACEPTÓ LA COMPETENCIA planteada por este órgano jurisdiccional, por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, así como el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto, al tratarse de cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso b) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que por proveído de once de octubre del año en curso, se tuvo al 1 y 2 Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, informando en relación a la suspensión de plano concedida en autos; y el dieciséis del mes pasado, se tuvo diligenciado el exhorto 460/2023-E/III/AADM, la cual se libró a efecto de notificar a las responsables la suspensión de plano concedida; de lo anterior, se reservó de proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera conocimiento de la aceptación o no de la competencia planteada en autos lo cual ya aconteció, por tanto, se hace del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto, y tenga a bien a proveer lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY en términos de lo dispuesto en los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, e informó de las constancias que integran el expediente. A continuación el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, la documental e instrumental de actuaciones. El Juez acuerda: Téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas recién relacionadas; y se ordena tener por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documental e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa, de conformidad con la fracción III del artículo 208 de la ley de la materia. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS en términos del precepto legal antes citado, la secretaria hace constar que la partes no los formularon, por lo que enseguida se declara cerrado el período de alegatos y con fundamento en la parte final del precepto legal antes citado, se da por concluida la presente audiencia, la que es firmada por quienes en ella intervinieron, y se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos para resolver los autos que integran el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, concedida en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 747/2022, promovido por Carolina Fernández Burch, Lilia del Carmen de la Medina Garelli, María Tress Capitaine, Jessica Fernández Burch, Margarita Mora Navarro, por propio derecho, así como Luz Patricia Juárez González en su carácter de representante de la sociedad VALEDUPAT INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V. y Ricardo Fernández Rivero en su carácter de representante de la sociedad ANDLOR, S.A DE C.V., en contra de las autoridades 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y otras autoridades responsables, por lo que procede a realizar en los siguientes términos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En la demanda de amparo que formuló Carolina Fernández Burch, Lilia del Carmen de la Medina Garelli, María Tress Capitaine, Jessica Fernández Burch, Margarita Mora Navarro, por su propio derecho, así como Luz Patricia Juárez González, en su carácter de representante legal de la sociedad VALEDUPAT INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V, y Ricardo Fernández Rivero, en su carácter de representante legal de la sociedad ANDLOR, S.A DE C.V., solicitó que se concediera la suspensión provisional y posteriormentela definitiva para con la finalidad de impedir los efectos consecuencias de las normas tildadas de inconstitucionales y los actos de aplicación, asimismo, se deje sin efecto la medida cautelar decretada mediante auto de seis de julio de dos mil veintidós en el que la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, impide la enajenación y la transmisión de la posesión de los inmuebles ubicados dentro de la Torre Arista 500 y que ordena al Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz se abstenga de inscribir cualquier acto registral; así como la orden verbal, escrita o de cualquier otra índole, previa o posterior a la medida decretada y ordenada al Registro Público antes citado por la aludida Tercera Sala en el sentido de la aludida abstención de registro; así también, para que las autoridades ejecutoras se abstengan de dar cumplimiento a la aludida medida cautelar y expidan los avisos preventivos e inscriban los instrumentos públicos. Lo anterior, respecto de los quejosos: Carolina Fernández Burch, en relación con el departamento 5E; Lilia del Carmen de la Medina Garelli, en relación con el departamento 12E; María Tress Capitaine, en relación con los departamentos 11B y 14B; Jessica Fernández Burch, en relación con el departamento 15E; Margarita Mora Navarro, en relación con los departamentos 2C y 3C; Luz Patricia Juárez González en su carácter de representante de la sociedad VALEDUPAT INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V. en relación con el departamento 3D, 3E y 4E; Ricardo Fernández Rivero en su carácter de representante de la sociedad ANDLOR, S.A DE C.V., en relación con los departamentos antes referidos, por ser quién fungió como vendedor de los mismos, y tener el carácter de tercero interesado en los autos del juico de origen. SEGUNDO. PRESENTACIÓN DE LA INCIDENCIA Y TRÁMITE.- Por escrito recibido vía electrónica el veintiocho de septiembre del año en cita, la representante común de la quejosa formuló incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; el cual en la misma data, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la citada incidencia planteada, se requirió a la autoridad responsable rindiera el informe respectivo y se fijo fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos y pruebas correspondientes. TERCERO. AUDIENCIA INCIDENTAL. La audiencia incidental, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es competente para conocer del presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 35, 107 y 207 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; porque el incidente de suspensión deriva de un juicio de amparo indirecto del índice de este juzgado federal. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL INCIDENTE PROPUESTO. El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva es oportuno. El artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. En la especie, el incidente por exceso o defecto fue presentado el veintiocho de septiembre del año que transcurre y en el expediente principal del cual deriva la presente incidencia aún no ha causado estado la sentencia que se emitió, toda vez que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Alzada para resolver el medio de impugnación interpuesto en autos. En consecuencia, el incidente es oportuno porque a la fecha se su presentación no había causado ejecutoria la sentencia emitida en el expediente principal. TERCERO. HECHOS. Mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictada poe este órgano jurisdiccional, por una parte negó y por la otra concedió la suspensión de definitiva solicitada en los términos siguientes: "..En ese sentido, como se adelantó, es procedente conceder la suspensión definitiva a los quejosos, para el efecto de que en relación a los departamentos propiedad de los quejosos en la Torre 500, ubicada en calle Mariano Arista 500, Colonia Faros, en Veracruz, Veracruz, el Registro Público de la Propiedad en el Estado, así como autoridades adscritas a la misma, les permitan realizar los movimientos registrales correspondientes para que puedan comprar y, en su caso, enajenar dichos inmuebles, puesto que conforme al nuevo marco normativo que impera a partir de las reformas constitucionales del seis de junio de dos mil once y de la entrada en vigor de la Ley de Amparo el tres de abril de dos mil trece, particularmente de lo dispuesto en sus artículos 138 y 147, es posible restituir provisionalmente a los afectados en el goce del derecho violado, siempre y cuando sea material y jurídicamente posible hacerlo, ello tras realizar el análisis de cada caso a la luz del principio de la apariencia del buen derecho, como en la especie acontece. Al respecto, los artículos 107, fracción X, párrafo primero de la Constitución Federal y 138 y 147 de la Ley de Amparo vigente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." De esa regulación se aprecia que, tratándose de la referida medida cautelar, se permite que opere sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho fundamental que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve la suspensión o el juicio de amparo, de modo que no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto reclamado se materialice, sino también mediante el restablecimiento en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, esto es, se admite la posibilidad de restablecer el derecho vulnerado con motivo de la suspensión, cuando siendo procedente ésta, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento, por lo que, actualmente, carece de relevancia considerar si el acto reclamado ya fue ejecutado o si se consumó, para efectos de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo determinante para conceder la medida, debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Además, cabe decir que la medida cautelar otorgada en el juicio contencioso no puede tener el alcance de paralizar los actos de transmisión patrimonial indicados, pues de ser así, implicaría repercutir en el derecho fundamental de la libertad de trabajo y propiedad, lo cual no es acorde con la teleología de la suspensión en el amparo, que en términos de los artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente, a fin de evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto. Más aún si se toma en cuenta que esos derechos están dotados de un interés social significativo, que en casos como el que aquí se analiza, deberán anteponerse al interés particular del actor en el juicio contencioso que pretende paralizar las transmisiones de propiedad, pues serían en todo caso las autoridades que dieron los correspondientes permisos para la edificación a quienes debe revisarse su actuación y determinar si existió una afectación ambiental y de seguridad que ahí se aduce, por lo que se itera con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por los quejosos no se afecta el interés social y el orden público. Por tanto, una vez realizado el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, resulta evidente que en relación con el de la suspensión definitiva del asunto de que se trata, asiste un derecho provisional a la parte quejosa que hace posible anticipar, con cierto grado de acierto, que podría obtener la protección federal que se busca, ya que el acto reclamado consistente básicamente en la restricción ordenada como medida cautelar en el juicio contencioso para que no se permita movimiento alguno en el Registro Público de la Propiedad en relación a los inmuebles propiedad de los quejosos no tiene una razón justificada que la motive, dado que no se advierte preliminarmente que la sola circunstancia apuntada sobre ello resulte apta con respecto al supuesto daño que se podría ocasionar a la población y al medio ambiente; entonces, como ya se dijo, una vez realizado el asomo provisional al fondo del asunto resulta ser coherente con la normativa que determina la verdadera naturaleza del acto y, por ende, sea posible conceder la suspensión en este momento procesal, con efectos de una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio. Por consiguiente, es claro que hasta el momento, no existe en el incidente de suspensión, prueba alguna que permita establecer que con el otorgamiento de la medida cautelar se pudiera causar perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público, bajo el estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en los términos que establecen los artículos 128, fracción II, 129 y 138, todos de la Ley de Amparo en vigor ni tampoco que se dejara sin materia al juicio de amparo, porque subsistirá el análisis de fondo con respecto al acuerdo reclamado que modificó la medida cautelar inicial decretada en el juicio contencioso y los preceptos impugnados ahí aplicados, por tanto, no se advierte que con el otorgamiento de la providencia precautoria que se otorga se afecte a la sociedad o se contravengan disposiciones de orden público, por lo que de momento, como se indicó, por ahora, debe prevalecer el interés particular de la parte quejosa, mediante la ponderación de su derecho humano afectado por el acto de autoridad, para que se le permita realizar los respectivos movimientos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, lo que no implica un menoscabo en la impartición de justicia que afecte el interés social o que contravengan disposiciones de orden público, pues se insiste, de acuerdo con las constancias que ahora se tienen al alcance, así como con lo que al efecto se manifestó, es permisible conceder la suspensión definitiva solicitada, pues conforme al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, atento a la naturaleza del acto reclamado en tal escenario, es jurídica y materialmente posible restablecerla provisionalmente en el goce de su derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión. Por tanto, en términos de los referidos numerales 128, fracción II y 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva que se solicita, para el efecto de que se suspendan los efectos del acuerdo de trámite dictado el seis de julio de dos mil veintidós por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, en el juicio de nulidad 1291/2021/3a-II, en el cual se ordenó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, se abstuviera de llevar a cabo actos de registro de inscripción inherentes a la citada Torre Arista, ubicada en calle Mariano Arista 500, Colonia Faros, en Veracruz, Veracruz, en relación a los inmuebles propiedad de los quejosos, así como en la parte relativa en la que se conminó a la persona moral denominada Andlor, Sociedad Anónima de Capital Variable, se abstuviera de llevar a cabo actos que implicaran la traslación de dominio, entrega o posesión de los inmuebles de referencia. Sin que sea óbice que la quejosa Jessica Fernández Burch no haya sido señalada en el acuerdo reclamado como parte afectada de la medida cautelar decretada en el juicio contencioso, pues en este se hace alusión a los inmuebles vendidos por la persona moral denominada Andlor, Sociedad Anónima de Capital Variable, que en todo caso es de quien compró aquélla el inmueble del que se dice agraviada con esa medida. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.A. J/58 A (10a.) , del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LICENCIA PARA REALIZAR UNA "CONSTRUCCIÓN VERTICAL". DE RESULTAR PROCEDENTE, SUS EFECTOS SÓLO DEBEN COMPRENDER LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y, EN SU CASO, QUE LA AUTORIDAD NO EXPIDA EL CERTIFICADO DE HABITABILIDAD, PERO NO DEBE EXTENDERSE A LAS AUTORIZACIONES DE ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO (PREVENTA Y COMPRAVENTA, ENTRE OTROS), NI SUS INSCRIPCIONES REGISTRALES. Cuando resulta procedente la medida cautelar en el amparo contra los efectos y consecuencias de la licencia expedida al tercero interesado para realizar una "construcción vertical" (acto reclamado en forma destacada), los efectos de la suspensión únicamente deberán comprender la paralización de esa construcción y, en su caso, que no se expidan los certificados de habitabilidad correspondientes; pero no podrán extenderse hacia los actos de transmisión patrimonial (preventas y compraventas, entre otros), relacionados con aquella edificación, pues éstos no afectan al solicitante de la suspensión, sino a los posibles interesados en adquirir el inmueble correspondiente. Estimar lo contrario, implicaría impedir a quienes se dedican a esas actividades, ejercer el derecho fundamental a la libertad de trabajo reconocido por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no es acorde con la teleología de la suspensión que, en términos de los artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 de la Ley de Amparo, consistente en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente, a fin de evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto; máxime si se toma en cuenta que ese derecho está dotado de un interés social significativo, que en casos como el tratado deberá anteponerse al interés particular de los quejosos-vecinos que pretenden paralizar las construcciones verticales. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que estos últimos están en condiciones de solicitar el registro de la demanda de amparo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 88/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS.". De igual manera, resulta improcedente otorgar la medida cautelar para el efecto de que no se realicen las inscripciones de esos actos traslativos de dominio, pues con ello se estarían invadiendo facultades de las autoridades registrales y catastrales, ya que por virtud de la suspensión, no se les puede impedir que lleven a cabo sus funciones, conforme a la legislación respectiva. Por último, a fin de imprimir mayor seguridad jurídica a este criterio y con el propósito paralelo de salvaguardar el equilibrio entre las partes, ante la existencia de un tercero interesado que pudiera resentir daños y perjuicios con la suspensión otorgada, en términos de los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, habrá de condicionarse la efectividad de la medida al otorgamiento de una garantía por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, cuyo monto será fijado por el juzgador de amparo con base en los elementos con que cuente para tal efecto." La medida así otorgada surte efectos desde luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 136, párrafo primero de la ley de la materia, sin necesidad de otorgar garantía, porque no se advierte que la concesión de la suspensión aquí decretada pudiera ocasionarle daños y perjuicios a algún tercero. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Carolina Fernández Burch, Lilia del Carmen de la Medina Garelli, María Tress Capitaine, Jessica Fernández Burch, Margarita Mora Navarro, Luz Patricia Juárez González Representante legal de la Sociedad VALEDUPAT INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V y Ricardo Fernández Rivero Representante Legal de la sociedad ANDLOR, S.A DE C.V., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de ésta resolución, por los motivos que ahí se exponen. SEGUNDO. Se CONCEDE a Carolina Fernández Burch, Lilia del Carmen de la Medina Garelli, María Tress Capitaine, Jessica Fernández Burch, Margarita Mora Navarro, Luz Patricia Juárez González Representante legal de la Sociedad VALEDUPAT INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V y Ricardo Fernández Rivero Representante Legal de la sociedad ANDLOR, S.A DE C.V., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a las autoridades citadas en el considerando quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando sexto..." Por consiguiente, mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, Carolina Fernández Burch, en su carácter de representante común de la parte quejosa denunció de manera sucinta, que el 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con sede en Veracruz, Veracruz, desde que entró la vigencia de la suspensión definitiva emitida el veintiuno de septiembre del dos mil veintidós, se han incumplido los lineamientos por los cuales se concedió la suspensión definitiva; y sí bien en el caso la autoridad responsable ha rectificado su actuar, esto es en razón de los requerimientos efectuados por parte de este Juzgado. Por lo que sostiene que es posible inferir que la responsable Violará sistemáticamente la medida suspensional concedida, cada vez que se le presente un trámite registral relacionado con la Torre Arista, hasta en tanto este Juzgado lo requiera de forma específica para su cumplimiento, lo cual constituye un desacato reiterado a la suspensión de mérito. CUARTO. INFORME. Mediante oficios sin número con registro 17204 signado por la responsable, informó que bajo a protesta de decir verdad, con relación a las ventas se inscribieron las escrituras de nueve de los diez departamentos de los que se solicitó informe a inicios del mes de septiembre, rindiéndose ad-cautelam de la siguiente manera: Departamento Propietario Estatus Registral 1 5E HH&ASOCIADOS PROMOTORA INMOBILIARIA S.DER.L. DE C.V. Inscrip 6010 secc I vol 301 25/07/2023 2 12E LIDIA DEL CARMEN DE LA MEDINA GARRELLI Inscrip 8160 secc I vol 408 de 2022 3 11B MARIA TRESS CAPITAINE Inscrip 8161 secc I vol 409 de 2022 4 14B MARIA TRESS CAPITAINE Inscrip 418 secc I vol 21 de 2022 5 15E VICTOR RAMON COVARRUBIAS SANTOS Inscrip 7257 secc I vol 363 de 2023 6 15D VICTOR RAMON COVARRUBIAS SANTOS Inscrip 7258 secc I vol 363 de 2023 7 3D MARGARITA MORA NAVARRO Inscrip 9439 secc I vol 472 de 2021 8 3D LUZ PATRICIA JUAREZ GONZALEZ Inscrip 1416 secc I vol 71 de 2022 9 3E LUZ PATRICIA JUAREZ GONZALEZ Inscrip 1416 secc I vol 71 de 2022 10 4E LUZ PATRICIA JUAREZ GONZALEZ Inscrip 1416 secc I vol 71 de 2022 11 2D MARGARITA MORA NAVARRO Inscrip 9439 secc I vol 472 de 2021 QUINTO. ANÁLISIS DEL INCIDENTE PLANTEADO. Los artículos 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, primer párrafo, 146 y 147 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado; La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." El artículo constitucional citado en primer término establece la posibilidad de suspender los actos reclamados cuando la naturaleza del acto lo permita, para lo cual se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La ley reglamentaria dispone que la suspensión surte efectos desde el momento en que se dicta la determinación relativa; que en la resolución que decida la suspensión definitiva se deben precisar de manera puntual los efectos de la medida cautelar, los cuales deben ser estrictamente cumplidos; finalmente, que el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En suma, dichos numerales establecen la obligatoriedad de las resoluciones en las que se conceda la suspensión de los actos reclamados y el deber de las autoridades responsables de acatarlas, pues en la fecha en que se dicta la resolución que concede la suspensión ésta surte inmediatos efectos paralizadores o restitutorios, que deben ser obedecidos por cualquier autoridad. De igual forma, la Ley de Amparo también prevé el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de las determinaciones cautelares en los siguientes preceptos, así como las sanciones que acarrea: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: (.) III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; (.)" Lo antes expuesto permite concluir que para determinar si existe defecto o incumplimiento de la suspensión, que amerite sanción para la autoridad responsable, deben reunirse tres requisitos: 1. Que se conceda la medida cautelar; 2. Que exista constancia de que se notificó la suspensión a las autoridades responsables; y, 3. Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva las autoridades la incumplan . El requisito identificado con el numeral uno se encuentra colmado, pues el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. El segundo de los requisitos también se acredita, pues se les notificó a las autoridades responsables la medida cautelar concedida, tal como se desprende de la constancia de notificación relativa, además de reconocerlo dichas autoridades en su informe rendido en esta incidencia. Ahora respecto, al tercero de los elementos se encuentra acreditado, pues la responsable, en efecto, no ha cumplido de forma puntual con la medida cautelar aquí concedida, como a continuación se explica. A fin de demostrar lo anterior, es necesario atender al sentido y alcance de la suspensión definitiva, por lo que se transcribe la parte conducente de la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, que a la letra dice: "para el efecto de que en relación a los departamentos propiedad de los quejosos en la Torre 500, ubicada en calle Mariano Arista 500, Colonia Faros, en Veracruz, Veracruz, el Registro Público de la Propiedad en el Estado, así como autoridades adscritas a la misma, les permitan realizar los movimientos registrales correspondientes para que puedan comprar y, en su caso, enajenar dichos inmuebles, puesto que conforme al nuevo marco normativo que impera a partir de las reformas constitucionales del seis de junio de dos mil once y de la entrada en vigor de la Ley de Amparo el tres de abril de dos mil trece, particularmente de lo dispuesto en sus artículos 138 y 147, es posible restituir provisionalmente a los afectados en el goce del derecho violado, siempre y cuando sea material y jurídicamente posible hacerlo, ello tras realizar el análisis de cada caso a la luz del principio de la apariencia del buen derecho.." Ahora, la parte quejosa manifestó que la autoridad responsable actuó en rebeldía, violando la suspensión definitiva concedida. Así, el suscrito estima que debe declararse fundado el incidente en estudio, con base a las siguientes consideraciones: La incidentista se duele que no se acata la suspensión definitiva, ya que con posterioridad a su concesión, el 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, no ha permitido realizar los trámites registrales relacionados con los inmuebles ubicados dentro de la Torre Arista- puesto que invoca que la suspensión a dejado de surtir efectos al existir sentencia pues él mismo resolvió sobreseer en el juicio. Lo anterior es así toda vez se advierte que respecto de las solicitudes de inscripción registral presentadas: 1).- El diecinueve de abril del dos mil veintitrés, relativa a la compraventa del departamento 5E de la Torre Arista 500, fue registrada hasta el veinticinco de julio del año en curso. Lo cual no se hizo sino hasta que este Juzgado Federal, emitiera los acuerdos de veintisiete de junio y trece de julio de esta anulaidad. 2).- El diez de agosto del año en curso, se solicitó la inscripción de las escrituras respecto a los departamentos 15D y 15E de la Torre Arista, siendo omiso nuevamente el 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz. Ahora bien, dentro de las documentales que remitió el Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, obran copias certificada de las inscripciones realizadas en atención a las solicitudes efectuadas por la quejosa (departamentos 5E, 12E, 11B, 14B, 15E, 15D, 3C, 3D, 3E, 4E, y 2D) mismas que se atendieron fuera de los parámetros establecidos por el Manual Especificó de Organización de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y de Archivo General de Notarías -esto es diez días hábiles-. Al respecto, la autoridad responsable indicó que ha cumplido con los efectos de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, pues aduce haber atendido las solicitudes registrales, toda vez que ha inscrito nueve de los diez departamentos que se le requirieron. Documentales públicas a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, por tratarse, en la especie, de documentos certificados de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones; a través de las cuales se corrobora lo manifestado por la autoridad responsable. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior y tomando en cuenta lo narrado por la parte quejosa en el escrito por el cual interpuso incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, medida cautelar que se le concedió para el efecto de que con relación a los departamentos propiedad de los quejosos en la Torre 500, ubicada en calle Mariano Arista 500, Colonia Faros, en Veracruz, Veracruz, el Registro Público de la Propiedad en el Estado, así como autoridades adscritas a la misma, les permitan realizar los movimientos registrales correspondientes para que puedan comprar y, en su caso, enajenar dichos inmuebles; lo anterior, hasta en tanto se notificara a las autoridades responsables la resolución que se pronuncie en el juicio principal de manera ejecutoriada. Luego, de las constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa, se duele de la actitud indolente de la autoridad responsable, lo anterior, porque actúa a consecuencia de los requerimientos efectuados por este Juzgado Federal y no ha acatado a cabalidad la medida cautelar concedida, para así cumplir con lo resuelto por este órgano jurisdiccional. Sin que sean óbice, las manifestaciones realizadas por la responsable al momento de rendir su informe respecto de la presente incidencia, en el sentido de que actualmente ha registrado con lo solicitado por parte de la justiciable. Lo anteriormente narrado, permite inferir que se acredita la conducta que se le reclama a la autoridad responsable, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo; y por ende, se declara FUNDADO el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. SEXTO. Efectos. En virtud de haberse declarado fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo: Se requiere al 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, para que en lo subsecuente cumpla con la suspensión definitiva en el término de veinticuatro horas, hasta en tanto, se le comunique la sentencia debidamente ejecutoriada que se emita en el juicio principal del que deriva la presente incidencia. Asimismo, se apercibe que de no hacerlo así, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por el delito que, según el caso, establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo, la tesis XXIII.3 K (10a.), autoría del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, localizable en la página 1245, Tomo II, Libro 25, Diciembre de Dos Mil Quince, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Es PROCEDENTE el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva planteado por la parte quejosa. SEGUNDO. Se declara FUNDADO el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.747/2022

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del 1. y 2. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido y en cumplimiento al requerimiento realizado por las misivas 30013 y 30014 de fecha cuatro de octubre de la presente anualidad, rinde su informe sobre la suspensión de plano concedida en este asunto. En esas condiciones y toda vez que de autos se advierte que el cuatro del mes y año en curso este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que le correspondió conocer de dicha demanda, se acordará lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de Abraham Isaac Lokier Feferman autorizado de la parte quejosa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, glósese al cuaderno de antecedente que se formó el veintiocho de septiembre del año que transcurre y provéase lo conducente. Ahora, en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista conferida en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, en atención a sus manifestaciones, dígasele que deberá estarse a los efectos de la suspensión de plano concedida en proveídos de veintitrés de enero y siete de febrero del año en curso, el cual es para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, toda vez que se actualizan los supuestos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de la omisión reclamada para el efecto de que se permita al quejoso RODRIGO ESTRADA ARÉVALO gozar de la prestación del servicio médico como beneficiario de MARÍA TERESITA ARÉVALO CONTRERAS, ya que los perjuicios que se le pudieran causar, por no recibirla durante el tiempo que se tramite el juicio de amparo, serían de difícil reparación, ya que se trata de proteger uno de los más elementales derechos humanos como lo es la salud, la cual debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos. Ello, siempre y cuando la quejosa MARÍA TERESITA ARÉVALO CONTRERAS sea derechohabiente y no exista prueba fehaciente de que el quejoso RODRIGO ESTRADA ARÉVALO no presenta la discapacidad alegada. Lo anterior, pues además les asiste la apariencia del buen derecho, en la medida que de las documentales exhibidas por la promovente se aprecia que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y que el quejoso presenta una discapacidad permanente derivada de un padecimiento de carácter psiquiátrico (lo cual los ubica en el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 84 de la Ley de Seguro Social); mientras que una de las autoridades responsables en el oficio No. 31 90 91 0100/3.3/1752, niega la afiliación solicitada sin una adecuada fundamentación y motivación que permita conocer a la parte quejosa (y a este juzgado) las razones que justifican tal negativa, puesto que se limita a indicar que existen dos requisitos para lograr la aludida a afiliación y que la parte quejosa no los reúne, sin indicar, en todo caso, porque pese a que a quejosa es asegurada y su hijo cuenta con una discapacidad no es posible generar la afiliación solicitada. (.) En el entendido que la atención médica y el suministro de medicamentos que se le proporcionen, deberán ser de forma inmediata y acorde al tratamiento de la enfermedad o padecimiento que se aduce aqueja a la parte promovente. (.)" De lo anterior se advierte que los efectos de la suspensión de plano no son para que el quejoso sea dado de alta o afiliado del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en todo caso ello será materia de la sentencia que se dicte en el presente asunto; empero, remítase con copia del escrito de cuenta, requiérase a las autoridades responsables 4. y 5. Titular del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 6. Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social y 8. Jefa del Departamento de Supervisión de Afiliación, Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de su legal notificación, informe lo procedente al escrito de cuenta. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá multa por el equivalente de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el disímil 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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