Sara Ahumada Islas
Expediente 333/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 52 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Sara Ahumada Islas
- S. A. R. A. y Otros.
- Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
- Sara Ahumada Islas y Otros.
- S. A. R. A.
- Jesús Ulises Ruiz Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Director de Amparo de la Fiscalía General de la República, mediante el cual devuelve los oficios 27966/2022, 18010/2022, y 20255/2022, los dos primero de treinta de agosto y el ultimo de veintiuno de junio, todos del presente año, dirigidos a la autoridad señalada como responsable Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, por los motivos que expone. Reenvío. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reenvíense los oficios antes mencionados, y comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad remita el mismo vía estafeta, cerciorándose por cualquier vía legal, de ser el domicilio actual y correcto de la autoridad a quien van dirigidos. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Mensajería devuelta. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la mensajería que devuelve Estafeta, de cuyo contenido se desprende que no fue posible realizar la entrega de los oficios 18010/2022 y 20255/2020, dirigidos a la autoridad señalada como responsable Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, por los motivos expuestos en la misma. Reenvío. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reenvíense el oficio antes mencionado, y comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad remita el mismo vía estafeta, cerciorándose por cualquier vía legal, de ser el domicilio actual y correcto de la autoridad a quien va dirigido. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en este juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No obran para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 333/2021; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, turnado ese mismo a este órgano jurisdiccional, Sara Ahumada Islas, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales 2) S.A.R.A. y 3) S.A.R.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III) AUTORIDADES RESPONSABLES: C. TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, con domicilio en. C. TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, con domicilio en. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA SUBDELEGACIÓN MEXICALI, con domicilio en. C. JUECES DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. C. FISCAL REGIONAL MEXICALI DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS DE LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA CON SEDE EN MEXICALI DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. COMANDANCIA DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA CON SEDE EN MEXICALI DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. COORDINACION DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL PATRIMONIO DE LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA CON SEDE EN MEXICALI DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. COORDINACION DE UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CAUSAS DE LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA CON SEDE EN MEXICALI DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR Y TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, SOCIEDAD, ESTADO Y JUSTICIA CON RESIDENCIA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, con domicilio en.. C. INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL, de esta ciudad de Mexicali, Baja California, como. C. COMANDANTE DE LA SEGUNDA COORDINACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SONORA Y BAJA CALIFORNIA SUR, con domicilio en. C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, de esta ciudad de Mexicali, Baja California, como. C. DIRECTOR DE LA GUARDIA ESTATAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN, con domicilio en. GUARDIA ESTATAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN, con domicilio. COMANDANTE CON SEDE EN MEXICALI DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA GESI, con domicilio." "ACTO RECLAMADO: IV) De las Autoridades responsables enumeradas en el capítulo anterior, la tortura psicológica, de la que estamos siendo objeto la suscrita y mi familia. De las autoridades responsables enumeradas en el capítulo anterior, el tormento psicológico, de la que estamos siendo objeto la suscrita y mi familia. La violación, vulneración, omisión y atropello de los derechos humanos y fundamentales contenidos en los artículos 1, párrafos primero a tercero y quinto, 4, párrafos noveno y undécimo, 8,11, 14 segundo párrafo, 16, 17, 20 Apartado C, Fracción IV y VI, 21 párrafo Noveno, 22 Primer párrafo, 35 Fracción V, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal, vigente a partir del 06 de octubre de 2011; así como los artículos 1, 2, 3.1, 4, 6, 9.2, 12, 13, 16, 19, 27, 27.1, 27.3, 37, inciso a), 39 y demás relativos y aplicables de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 1.1., 1.2., 8.1, 19 y demás relativos y aplicables de la convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, así como el artículo 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la Ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; también los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Fracciones II, V, VI, VII, VIII, XV, XVIII, 14, 15, 17, 18, 36, 39, 43, 46, 71, 73, 74, 82, 83 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; artículo 1, 2, 3, 5, 5.1 y 5.2., 7, 7.1 y 7.2., 8, 17, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 24, 25 y 29 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, este último, en relación con el principio pro persona, contenido en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre los artículos II, en relación con el principio pro persona, contenido en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XVII y XVIII, este último en relación con el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también los artículos 1, 6, 8, 9 y 24 de la misma Declaración; así como el artículo 3, 15 y 16 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la Ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; artículo 1, 2 y 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (.)". SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la demanda se radicó bajo el número 333/2021, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la tortura psicológica y tormento psicológico, así como de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se admitió a trámite. Luego, mediante proveídos de diecinueve y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables Comandancia de Zona de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California; Inspector General de la Policía Federal de esta ciudad de Mexicali, Baja California; y, Comandante de la Segunda Coordinación Territorial en el Estado de Baja California, Sonora y Baja California Sur, al hacerse efectivos apercibimientos decretados en los autos de veinticinco de marzo y diecinueve de abril, ambos de dos mil veintiuno. Substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, tienen ejecución material en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: i. Autoridades señaladas como responsables: Fiscal General de la República; Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; todas con sede en la Ciudad de México; Subdelegación en Mexicali, Baja California, de la Fiscalía General de la República; Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; Fiscal General del Estado de Baja California; Fiscal Regional de Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Agente del Ministerio Público Coordinador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Encargado del Sistema Mixto de la Fiscalía Regional Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia; Coordinadora de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Director de Seguridad Pública Municipal; Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación; y, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Mexicali, Baja California, todas con residencia en esta ciudad. ii. Actos reclamados: La tortura y tormento psicológico, así como de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente el acto reclamado que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas. Lo anterior sin perder de vista que, ante la negativa externada por dichas autoridades responsables, al rendir su respectivo informe en torno a los actos reclamados antes precisados, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos reclamados por la parte quejosa. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 268223 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXV, Tercera Parte, página 74 Tipo: Aislada PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades de mérito negaron la certeza de los actos en cuestión y la parte promovente no desvirtuó tal negativa ni acreditó su existencia con prueba alguna; resulta evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. Por lo demás, hay que mencionar que mediante proveídos de diecinueve y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables Comandancia de Zona de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California; Inspector General de la Policía Federal de esta ciudad de Mexicali, Baja California; y, Comandante de la Segunda Coordinación Territorial en el Estado de Baja California, Sonora y Baja California Sur; razón por la que es innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto. Sobre el particular, cabe citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 167784 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 111/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 52 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Decisión. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio respectivo. Por su aplicación, se invocan los criterios sustentados por la entonces integración del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenidos: "Registro digital: 232302 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 88 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Resta precisar respecto de los actos reclamados consistentes en la tortura y tomento psicológico, así como los actos prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aunado a que las autoridades responsables negaron dichos actos en los informes con justificación atinentes; incluso, analizada la totalidad de las constancias de los autos de este sumario constitucional, quien ahora resuelve estima que no existe indicio objetivo alguno para analizar el alegato vertido en torno a los actos en cuestión, ya que de las constancias que obran en los autos del presente contradictorio federal, no fue comprobado ni siquiera de forma indiciaria, que las autoridades señaladas en la demanda hubieran tenido acercamiento alguno con la parte quejosa; de ahí que aun tomando en consideración la inversión de la carga de la prueba sobre los actos en particular y el estándar atenuado para acreditar violaciones a la integridad personal, es evidente que en el caso concreto no existen bases razonables para tenerlos por acreditados. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes contenido y datos de localización: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos - bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." (Época: Décima Época, Registro: 2018533, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), Página: 256). Máxime, que en acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en realizar las diligencias relativas al Protocolo de Estambul. Habida cuenta, la parte quejosa no reciente un perjuicio a su esfera jurídica con la presente resolución, toda vez que los actos de tortura y tormento psicológico, así como de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por lo anterior, en acuerdo de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, a efecto de que procediera conforme a sus atribuciones legales a la investigación de los hechos denunciados por la parte quejosa, en términos de los criterios siguientes: "Registro digital: 2006483 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVH/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561 Tipo: Aislada TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." "Registro digital: 2018534 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CCCXXVII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 255 Tipo: Aislada ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Si una vez realizado el análisis sobre tortura como acto reclamado de manera destacada, el juez considera que existen elementos para conceder el amparo, deberá determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación y a los impactos que esa tortura haya tenido en distintos ámbitos. Un primer efecto sería, entre otras cuestiones, que la parte quejosa pueda tener acceso adecuado a un proceso justo, libre de intimidación, así como a la búsqueda de información necesaria para poder hacer frente a la justicia y a diversos actos procesales, judiciales, administrativos o ministeriales que pudiesen estar relacionados con el acto reclamado y servir como prueba en el caso que se le inicie un proceso o esté en curso. Además, los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ello. Independientemente de lo anterior, el juez debe dar vista al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente de delito." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sara Ahumada Islas, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales 2) S.A.R.A. y 3) S.A.R.A., por las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
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