Sara Athalia Salas Rodríguez

Expediente 168/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
168/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Sara Athalia Salas Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 168/2019-II-F, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Se hace del conocimiento de las partes procesales que en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción de la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, como titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil diecinueve IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ************ contra actos del Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en esta ciudad y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 168/2019-II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo y sus anexos, de la que se advierte que la quejosa reclama el oficio ************ del índice de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad, en el que se requiere a ************ usuario de la cuenta 34563 a fin de que fuera presente en un término no mayor de tres días hábiles a fin de regularizar su situación con motivo de la imposición de una multa hasta por la cantidad de ************ derivada del acta circunstanciada de verificación de toma, cuenta ************ levantada el doce de marzo del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a la suspensión del mismo, pues arguye que ************ falleció el ocho de octubre de dos mil catorce, por lo que aduce, no es posible que la referida acta circunstanciada se haya entendido con éste, menos aún que cumpla con el requerimiento contenido en el oficio ************ ; de ahí que, considera se vulneran sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, dado que es la propietaria del negocio inspeccionado. Bien, en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; [.]" En efecto, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, para que la tutela de los derechos que se estimen transgredidos pueda acontecer, antes de acudir ante esta instancia constitucional, la parte quejosa debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Así, en observancia al principio de definitividad, el peticionario del amparo debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir ante los tribunales de la Federación. Ahora, en los artículos 2º del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y 7, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en vigor a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se dispone: "Artículo 2. Los procedimientos administrativos serán aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal centralizadas, y de los organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o el municipio presten de manera exclusiva; y a los contratos de derecho público que los particulares celebren con los mismos. El procedimiento contencioso en materia de impartición de la justicia administrativa será competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en términos de su respectiva ley orgánica." "Artículo 7º. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: [.]" I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; [.]" De los numerales transcritos se obtiene que los procedimientos administrativos contemplados en el Código Procesal Administrativo para el Estado, son aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal, lo que será competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en cuya Ley orgánica se prevé que conocerá, entre otros actos, de las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal y de los municipios del Estado, entre otros. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el invocado numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de que se trata, al actualizarse la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello, porque de la demanda que se plantea se advierte que el acto reclamado lo constituye el oficio ************ del índice de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad, mediante el cual se requiere a ************ a fin de que fuera presente a más tardar en un término no mayor de 03 días hábiles a fin de regularizar su situación, respecto al acuerdo de sanción por manipulación de medidor, derivado del acta circunstanciada de doce de marzo pasado, pues dicho acto puede ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo, en virtud del cual, está en posibilidad de obtener con su interposición la revocación del acto de que se duele. De ahí la improcedencia de la demanda de amparo que se plantea, toda vez que en contra del acto reclamado emitido por el Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en esta ciudad, la parte quejosa debió agotar de manera previa el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. No impide la anterior conclusión, que en el primer párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como una excepción al principio de definitividad, se prevé que cuando la ley que rige el acto reclamado exija mayores requisitos para suspenderlo que la Ley de Amparo no existe obligación de agotar el medio de defensa que corresponda, dado que dicha excepción no opera en el presente caso, pues conforme con lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código Procesal Administrativo para el Estado, al presentar la demanda o en cualquier momento del juicio antes de la citación para sentencia, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, siempre y cuando no se siga un perjuicio evidente al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio, debiendo el Tribunal resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento; además, que en los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá ésta si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, de no obtener sentencia favorable. Lo que pone de manifiesto que la ley en comento, no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los previstos en los artículos 128, 130, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pues en ambos juicios opera la suspensión del acto reclamado a petición de parte, en el momento en que así se solicite antes del dictado de la sentencia; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro juicio, que sí la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Por tanto, no hay evidencia de que en el Código Procesal Administrativo para el Estado, existan mayores requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar señalada, que los previstos en la ley de la materia. De igual forma, tampoco se advierte se actualice la diversa excepción prevista en el segundo párrafo del numeral en cita, toda vez que no se está en el supuesto de que el acto que aquí combate carezca de fundamentación, atento a que en la notificación de seis de mayo de dos mil diecinueve, que impugna la disidente, se advierte que su actuación se encuentra por escrito, fundamentada en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y la Ley de Cuotas y Tarifas para la prestación de los Servicios de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en esta ciudad, así como el motivo por el cual la autoridad responsable expidió el citatorio de mérito. Al respecto, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, Décima Época, materia común, página 895, con rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. ************ En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y procede, por ende, desechar de plano la demanda de que se trata por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, al licenciado Elías Emmanuel Palacios Figueroa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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