Sara Gómez Martínez

Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
501/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Sara Gómez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. 2. Causa estado. 3. Archivo y anotaciones. 4. Valoración documental. 5. Temporalidad para destrucción de expediente. 6. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Al efecto, se acuerda: Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo. Causa estado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído en el que se desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Escrito signado por la quejosa... Documentos a disposición. Al efecto se acuerda: Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa...mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda y señala autorizados para recibirlos. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, dígasele a la parte quejosa que se dejan a su disposición los documentos que refiere en su escrito de cuenta, y se le tiene por autorizando para que los recojan a las apersonas que señala en el mismo, lo anterior, previa copia certificada y razón de recibo que se deje en autos. En la inteligencia que el horario de atención de este juzgado de Distrito es de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 501/2023-II-2. Análisis de demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la elaboración y ejecución de la boleta de infracción número 21128, en la que atribuyeron infracciones a la ahora quejosa ...con las multas contenidas en ella, así como la retención y desposesión de la placa XKP-929-A, de transporte privado nacional automóvil, matricula correspondiente a un vehículo Toledo, que aduce es de su propiedad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa en contra de los actos que reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Causa de improcedencia. Se dice lo anterior, pues como se advierte de la lectura integral de la demanda, el acto reclamado consiste en la emisión y cobro de infracción de tránsito, como consecuencia la multa impuesta y retención de placas de circulación XKP-929-A. A consideración de la suscrita jueza federal, en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan: El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en su artículo 7, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 7º. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos estatales y municipales de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a sus organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales estatales; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a los particulares que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan a la administración pública o al interés público; VIII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario estatal o municipal o a la Dirección de Pensiones del Estado; IX. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables señalen expresamente la competencia del Tribunal; X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante; así como las que en dicha materia se tramiten directamente ante el Tribunal. También, las que por vía de repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Segundo del Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí; XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, el Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos; XV. Las resoluciones de la Contraloría del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que impongansanciones administrativas no graves, en términos de la Ley Electoral del Estado; Asimismo, los artículos 3, 62 y 102, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, establece: "ARTICULO 3º. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dirimirá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, así como de los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, cuando dichos organismos actúen como autoridades, y conocerá además de las impugnaciones que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades mencionadas, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos. ARTICULO 62. La demanda se presentará por escrito ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del término señalado en esta Ley. Los particulares que residan fuera de la Capital del Estado o del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, o del en que exista otra Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán presentar su demanda por correo certificado con acuse de recibo, o en su caso por conducto de la Presidencia Municipal, o del Juez de primera instancia o menor de la Cabecera municipal de su residencia, los que actuarán en auxilio de las labores del Tribunal como meros receptores, y deberán, bajo su absoluta responsabilidad, remitirla a la Sala regional que corresponda dentro de los tres días hábiles siguientes a los de su recepción. ARTICULO 102. El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia, y tal medida cautelar, salvo lo dispuesto por el artículo 106 de la presente Ley, tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio evidente al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio." Ahora bien, de la recta interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio contencioso administrativo respecto de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades. Así también, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, la suscrita estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades municipales del Poder Ejecutivo del Estado, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, toda vez que en contra del acto reclamado por la quejosa, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, al ser la autoridad que lo emitió una autoridad perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, específicamente al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 102 a 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, procede la suspensión del acto, la que se acordará de manera inmediata a la presentación del escrito de demanda, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, requisitos que son los que también establecen los cuatro preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión de los actos que reclama la quejosa, de convenir a sus intereses, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acto reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se emitió y pretende ejecutar en agravio de la promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sin que se advierta de la lectura integral de la demanda que la quejosa alegue violaciones directas a la Constitución; y mucho menos se demostró que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho referencia se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, relacionados con los artículos 112 y 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de mérito. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a toda vez que no cuentan con el anterior requisito. Y como medios de contacto para establecer comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico especificados en su demanda. No ha lugar acceso a expediente electrónico. Sin que haya lugar a autorizar el acceso para la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, toda vez que no proporcionó el usuario con el cual pretende ingresar al mismo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ello, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de cuatro de octubre del año en curso que dice:Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 501/2023-II-2. Análisis de demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la elaboración y ejecución de la boleta de infracción número 21128, en la que atribuyeron infracciones a la ahora quejosa ...con las multas contenidas en ella, así como la retención y desposesión de la placa XKP-929-A, de transporte privado nacional automóvil, matricula correspondiente a un vehículo Toledo, que aduce es de su propiedad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa en contra de los actos que reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Causa de improcedencia. Se dice lo anterior, pues como se advierte de la lectura integral de la demanda, el acto reclamado consiste en la emisión y cobro de infracción de tránsito, como consecuencia la multa impuesta y retención de placas de circulación XKP-929-A. A consideración de la suscrita jueza federal, en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan: El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en su artículo 7, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 7º. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos estatales y municipales de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a sus organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales estatales; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a los particulares que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan a la administración pública o al interés público; VIII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario estatal o municipal o a la Dirección de Pensiones del Estado; IX. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables señalen expresamente la competencia del Tribunal; X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante; así como las que en dicha materia se tramiten directamente ante el Tribunal. También, las que por vía de repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Segundo del Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí; XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, el Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos; XV. Las resoluciones de la Contraloría del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que impongansanciones administrativas no graves, en términos de la Ley Electoral del Estado; Asimismo, los artículos 3, 62 y 102, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, establece: "ARTICULO 3º. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dirimirá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, así como de los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, cuando dichos organismos actúen como autoridades, y conocerá además de las impugnaciones que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades mencionadas, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos. ARTICULO 62. La demanda se presentará por escrito ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del término señalado en esta Ley. Los particulares que residan fuera de la Capital del Estado o del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, o del en que exista otra Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán presentar su demanda por correo certificado con acuse de recibo, o en su caso por conducto de la Presidencia Municipal, o del Juez de primera instancia o menor de la Cabecera municipal de su residencia, los que actuarán en auxilio de las labores del Tribunal como meros receptores, y deberán, bajo su absoluta responsabilidad, remitirla a la Sala regional que corresponda dentro de los tres días hábiles siguientes a los de su recepción. ARTICULO 102. El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia, y tal medida cautelar, salvo lo dispuesto por el artículo 106 de la presente Ley, tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio evidente al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio." Ahora bien, de la recta interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio contencioso administrativo respecto de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades. Así también, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, la suscrita estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades municipales del Poder Ejecutivo del Estado, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, toda vez que en contra del acto reclamado por la quejosa, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, al ser la autoridad que lo emitió una autoridad perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, específicamente al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 102 a 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, procede la suspensión del acto, la que se acordará de manera inmediata a la presentación del escrito de demanda, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, requisitos que son los que también establecen los cuatro preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión de los actos que reclama la quejosa, de convenir a sus intereses, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acto reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se emitió y pretende ejecutar en agravio de la promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sin que se advierta de la lectura integral de la demanda que la quejosa alegue violaciones directas a la Constitución; y mucho menos se demostró que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho referencia se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, relacionados con los artículos 112 y 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de mérito. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a toda vez que no cuentan con el anterior requisito. Y como medios de contacto para establecer comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico especificados en su demanda. No ha lugar acceso a expediente electrónico. Sin que haya lugar a autorizar el acceso para la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, toda vez que no proporcionó el usuario con el cual pretende ingresar al mismo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ello, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte promovente."

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