Sara Guadalupe Olivera Juárez
Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sara Guadalupe Olivera Juárez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el cuatro de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Por otro lado, las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de las determinaciones judiciales de cuatro y once de octubre de dos mil veintidós, dictadas dentro del juicio de amparo 1141/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Oaxaca, con sede en este Municipio, el treinta de septiembre del año en curso, y turnada físicamente a este órgano jurisdiccional el tres de octubre en curso, que promueve *********, por derecho propio, contra actos del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1141/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". La quejosa ***señala como autoridades responsables ordenadoras al: Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa. Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa. De quienes reclama: ".De la primera AUTORIDAD en su calidad de ORDENADORA y EJECUTORA reclamo la orden escrita o verbal dictada para el despojo en mi contra, de los lotes marcados con el número 10 y 11 de la manzana 1, los cuales se localizan en el paraje denominado***, que se encuentra en la jurisdicción del Municipio de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca, la orden de destrucción de la cerca de postes en concreto y malla ciclónica y la toma de posesión de un cuarto que se encuentra en proceso de construcción, mismo que servirá como casa habitación. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, la ejecución material de dicha orden, así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de la misma y que se traducen en la privación total de mi propiedad a que hago referencia". Lo subrayado es propio. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si, en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que el gobernado reclame normas generales, actos u omisiones de autoridad, es decir, de entes dotados de la potestad de dictar, ordenar, ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, las cuales podrán realizarse por particulares siempre y cuando su actuar se encuentre supeditado a una norma general, es decir, que para ubicar a un particular en el concepto de autoridad responsable es necesario que aquél realice su actuar u omisión derivado de una norma general. Por ende, puede afirmarse que no todos los actos realizados por particulares pueden considerarse como actos de autoridad, ya que éstos constituyen sólo una excepción; es así, porque la procedencia del juicio de amparo contra particulares se circunscribe a actos en los que el particular colabore o auxilie con la administración pública, como pudiera ser la retención de impuestos, la prestación de servicios técnicos, etcétera. En el caso, el acto reclamado es atribuido al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa, en su carácter de ordenadoras, a quienes les atribuye la orden escrita o verbal para el despojo de los lotes marcados con los números diez y once de la manzana uno, ubicados en el paraje denominado ***, Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, así como la orden de destrucción de la cerca de postes y malla ciclónica, y toma de posesión de un cuarto que se encuentra en proceso de construcción en dicho predio. En tanto que, respecto a las autoridades que señala ejecutoras les reclama la ejecución de dichos actos. En ese sentido, el artículo 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, cuyas funciones estén determinadas por una norma general que, en la especie, no se surte tal hipótesis, pues, como se aprecia, en el caso, se está ante una controversia entre una persona que aduce tener en posesión de dos predios marcados con los números diez y once de la manzana uno, ubicados en el paraje denominado ***, Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca y un órgano de la comunidad como los son el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa, cuya relación no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, por lo que, en todo caso, corresponde a un Tribunal Agrario dirimir el conflicto. Al respecto, los artículos 21 fracción II, 32 y 33 de la Ley Agraria, establecen: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia". "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." En relación con los artículos anteriores, se invocan los criterios siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes". "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea". Los artículos y criterios transcritos revelan que los integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa, tienen facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirve; sin embargo, los actos que realicen, con motivo de la materialización de los acuerdos consensados serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a autoridad diversa, para ejecutar los actos de la Asamblea General o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. Se considera de esa forma, toda vez que el acto reclamado se ciñe a la orden dada por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Santa María Atzompa, para despojar a la quejosa de los lotes marcados con los números diez y once de la manzana uno, ubicados en el paraje denominado Los Tunalitos o Loma de la Virgen, Municipio de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca, así como la orden de destrucción dentro de la propiedad y toma de posesión la misma, no pueda ser considerada como una relación de supra a subordinación sino de coordinación formada por particulares. Al respecto se invoca el criterio siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Desechamiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Síndico y Policía Municipal, de Santa María Atzompa, dado que si la demanda de amparo es improcedente por lo que se refiere a las autoridades ordenadoras por mayoría de razón es también improcedente por lo que se refiere a las ejecutoras. Máxime que a los actos reclamados a las citadas ejecutoras no se impugna por vicios propios, sino su inconstitucionalidad depende de la legalidad o ilegalidad de la orden dada por las responsables ordenadoras. Por tanto, como la demanda de amparo es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los aludidos preceptos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DESECHA, DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas únicamente para tales efectos, así como para imponerse de los autos a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Se hace del conocimiento a la parte quejosa que puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), se le realicen las notificaciones vía electrónica y pueda presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se HABILITA, desde ahora, A LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. -----ACUERO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS------- "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de diez de octubre del año en curso, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado para notificar a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de octubre en curso. Por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria judicial adscrita, notificar a la quejosa ************, este proveído y el diverso de cuatro de octubre del año en curso, así como los subsecuentes que ameriten notificación personal, en el domicilio ubicado en ************ toda vez que el mismo, fue señalado por la quejosa como su domicilio particular en la demanda que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente a la quejosa ********* este acuerdo y el diverso de cuatro de octubre en curso, en el domicilio precisado anteriormente".
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