Sara María Vega Salas
Expediente 977/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara María Vega Salas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; atento a su contenido, se tiene informando que aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Sara María Vega Salas, en favor de 1. MOHAMED DADDE. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado por el suscrito mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, e informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes con el comunicado y documentales de cuenta, hasta en tanto la citada autoridad responsable remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del 1. y 2. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido y en cumplimiento al requerimiento realizado por las misivas 28825 y 28826 de fecha veintisiete de septiembre de la presente anualidad, rinde su informe sobre la suspensión de plano concedida en este asunto. En esas condiciones y toda vez que de autos se advierte que el veintisiete de septiembre del año en curso este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que le correspondió conocer de dicha demanda, se acordará lo procedente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 175/2023, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, el seis de marzo de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ENRIQUE DAGOBERTO ORTEGA PRIETO, en su carácter de representante legal de la empresa directo quejosa PETROQUÍMICA MEXICANA DE VINILO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados, y dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 96-100). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 112-119) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en términos del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. MARCO LEGAL Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de dicho artículo se desprenden tres hipótesis que determinan la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, a saber: a) Aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. c) Aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas. En cuanto a las dos primeras reglas de competencia aludidas, se considera que éstas exigen ejecución material, y se diferencian de la tercera, porque esta última no la requiere. En ese sentido, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la tesis de la entonces segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden de las documentales que se allegaron por las partes del presente juicio, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- Mediante oficio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el 1. Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, emitió la Orden de Inspección número 038/2023 del expediente PMAVER/DJ/EXP-026/2023/2023, mediante la cual, sustancialmente, ordenó verificar las instalaciones de la aquí quejosa, ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz, y facultó a los inspectores adscritos a dicha dependencia, a fin de imponer medidas de seguridad a la citada empresa impetrante de amparo. b) El trece de febrero de dos mil veintitrés los 2. Inspectores adscritos a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Veracruz, realizaron la visita de inspección a las instalaciones de la aquí quejosa, ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz, y durante la cual, impusieron la clausura temporal parcial de las citadas instalaciones. Hasta aquí la relatoría de antecedentes que conciernen al presente asunto. SUBSUNCIÓN De la demanda de amparo promovida por ENRIQUE DAGOBERTO ORTEGA PRIETO, en su carácter de representante legal de la empresa directo quejosa PETROQUÍMICA MEXICANA DE VINILO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se desprende que dicho quejoso reclama sustancialmente: La orden de inspección 038/2023 del expediente PMAVER/DJ/EXP-026/2023/2023, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el 1. Procurador Estatal responsable, en donde se faculta a los inspectores a imponer medidas de seguridad de los visitados. El acta de inspección sin número derivado del citado expediente, que se llevó a cabo el trece de febrero de dos mil veintitrés por los inspectores responsables, y La imposición de una medida de seguridad consistente en la clausura temporal parcial de las instalaciones de la quejosa, que se impuso durante el mismo desahogo de la citada diligencia de inspección. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Coatzacoalcos, atendiendo a las reglas de competencia establecidas en el marco legal de esta resolución. Ello es así, básicamente porque resulta ostensible que la orden de inspección aquí combatida tuvo ejecución material en la Ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, ya que es el lugar en el que se llevó a cabo la citada inspección el día trece de febrero de dos mil veintitrés, y durante la cual se impuso una medida de seguridad consistente en la clausura temporal parcial de las instalaciones de la quejosa. De ahí que si resulta patente que la orden de inspección aquí reclamada se ejecutó en un lugar distinto a aquel en el que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción territorial, esto es, se llevó a cabo en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; por tanto, conforme al Punto Cuarto, fracción X, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ejercen su jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, reformado a través del diverso Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, posteriormente, mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós, la competencia territorial para conocer del presente asunto, corresponde a los Juzgados de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por ser estos quienes ejercen jurisdicción dentro de la circunscripción territorial en que se encuentra inmersa la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Sin que pase inadvertido sendos criterios aislados de diversos órganos colegiados, como es el del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que es del contenido siguiente: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Lo anterior es así, pues la hipótesis argumentativa de la referida tesis concierne a la pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, así como otros que no la requieran; sin embargo en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la orden de Inspección que requiere de ser ejecutada y que, de hecho, se ejecutó en los términos que también fueron combatidos; de ahí la inaplicación, aun por analogía de razón, de criterios como el que se observa en la citada tesis. CONCLUSIÓN De lo anteriormente narrado, se puede concluir válidamente, como ya se dijo, que el acto reclamado se ejecutó en un lugar en el que este Juzgado de Distrito no ejerce su jurisdicción territorial, sino en uno diverso que corresponde al de Coatzacoalcos, Veracruz. En razón de lo anterior, de conformidad con el artículo 37, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con el Punto Cuarto, fracción X, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y sus modificatorios Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós; se declara la INCOMPETENCIA LEGAL POR RAZÓN DE TERRITORIO para resolver el presente asunto y se considera que resulta competente para hacerlo un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, en razón de que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo en su jurisdicción territorial. Por otra parte, se considera que en autos obran ya las constancias suficientes para dictar la sentencia correspondiente, pues corre agregado el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, por lo que podría resolverse sobre la constitucionalidad de este juicio, salvo algún motivo de improcedencia o sobreseimiento, una vez que se reciban los presentes autos por el juez de Distrito que resulte competente; empero, de considerar que son necesarias mayores constancias para la resolución del caso, estará en aptitud de requerir las que considere procedentes, pero en lo que respecta a este juzgador se ha determinado no posponer más el pronunciamiento de incompetencia aquí contenido. Adicionalmente, en cuanto a la facultad del juez competente receptor de los autos, prevista para validar la audiencia constitucional celebrada o no hacerlo, resulta orientadora la jurisprudencia 36/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." En mérito de lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, a fin de que, de estimarlo así, resuelva el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo respectivo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 37 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo promovido por ENRIQUE DAGOBERTO ORTEGA PRIETO, en su carácter de representante legal de la empresa directo quejosa PETROQUÍMICA MEXICANA DE VINILO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. SEGUNDO. Remítanse los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, para los efectos precisados en esta determinación. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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