Santy Peraza Echeverría
Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2021
Partes del expediente
- Santy Peraza Echeverría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado de manera electrónica por ***********, quien remite vía electrónica el oficio de seis de octubre de dos mil veintiuno, de ************ quien se ostenta como apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y con el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en autos. Ahora bien, toda vez que se advierte que el oficio por el cual Juan Carlos Frías García, pretende desahogar el requerimiento formulado en autos, dado que manifiesta bajo protesta de decir verdad que la digitalización del instrumento notarial número *********, pasado ante la fe del Notario Público cuarenta y dos de la Ciudad de México de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, es copia íntegra e inalterable de su original, carece de la firma electrónica del mismo, por lo tanto no se externa su voluntad de para realizar lo que indica, ya que únicamente contienen la firma electrónica de *********; en tales condiciones, a efecto de no dejar a esa autoridad en estado de indefensión, se acuerda: El artículo 3 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por lo anterior, en aras de respetar los principios rectores del juicio de amparo y garantizar a las partes el acceso a la impartición de justicia para su debida defensa en el juicio -de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, con fundamento en el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone es numeral 2°, se requiere a Juan Carlos Frías García quien se ostenta como apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, si hace suyo el oficio de cuenta por el que pretende desahogar el requerimiento formulado en autos y que fue remitido vía electrónica por VALERIA STEPHANYE URQUIZA SORIA y si reconoce el contenido del mismo, ello en virtud de que Juan Carlos Frías García omitió ingresar su propia firma electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.) de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley." Se apercibe a ********** quien se ostenta como apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que para el caso de que no desahogue este requerimiento, en los términos y dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentado su oficio. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del original y copia del oficio de agravios formulados por la autoridad responsable que indica, el cual informa admitió a trámite con el número de recurso de queja 1061/2021 de su índice; de su contenido se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como lo solicita el Tribunal Colegiado oficiante remítasele vía interconexión copia digitalizada del auto impugnado, así como de las constancias de notificación relativas a las partes del trámite del recurso de queja citado y copia certificada de la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Aunado a lo anterior, comuníquesele que las copias certificadas relativas al presente incidente de suspensión fueron remitidas mediante oficio 117763/2021 de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado, en turno, para la sustanciación y resolución del diverso recurso de queja interpuesto por el Presidente de la República; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento a la solicitud que realiza la Superioridad y debido a que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, déjese a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, se instruye al Analista Jurídico a efecto de que realice los movimientos informáticos necesarios para que haga disponible el expediente electrónico de este juicio al Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo informado por las autoridades responsables, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si la referida ejecutoria se encuentra cumplida. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió el amparo a ********para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Director de Personal, ambos del CINVESTAV, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Por autos de doce de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional tuvo por recibidos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Director General; Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través de los cuales exhibieron las constancias con las que afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo; oficios y constancias con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga, sin que a la fecha haya manifestado nada al respecto no obstante estar debidamente notificada tal y consta de la constancia de notificación respectiva que obra agregada a los autos. Así las cosas, de las constancias exhibidas por las autoridades responsables Director General; Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se observan los siguientes documentos: 1. Copia de la Póliza Cheque número ********de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida a favor del quejoso, por concepto de devolución de las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal del impuesto sobre la renta. 2. Copia del acta circunstanciada de seis de septiembre de dos mil veintiuno de la cual se observa que el quejoso compareció a recibir la Póliza Cheque número *******de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida a su favor. 3 Oficio *******de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través del cual se informa que se ha dejado sin efectos la aplicación del artículo 6, fracción III, Segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, tomando en consideración los elementos anteriores, este juzgador considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Lo anterior, ya que los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que la autoridad responsable: 1.Deje insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 2 En caso de resultar procedente, devolver a la quejosa las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. 3 En su caso, reintegrarle como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. 4 Además dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Y de las constancias que allegó la autoridad responsable se advierte que efectivamente mediante oficio SRH/1553/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, informó la inaplicación del artículo 6, fracción III, Segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, a través de la exhibición de la copia de la Póliza Cheque número 609673 de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida a favor del quejoso y del acta circunstanciada de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se acredita, por una parte, la devolución de las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal por concepto del impuesto sobre la renta, en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Además, de la lectura del oficio SRH/1553/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se acredita que se dejan insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la actuación de la autoridad responsable se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la sentencia de amparo, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado en representación téngase por recibido el oficio signado por la Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en su carácter de Presidente del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual interponen recurso de queja contra el auto admisorio de ocho del presente mes y año; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Fiscal Ejecutivo Titular, copia del oficio de agravios y requiéraseles para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, remítase el original del oficio de expresión de agravios y copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para la resolución del citado medio de impugnación, incluidas el acuerdo recurrido y las constancias señaladas por las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado en representación de la autoridad responsable Secretario de Gobernación; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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