Sara Berenice De la Mora Pimienta

Expediente 4174/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4174/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Sara Berenice De la Mora Pimienta

Actuaciones

  1. Principal

    VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO 5758/2015, POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEIDO DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio 2004/2022, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual devuelve en un tomo los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y remite el original del expediente relativo al toca de amparo en revisión 436/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el cual obra glosada la ejecutoria emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión en materia administrativa 1/2018 del índice del Tribunal Colegiado oficiante. Sin que hay lugar a acusar el recibo correspondiente, en razón de que expresamente no se solicitó el mismo. Hágase del conocimiento de las partes que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el expediente relativo al toca de amparo en revisión 1/2018 de su índice formado con motivo del recurso de revisión administrativa que corresponde a la revisión principal 436/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, determinó: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos *****, por los motivos expuestos en el último considerado de esta ejecutoria. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida. Notifíquese;." Asimismo, dado que el Tribunal Colegiado oficiante, no envía copia del testimonio de la ejecutoria correspondiente, la cual se encuentra glosada en el toca relativo al amparo en revisión Materia Administrativa 1/2018 de su índice el cual deriva del toca del amparo en revisión 436/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por tanto, de conformidad con el punto nueve de la Circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de dicho fallo para dejarse agregada en el sumario constitucional en que se actúa. En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, lo anterior, comuníquese a las partes, para su conocimiento para los efectos legales conducentes; glósense al cuaderno principal en que se actúa únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión de referencia, dado que se trata de constancias que obran en original en el cuaderno principal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en la sentencia dictada en el sumario constitucional en que se actúa, y en la cual este juzgado federal resolvió que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, en la que en los puntos resolutivos se determinó lo siguiente: En el resolutivo primero se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades que en el mismo se precisan; en el segundo resolutivo la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, en relación con los actos que ahí se indican; y, en el tercer resolutivo, se determinó lo siguiente: "TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. NOTIFÍQUESE.." ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. Mientras que en el resolutivo tercero de la ejecutoria de referencia, este Juzgado Auxiliar, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de los actos reclamados consistentes en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para los efectos siguientes: "TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.]." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: JUICIO DE AMPARO QUEJOSO 722/2015 ***** 730/2015 ***** 5758/2015 ***** 7436/2015 ***** SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítasele copia de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá la citada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento que se le formula. JUICIO DE AMPARO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUEJOSO 722/2015 ***** 730/2015 ***** 5758/2015 ***** 7436/2015 ***** Por otra parte, remítase el expediente relativo al toca de amparo en revisión 436/2017 al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para los efectos legales conducentes; solicitándole el acuse de recibo respectivo. De igual modo, infórmese a la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, no obran las correspondientes a las cédulas del Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas en los juicios de amparo 730/2015, promovido por *****; y, 7436/2015, promovido por ***** acumulados al en que se actúa -722/2015-; sin embargo, se solicita a la autoridad responsable proceda a informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en relación con las mencionadas quejosas, ya que las cédulas del Registro Federal de Contribuyentes, obran en sus archivos respectivos, por tener la calidad de contribuyentes caso en el cual en esa dependencia se cuenta con los referidos datos. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, con la circunstancia de que por oficio SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en el que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz." NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa en el juicio de amparo 7473/2015, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en la que por un lado se sobreseyó y se negó el amparo y por el otro se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido, conviene destacar los puntos resolutivos de la sentencia terminada de engrosar el doce de agosto del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal son: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto y por los motivos expresados en el octavo considerando de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto, por los motivos expresados y para los efectos precisados en el considerando noveno." Del análisis del último considerando noveno de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(...) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa *****, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En ese sentido y visto el estado procesal de los autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente asunto, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a las quejosas en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma publicada el dieciocho de noviembre de dos mil quince. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remita copia certificada de las constancias que lo acredite: Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: QUEJOSA JUICIO DE AMPARO ***** Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSA RFC Asimismo, con fundamento en artículo 197 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a efecto que dentro del mismo plazo de tres días, informe de manera fundada y motivada a este órgano jurisdiccional, si para dar cumplimiento a lo anterior deben intervenir diversas autoridades en qué consiste y quiénes tendrán participación. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www.firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese; y en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de veintidós de julio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    EN ESTA MISMA FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: "Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de cuenta por medio de la cual José *******, perito oficial en materia de contabilidad propuesto en auxilio de este juzgado de distrito, manifiesta y ratifica su dictamen rendido y recibido ante este juzgado con el número de registro 9788, en tal virtud, se tiene al referido experto ratificando en todas y cada una de sus partes su dictamen en la especialidad indicada; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, dése vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal."NOTIFÍQUESE.

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