Santiago Sanchez Muñoz

Expediente 1728/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1728/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Santiago Sanchez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su representación; rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados, solicita el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen por ese medio, y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Juicio en línea. En vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario Marielita23, correspondiente a ...; de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza para: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; B) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, ------------------C) Notificarse e las resoluciones en forma electrónica, que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.------------- No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, tercer párrafo, del aludido Acuerdo General y de acuerdo en lo previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se le informa que en caso de que este Juzgado de Distrito lo estime necesario o de existir una falla o la imposibilidad técnica de consultar el expediente electrónico, se ordenará que la notificación del proveído de que se trate se realice mediante oficio. Sin que sea factible realizar las notificaciones en el correo electrónico y número telefónico que señala, en virtud de que ello no está previsto en la Ley de Amparo ni en la normatividad del Consejo de la Judicatura Federal Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Se levanta reserva. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo concerniente a la prueba de inspección judicial que ofreció el autorizado de la parte quejosa, hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, lo cual ya ocurrió en esta data, por ello se levanta la reserva en comento y se provee al respecto. Desecha inspección judicial. Ahora bien, conforme a los artículos 119 y 120 y 121 de la Ley de Amparo, previo a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial y documental vía informe, se requiere que el oferente reúna elementos formales y materiales y la carencia de ellos generará procesalmente el desechamiento de las probanzas. Los elementos de valoración formales de las pruebas son los siguientes: a. Se ofrezcan a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. b. Se exhiban los interrogatorios para examinar a los testigos, el cuestionario para los peritos o los puntos sobre los que deba versar la inspección. c. Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y, d. Tratándose de la prueba testimonial únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. El elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos conforme a los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa, ofrece como prueba la inspección judicial en el sentido siguiente: ......... Con esta prueba pretendo probar que existe en el predio del quejoso, un poste de Luz, en servicio, y que afecta su posesión y propiedad y que le causa daños a esta, toda vez que fue instalado sin la autorización del quejoso, violando su garantía de posesión y propiedad. (sic) De la anterior transcripción de los puntos sobre los cuales versa la inspección judicial ofrecida por el autorizado de la parte quejosa, se advierte que dicho medio de convicción tiene por objeto acreditar, en esencia, la existencia de un poste de luz en el inmueble que aduce ser de su propiedad, su ubicación y descripción. En ese aspecto, debe decirse que no resulta procedente la admisión de dicho medio de convicción, toda vez que la primera pretensión de la parte quejosa es acreditar que existe un poste de luz en el inmueble que aduce ser de su propiedad -ubicado en la ... No obstante, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como del Dictamen Técnico que adjuntó a dicho informe, se acredita dicha cuestión, pues se evidencia la existencia de un poste de luz, en el referido inmueble. Por tanto, a ningún fin practico conduciría el desahogo de dicho medio de prueba pues no se trata de un hecho controvertido, puesto que la propia autoridad realizó manifestaciones que evidencian la existencia del poste de luz, toda vez que precisó que este fue construido en mil novecientos noventa y dos, que se encuentra dentro del inmueble que defiende el quejoso y que forma parte de la infraestructura eléctrica de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. Esta decisión encuentra su justificación desde el punto de vista del principio de idoneidad de la prueba, el cual dispone que todo medio de convicción debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común, que se admitieran y mandaran preparar pruebas, cuando se advierta que su desahogo no creará convicción alguna respecto de los hechos a probar. Por tanto, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por el autorizado de la parte quejosa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1728/2023-VII, ...................... Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable y actos, de conformidad con las consideraciones del capítulo IV de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se requiere cumplir con requerimiento. Visto el estado procesal de autos, se observa lo siguiente: Mediante auto de cuatro de octubre de esta anualidad, se tuvo por recibida la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 6/2023, en el que repuso el procedimiento de ejecución.****************************************Por lo anterior, se requirió a las autoridades, Presidente y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, para que realizaran las gestiones necesarias a efecto de que sea efectivamente entregado a la parte quejosa el pago correspondiente; además, se solicitó al Ayuntamiento del municipio de Chignahuapan, Puebla (incluyendo a todos sus integrantes presidente, regidores y síndico), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable y de las vinculadas, a fin de que les ordenara y conminara para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos.****************************************Igualmente, en el mismo auto, se requirió al Síndico municipal del referido Ayuntamiento de Chignahuapan para que proporcionara el domicilio fiscal y el registro federal de contribuyentes con homoclave de todos los integrantes del Ayuntamiento. En ese sentido, mediante el diverso proveído de cinco de octubre del año en curso, se requirió al tesorero municipal del Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, para que remitiera copia certificada de las constancias que acrediten las gestiones que se encuentra realizando para que se hagan los ajustes presupuestales correspondientes y así efectuar el pago total correspondiente a la parte quejosa, tomando en cuenta que debe detallar pormenorizadamente las gestiones y acciones que ha llevado a cabo para lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, sin que ninguna de las autoridades a la fecha en que se emite este acuerdo haya dado cumplimiento a los requerimientos formulados, a efecto de dar cumplimiento la ejecutoria de amparo y realizar las gestiones necesarias para que se realice el pago correspondiente a la parte quejosa Arturo García Osorio, puesto que se les notificó desde el dieciocho de octubre del año en curso, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. En ese contexto, se requiere a las referidas autoridades para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo requerido. Apercibimientos. Se apercibe a las autoridades requeridas: .......... Todas pertenecientes al Ayuntamiento del municipio de Chignahuapan, Puebla, que en caso de ser omisas, o bien, no informar la imposibilidad que tengan para cumplir con el presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa, en lo individual, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente por la cantidad de $******************** (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos moneda nacional), resultado de multiplicar cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.). Finalmente, se apercibe a ********************y a********************, en su carácter de presidente y tesorero municipal del Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, respectivamente, que de ser omisos al presente requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de agosto del año en curso y se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, es decir, por la cantidad de $******************** (********************). Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual atiende el requerimiento efectuado en proveído de trece de octubre del año en curso y solicita se gire oficio al Registrador Público de la Circunscripción Territorial de Cholula a efecto de que se registre la demanda de amparo del presente juicio en la partida número ********************; asimismo, solicita la suspensión provisional respecto de la ampliación de demanda, a efecto de que el Registrador Público de la Propiedad de Cholula, no realice ninguna anotación en la referida partida. Al respecto, en primer lugar, debe indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la anotación registral preventiva es una medida cautelar que puede fijar el Juez de Distrito dentro de los autos del juicio de amparo principal, a petición de parte, a fin de evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados. En ese sentido, la persona juzgadora, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias del caso concreto, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 67/2006, número de registro 175152, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." En ese sentido, se procede a analizar si en el caso concreto resulta procedente o no ordenar la inscripción de una anotación registral preventiva. Se recuerda que el acto reclamado consiste en todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********************, en específico, el auto del veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó requerir a los demandados o quienes se encontraran ocupando el inmueble ubicado en ********************, para que lo entregaran a la parte actora, pues de lo contrario se les lanzaría con auxilio de la fuerza pública. También se tiene como acto reclamado en la ampliación de demanda la diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de agosto de dos mil dieciocho; y, sus consecuencias, en dicho juicio ordinario civil de la referida responsable. Ahora, se aprecia que el quejoso, junto con su demanda de amparo, adjuntó dos instrumentos notariales que contienen los contratos de compraventa celebrados entre el quejoso y otra como compradores y, ******************** como vendedor respecto de una fracción que se segrega del terreno rustico denominado "********************", ubicado en San Antonio ********************, en Cholula, Puebla, a fin de acreditar que cuenta con la propiedad de éste. Por otra parte, la medida cautelar solicitada resulta apta para evitar que se defrauden derechos de terceros o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. Se afirma lo anterior, puesto que el quejoso aduce contar con un derecho de propiedad respecto del inmueble materia del juicio de origen, en virtud de contratos de compraventa que celebró, por lo que es factible que se publicite esa situación en caso de que terceros pretendan adquirir el inmueble. En consecuencia, es procedente la medida al satisfacerse los requisitos anteriores; no obstante, lo cierto es que la parte quejosa no acredita haber efectuado el pago de derechos correspondiente a la anotación preventiva y su cancelación posterior; por ende, una vez que acredite haber realizado el entero correspondiente a dichos conceptos, se ordenará la inscripción preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio. Cabe aclarar que la exigencia anterior únicamente podrá tenerse por satisfecha si el promovente demuestra haber realizado el pago de derechos de los dos rubros, es decir, de la anotación y también de su cancelación. De ese modo, una vez que acredite tal eventualidad, se ordenará la inscripción preventiva que solicita. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y 264 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, tramítese por separado respecto de la suspensión solicitada en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, respecto del acto que se tuvo por ampliado en auto del veinticinco de septiembre del año en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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