Sara Cristina Pineda Arizmendi

Expediente 1602/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1602/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Doctor en Derecho Carlos César Augusto Mercado Villaseñor, Notario Público Número 87 del Estado de México
  • Sara Cristina Pineda Arizmendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual, el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la ejecutoria emitida por ese Tribunal Colegiado, en los autos del amparo en revisión 157/2023, interpuesto por ** en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ** en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo en que se actúa, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE MARÍA DOLORES ARIZMENDI DÍAZ, a través de su ALBACEA SARA CRISTINA PINEDA ARIZMENDI contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Asimismo, devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa, así como diversas constancias que le fueron remitidas a efecto de poder substanciar el medio de impugnación en comento. En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección de la Justicia Federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a), toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo.. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su depuración y destrucción, respectivamente. Asimismo, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, las copias certificadas de todo lo actuado en el expediente ********************, tres cuadernos de incidentes de nulidad de forma, un cuaderno de antecedentes y los documentos exhibidos por las partes en tres sobres cerrados, que remitió a este Juzgado de Distrito como complemento a su informe justificado. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, de los que se advierte que el diez de marzo de dos mil veintitrés, ******************** en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En ese sentido, toda vez que el presente sumario se encuentra debidamente integrado, remítase el original del expediente en que se actúa, escrito electrónico de interposición del recurso, mismo que contiene la expresión de agravios y copia de éste para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, a fin de que substancie el medio de impugnación interpuesto. Finalmente, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de la adscripción, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comento, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, ******************** en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************, interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo, en la que la Justicia de la Unión no amparo ni protegió a la citada ********************. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la quejosa, asimismo, se ordena correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios que presenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el original del expediente en que se actúa, escrito de interposición del recurso, mismo que contiene la expresión de agravios, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento. Finalmente, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de la adscripción, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comentario, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera. Notifíquese.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1602/2022-V, promovido por ****, en contra de actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, ****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. La autoridad o autoridades responsables; Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; La sentencia interlocutoria de fecha siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 657/2022, radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, la cual me fue notificada el día diez del mismo mes y año. Acto reclamado que la promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse actos provenientes de autoridades jurisdiccionales del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: Sentencia interlocutoria de siete de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 657/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto reclamado en el presente juicio; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 657/2022 y anexos. Constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, al no haber causa de improcedencia alegada por las partes, o advertida de oficio por el suscrito, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio. Resultan inoperantes los conceptos de violación que hace valer la promovente del amparo, sin que pueda suplirse en su deficiencia, dado que no se actualiza para ello alguna de las hipótesis previstas en el numeral 79 de la Ley de Amparo, y por ende en su análisis opera el principio de estricto derecho. Cabe señalar que existen casos diversos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo; el primero, cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo infructuoso el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de amparo, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la justicia federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada; y el tercero, cuando existen argumentos que no fueron sometidos a consideración de la autoridad de instancia, pero se proponen ante el juez constitucional, adquiriendo el carácter de novedosos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I. 3o. A. J/22, publicada en la página 335, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Materia Administrativa, Octava Época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS. Existen dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo directo, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo inútil el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de garantías, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la justicia federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada. Debe hacerse la aclaración de que si dentro de los conceptos propuestos existiere alguno de carácter formal, como pudiera ser la falta de estudio de algunos puntos de la litis, sí es posible conceder el amparo para efectos de subsanar la violación formal de que se trate ya que este tipo de conceptos aun y cuando no se dirigen a los argumentos sustentadores del fallo, hacen notar vicios formales de la resolución reclamada." Con base en lo antes precisado, se obtiene que, en el presente caso, los conceptos de violación que plantea la ahora quejosa, devienen inoperantes por reiterativos y novedosos. En los argumentos expresados por la recurrente, en la manifestación derivada de la vista que se le concedió con motivo del recurso de revocación interpuesto por su contraparte, el cual dio origen a la resolución que motivó la interlocutoria impugnada, refirió que debía desecharse de plano el recurso intentando, ya que al no haber recurrido en tiempo el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, donde se tuvo al apoderado legal del *****, contestando la demanda, esa determinación constituía un "acto consentido", por lo que era claro que había precluído el derecho que tuvo su antagonista para hacerlo valer. Manifestaciones a las que el Juez responsable, al momento de resolver el recurso de revocación, determinó lo siguiente: "(.) No es obstáculo a lo anterior que la recurrente haya peticionado la exhibición de la garantía al momento en que dio contestación a la instaurada en su contra, que fue el día veinticuatro de agosto, y que lo volviera a peticionar en la promoción de veintiuno de septiembre, porque en la primera no le recayó acuerdo alguno, por ende, está en su derecho de exigir el otorgamiento de garantía suficiente ante la petición de la actora de inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, con independencia incluso de que se hubiese ya llevado a cabo la inscripción. (.)." Sin embargo, al formular sus conceptos de violación la ahora quejosa, refiere que los acuerdos emitidos el veintitrés de junio y veinticinco de agosto, ambos de dos mil veintidós, adquirieron firmeza legal, atendiendo a que no fueron combatidos oportunamente, a través del recurso de revocación; el cual, en realidad, resulta ser una reiteración de los argumentos expuestos ante la autoridad responsable. Circunstancias que, de suyo, lo torna inoperante, porque al reiterar los agravios planteados en la determinación hoy reclamada, es evidente que no ataca los razonamientos que sustentaron la misma, y en las cuales se basó la responsable para emitir el criterio jurídico que plasmó en la que hoy constituye el acto reclamado, pues no atacó las consideraciones y fundamentos que sirvieron al juez responsable para revocar el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, sobre la garantía que debía otorgar la parte actora para que garantizara los posibles daños y perjuicios, con la inscripción de la demanda ante el Instituto de la Función Registral. Resulta ilustrativa al respecto, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia II.3O.J/44, publicada en la página 40, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 63, Marzo de 1993, Novena Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes. Así como la jurisprudencia II.2O.C. J/11, publicada en el página 845, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Y, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia IV.3.A.J/4, publicada en la página 1138, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Misma suerte corre el argumento formulado por la ahora quejosa, en el sentido de que la inscripción preventiva de la demanda, es un acto procesal contenido en el Código Civil del Estado de México y en la Ley Registral para el Estado de México, y que en dichos ordenamientos no se condiciona esa inscripción a la exhibición de una garantía; pues dicho motivo de disenso no fue alegado ante el Juez responsable, en el desahogo de la vista del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintidós; y por ende si dicho argumento no estuvo al alcance de valoración de la responsable, en la presente instancia resulta inoperante por novedoso. Es aplicable lo anterior, la jurisprudencia VI.2O.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, página 1137, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." En las relatadas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Sara Cristina Pineda Arizmendi. SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, respecto del acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por lo motivos precisados en el diverso Sexto de la misma.

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