Sara Castellanos Carrasco

Expediente 1147/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1147/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
23/09/2015

Partes del expediente

  • Sara Castellanos Carrasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    mesa 2 a pral. 1147/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de septiembre de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa SARA CASTELLANOS CARRASCO, haya interpuesto recurso de revisión en contra del proveído dictado el treinta y uno de agosto último (fojas 27 a 29), en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)mesa 2 a pral. 1147/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos de los que se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados de las autoridades responsables. Las que negaron categóricamente la existencia del acto que respectivamente les reclama la quejosa SARA CASTELLANOS CARRASCO, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por el juez responsable y su ejecución por las restantes. Por tanto, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes justificados no se hayan agregado con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el siete de septiembre próximo, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (foja 6 vuelta); pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable, respecto de la orden de aprehensión, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictara en este asunto, sería el mismo. Ahora, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la ley de la materia), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que las responsables rinden su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO (foja 6 vuelta). Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    *PRAL. 1638/2014 MESA AMP. 6-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiséis de agosto de dos mil quince. Agréguese escrito del licenciado Lucio Alberto Escudero Contreras, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido; se provee: Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de quince días a que se refieren los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, a fin de que se interpusiera el recurso de inconformidad en contra del auto de fecha diecisiete de marzo del año en curso (fojas 106 y 107), en la que se declaró cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo (fojas 72-84); en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados, SE DECLARA FIRME dicha determinación, para todos los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    *INC. 782/2013 MESA AMP. 2-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiuno de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, atento a su contenido, se provee: Toda vez que mediante proveído de doce de agosto de dos mil trece (foja 107) se puso a disposición de la parte quejosa FLORINDA PÉREZ CRUZ o FLORINDA GENOVEVA PÉREZ CRUZ , el billete de depósito número de serie N-328872, exhibido por la citada quejosa, el cual se notificó por medio de lista de acuerdos el trece de agosto siguiente de esa anualidad (foja 107 vta.), surtiendo efectos el catorce y empezando a correr el plazo de dos años, el quince de ese mes y año (agosto de 2013), para que la quejosa pasara a recoger el billete de depósito número de serie N-328872, que ampara la cantidad de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) (foja 10); ahora, desde esta última fecha (15 de agosto de 2013) al día de hoy, han transcurrido más de dos años, sin que la parte quejosa haya realizado gestión alguna, de conformidad con el numeral 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; por ende, lo procedente es declarar, con fundamento en los artículos 45 y 48, primer párrafo, del citado ordenamiento, la PRESCRIPCIÓN de la referida garantía, aplicando su importe a favor del erario federal; en consecuencia, remítase el billete de depósito debidamente endosado para su cobro al Tesorero de la Federación, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el catorce de mayo de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación. CÚMPLASE.

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