Santos Emmanuel Reyes Rodriguez
Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2018
Partes del expediente
- Santos Emmanuel Reyes Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dos de febrero de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo promovida por ***********; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *********, NO ATENDIO EL CITATORIO DE SEIS DE FEBRERO CURSANTE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE DOS DEL MES Y AÑO EN CURSO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a dos de febrero de dos mil dieciocho. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *********; fórmese el expediente relativo y regístrese bajo el número 67/2018. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, pues en el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano jurisdiccional considera no se advierte que la Ley de Seguridad Interior, que el quejoso pretende impugnar, afecte su interés jurídico o legítimo, por las razones que a continuación se explican. Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática de la Constitución Federal con la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del quejoso; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio de la accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Así las cosas, y en estricto acatamiento de los criterios emitidos, debe establecerse de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Erik Javier Suárez García, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
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