Sara María Vega Salas

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Sara María Vega Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido en línea signado de manera electrónica por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene devolviendo DILIGENCIADO el exhorto 393/2023-E/I/AADM (número de orden 1588/2023) que se libró a efecto de que entregaran los oficios a las autoridades con residencia en el domicilio del juzgado exhortado. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico correspondiente. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esas condiciones y toda vez que de autos se advierte que el veinticinco del mes y año en curso este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que le correspondió conocer de dicha demanda, se acordará lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado electrónicamente por Carolina Fernández Burch, en su carácter de representante común de la parte quejosa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luisa Conesa Labastida, Diego González Altamirano, Alonso Castellanos Armella, Ricardo Juanes Laviada, Daniel Eduardo Torres Checa, Andrés Alcántara Silva, Tania Manzur Hasbun y Gabriel Rebolledo Montes, puesto que sí acreditan la calidad de licenciado en Derecho, al tener su respectiva cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por cuanto hace a Rodrigo Moreno Gómez, se le tiene únicamente como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema. De igual forma, se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 24 párrafo segundo de la ley de la materia, a las restantes personas que señala en su escrito de demanda, por así haberla designado expresamente. Con fundamento en los artículos 5, fracción I2, y 22, fracción I3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, notiamparo@cyma-mx.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES De igual forma, como lo solicita, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con los nombres de usuarios "Iconesa", "diegoga2258", "casteal", "ricardo.juanes", "dtorrescheca", "AndresASil", "tmanzrh", "ricardo.vs", "juanpablodrp", "sofiadelhierro" y "Valay", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, atento a su petición, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicaran por la vía electrónica con el nombre de usuario citado en el párrafo anterior. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, se admite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, con copia del citado escrito, requiérase a la autoridad responsable 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Décimo Séptima Zona Registral con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado sobre el cumplimiento dado a la suspensión concedida a la parte quejosa mediante resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, y ofrezca las pruebas que lo acrediten. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se establecerá la presunción de ser cierta la conducta que se le reclama, tal como lo previene la última parte de la fracción II, del artículo 208 de la Ley de Amparo. En el entendido que transcurrido dicho plazo con las pruebas que eventualmente ofrezcan las partes, se verificará la audiencia a que se refiere la citada fracción II del numeral aplicable, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo la siguiente tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda presentada en línea y autorizada con la firma electrónica de Sara María Vega Salas, en favor de 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, de nacionalidad Mauritania, contra actos del 1. Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California, y otra autoridad; dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro de Gobierno y electrónica de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto961/2023. INCOMPETENCIA En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto los directos quejosos, 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen. Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto no queda a voluntad del peticionario de amparo, dejando en ella la opción de elegir ante qué Juzgado desea promover su demanda, sino que, como ya se dijo, la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la detención y/o la privación de la libertad que se realizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California, así como la deportación y/o expulsión, y la incomunicación a la que es sometida la parte quejosa. Por tanto, debe decirse que los aludidos actos reclamados tienen ejecución en Tijuana, Baja California, ya que la promovente de amparo refiere, bajo protesta de decir verdad que los directos quejosos fueron detenidos y se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, la cual se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, reformado por Acuerdo General 6/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio, pues el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, es el órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados, por lo que se considera competente para conocer del escrito constitucional promovido por Sara María Vega Salas, en favor de 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen. Sirve de apoyo la tesis 1.15o.A.41 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Asimismo, apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." De igual forma sirve de apoyo la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACION ANALOGICA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO." En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: "XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana." Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, debiéndose remitir vía interconexión, mediante atento oficio y sin demora, la demanda de amparo que se atiende, incluso a través de la Oficina de Correspondencia Común, para el turno correspondiente, y para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo; ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Conforme a lo anterior, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Por su parte, el artículo 22 Constitucional, proscribe en su primer párrafo, las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la incomunicación y la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto los directos quejosos, 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen; por tanto, ya que dichos actos se ubican en el supuesto del artículo 126 de la Ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. En caso de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, dicha suspensión se concede para que la parte quejosa sea puesta en libertad, según las precisiones siguientes. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, para que los directos quejosos 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, queden a disposición de éste Juzgado, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público competente, a fin de que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención haya sido ordenada por el Ministerio Público, para que los directos quejosos, 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, queden a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, y para que el detenido sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Asimismo, en el supuesto de que la privación de la libertad de los directos quejosos emane de una eventual situación irregular en una estación migratoria, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración) que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá el EFECTO DE QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS TREINTA Y SEIS HORAS, A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO FUE INGRESADO AL CENTRO DE MIGRACIÓN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DECRETEN Y EJECUTEN A SU FAVOR SU INMEDIATA LIBERTAD; lo anterior, en atención a lo resuelto por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022. En la inteligencia de que, la indicada autoridad responsable, deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para que atiendan el desarrollo del procedimiento administrativo migratorio que al efecto se siga, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior, toda vez que, se precisa, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano los actos reclamados a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional; así, para el caso de que se encuentre bajo los efectos de un procedimiento administrativo, la suspensión no puede otorgarse para el efecto de que el quejoso deambule libremente en el País; puesto que, de conformidad con lo establecido por los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Lo anterior, en el entendido de que esta determinación puede ser modificada por el Juez de Distrito que conozca de la demanda de amparo, incluso fijar algún otro requisito. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, y el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación que es o puedan estar siendo objeto los directos quejosos, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal que pudiera afectar la integridad física o mental de 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de Distrito, de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se siga en relación con el directo quejoso. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN. Dado que la deportación se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, transcrito, y toda vez que en el caso se trata de actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, derivado de la detención que sufren los directos quejosos, 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, posiblemente en las instalaciones de la Estación del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, no sean deportados ni se lleven a cabo actos tendentes a deportarlos, y para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún otro acto que se encuentre prohibido por el artículo 22 Constitucional. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO VÍA EXHORTO En ese contexto, toda vez que, como se dijo, los directos quejosos, 1. Ely Oumar Mohamed Yahya, 2. Mohamed Mahmoud Hamady, 3. Mohamed El Hadj Mohamed y 4. Mohamed El Moukhtar Behah y 5. Sidi El Hacen, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuyo domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en los artículos 1, fracción VIII, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, utilizando la firma electrónica para tal efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva designar personal de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y/o en la Estación Migratoria de dicha ciudad, para que haga entrega de los oficios dirigidos a las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Representante del Instituto Nacional de Migración 2. Titular y/o Encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Así mismo, se faculta al juzgado exhortante para que, en caso de que varíen las denominaciones de las mencionadas autoridades responsables, sean entregadas a las autoridades con las denominaciones correctas. Con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita al juez exhortado habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia ordenada; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, dado que el propio sistema lo genera, peticionando atentamente, una vez cumplida la encomienda, lo devuelva a la brevedad posible. APERCIBIMIENTO En atención a lo anterior, prevéngase a la responsable, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al fedatario judicial de la adscripción del Juzgado exhortado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído; apercibidos que de no cumplir con ello, se les impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a su valor diario, en términos de lo previsto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de las personas que cuenten con nombres de usuario "HTG2563" y "SVS071122" registrados ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrán presentar escritos en línea; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correos electrónicos y números telefónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizada en términos amplios a Sara María Vega Salas, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. La anterior consideración, encuentra apoyo por su sentido y alcance, en la tesis número V.2o.64 C, publicada en la página 833, del Tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)". EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante ese mismo esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. HABILITACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo indirecto; en esas condiciones, instrúyase al Oficial Judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, y esté en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

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