Santos Abdón Valencia Albarrán

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Santos Abdón Valencia Albarrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de siete de abril de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto:

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Santos Abdón Valencia Albarrán, desahoga la vista realizada en auto de veintiocho de marzo pasado, manifestando su conformidad respecto de la forma en que se ha dado cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de diez de febrero de este año, ya que manifiesta que se dejó sin efectos el acuerdo 145/2020 del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el oficio 110/F/B/7819/2020, eliminándolo de la lista de personas bloqueadas; asimismo, pide se le expidan copias certificadas a su costa en un tanto de la resolución antes indicada, autorizando para recogerlas a cualquiera de sus abogados patronos (sic). Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La determinación de suspender de forma inmediata de todo acto, operación o servicios presentes y futuros, por encontrarse en la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 145/2020 emitido por la responsable." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje sin efecto el Acuerdo 145/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, única y exclusivamente por lo que ve a la incorporación del aquí quejoso en la lista de personas bloqueadas, así como el oficio 110/F/B/7984/2020, de siete del mismo mes y año, girado por el Director de Área de la Unidad de Inteligencia Financiera y sus consecuencias." (Sic). Luego, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual lo registró como recurso de revisión 176/2021, en donde resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santos Abdón Valencia Albarrán, por propio derecho, contra el acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." (Sic). En ese sentido, se advirtió que dicho órgano colegiado, concedió el amparo al quejoso Santos Abdón Valencia Albarrán, para que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizara lo siguiente: Excluya al quejoso de la lista de personas bloqueadas, contenida en el acuerdo 145/2020, protección que se hace extensiva al oficio 110/F/B/7819/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte. Por tanto, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo resuelto en la mencionada ejecutoria se requirió a la autoridad responsable antes señalada para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Luego, el quince de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 110/F/B/2128/2022 (con anexo), mediante el cual el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió copia certificada del oficio 110/F/B/2127/2022 con folio SIARA UIFA/2022/000202; asimismo, informó que emitió el acuerdo 54/2022 por el que se eliminó a Santos Abdón Valencia Albarrán de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, excluyó al quejoso de la lista de personas bloqueadas, contenida en el acuerdo 145/2020. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídase a su costa la copia que pide, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal; asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en su escrito para recibirla. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que las recogerá, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; mediante el cual, el Director Contencioso y el Subdirector Contencioso, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, designan delegados, domicilio, correo electrónico; asimismo, desahogan el requerimiento realizado en acuerdo de quince de marzo del año en curso, es decir, informan el procedimiento para dar cumplimiento a una ejecutoria que tenga como efecto "levantar el aseguramiento de cuentas bancarias" y remiten pruebas, siendo estas: copia fiel y exacta del oficio número 110/F/B/2127/2022 con Folio SIARA UIFA/2022/000202, signado por la Unidad de Inteligencia Financiera y copia fiel y exacta de los oficios 214-4/14666854/2022 al 214-4/14667305/2022, signados por la Coordinadora de Atención de Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Atento a lo anterior, respecto de los delegados, domicilio, correo electrónico, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que del estado de autos se aprecia que similar información se acordó mediante proveído de siete de enero de dos mil veintiuno. Y, respecto al desahogó del requerimiento realizado en acuerdo de quince de marzo pasado, únicamente agréguese a los autos, sin emitir mayor pronunciamiento, dado lo acordado en auto de veintiocho del mes y año en curso.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de quince de marzo del año en curso, se requirió a las autoridades responsables con carácter de ejecutoras, para que informaran a este órgano jurisdiccional la forma en la que han dado cumplimiento a lo solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto del acuerdo 54/2022 por el que eliminó a Santos Abdon Valencia Albarran de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, dado que en el presente juicio, se sobreseyó respecto de la autoridad responsable ejecutora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio 110/F/B/2128/2022 (con anexo), remitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acordado en auto de quince de marzo pasado, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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