Santos Merino García

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Santos Merino García

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: *** Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, mediante oficio 6290 recibido en este juzgado mediante acuerdo del quince de diciembre pasado, la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla -autoridad responsable-, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada por la Juez Décima Séptima Supernumeraria de lo Familiar del Estado de Puebla en el juicio de alimentos *** del índice de la responsable. Asimismo, emitió una nueva resolución en la que ordenó girar oficio a la moral denominada *** para que informara si el deudor alimentario en el juicio de origen *** terminó su relación laboral en atención a que cumplió con sus años de servicio y fue jubilado, o bien, si la liquidación fue efectuada por recisión de contrato laboral. Posteriormente, en proveído de diecinueve de enero del año en curso, se requirió a la responsable para que enviara copia certificada del oficio referido en el apartado que antecede, así como la constancias relativa a la remisión del oficio a la moral de mérito, lo cual realizó mediante oficio 316, recibido en auto de diecinueve de febrero del año en cita, en el que precisó que el catorce de enero de dos mil veintiuno, se giró nuevamente oficio a *** a fin de que rindiera el informe solicitado, comunicación que fue recibida por la citada moral el veinticinco de enero siguiente. Seguidos los trámites, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se declaró parcialmente cumplida la sentencia de amparo dictada en este asunto, toda vez que resultaba indispensable que *** informara si el deudor alimentario en el juicio de origen terminó su relación laboral en atención a que cumplió con sus años de servicio y fue jubilado, o bien, si la liquidación fue efectuada por recisión de contrato laboral. Atento a lo anterior, se requirió el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Posteriormente, el dieciséis de marzo del año en curso, la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió las constancias relativas a la respuesta de la moral *** en la que indicó que el referido deudor alimentario no renunció, sino que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete fue liquidado y se le descontó el veinticinco por ciento del monto total, cantidad que refirió haber transferido a la cuenta de la beneficiaria. Sin embargo, no se advirtió que precisara de manera clara el motivo por el cual *** fue liquidado, esto es, si la liquidación se debió a que terminó sus años de servicio -pensionado- o bien, si la liquidación aconteció antes de que tuviera derecho a la jubilación o pensión. Así, el trece de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio 1709 de cinco de abril de dos mil veintiuno emitido por el Gerente de Recursos Humanos de *** en el que se advirtió, en lo que interesa, lo siguiente: *** Finalmente, el veintidós de abril siguiente, la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada de la nueva determinación dictada en el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa en el juicio de alimentos *** en la cual tomó en consideración lo expuesto por la moral *** y, al respecto, resolvió lo siguiente. *** Cabe destacar que a las constancias remitidas por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En tales condiciones, queda evidenciado que la jueza responsable dejó insubsistente la resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte, mediante la cual se había resuelto el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa, dictado en el juicio de alimentos ***. Asimismo, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintiuno emitió una nueva determinación, en la que derivado de lo señalado por ***, determinó que la razón por la que el demandado en el juicio de origen había sido liquidado de su centro de trabajo, fue porque se había dado por concluido su vínculo laboral, derivado de una reestructura en las operaciones de la empresa. Por lo tanto, consideró que si al quejoso se le hubiera otorgado una pensionado por jubilación, únicamente se le tenía que retener el veinticinco por ciento de su liquidación; sin embargo, dado que quedó demostrado que su vínculo laboral con la empresa en comento terminó con motivo de una reestructura de operaciones, entonces se le debía retener el cincuenta por ciento de la señalada liquidación, dado que dejaría de percibir un ingreso concreto. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente -por lista- tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada.

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